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Perú 2016: ¿una democracia bajo tutela autoritaria?

Perú celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales sin haber afianzado una institucionalidad democrática suficientemente robusta. La regresión hacia el autoritarismo fujimorista amenaza las precarias libertades. English

Aldo Macedo Huamán
3 June 2016
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Mujeres representando a víctimas de esterilización obligatoria durante el gobierno de Alberto Fujimori, protestan contra su hija, Keiko Fujimori, candidata presidencial, en el centro de Lima, Perú, el martes 31 de mayo 2016. (AP Photo /Maríin Mejía)

En el Perú se creyó estar muy cerca –en realidad, se estaba muy lejos– de acabar con un pasado siniestro representado por el fujimorismo cuando, gracias a la presión de la sociedad civil, el país viró hacia una institucionalidad democrática en el año 2000. Ocurrió después de que a sus ciudadanos se les impusiera un proyecto autoritario y corrupto, políticamente oscurantista, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)[1], y de que fuesen golpeados profundamente por la violencia de organizaciones terroristas (el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y de las fuerzas armadas, durante los años ochenta y noventa del siglo pasado.

Pero visto ese periodo en la distancia, el país no llevó a cabo el debate necesario sobre lo que significaba construir una sociedad incluyente, exigente y abierta. Hacerlo de verdad hubiera implicado sentar las bases de los procedimientos democráticos básicos para que una competencia justa y limpia en las lides electorales sea posible. Se trataba, también, de acometer el desafío fundamental que representa el afianzamiento del Estado de derecho. Por el contrario, ante la debilidad de la legalidad constitucional heredada y el abuso sistemático, persistieron abiertamente la pasividad institucional y las arbitrariedades de los poderes públicos/privados. Es más: se continuó gobernando bajo una Constitución nacida del fujimorismo, llevándose a cabo una componenda socio-política –la instrumentalización de la democracia para arraigar fines autoritarios a largo plazo– y económica –el neoliberalismo, con una vocación contraria a toda agenda social–, sin que tuviera lugar cuestionamiento alguno a sus premisas e implicaciones.

En una reflexión similar, la socióloga y política peruana Marisa Glave, argumenta:

“Para muchos, la recuperación de la democracia fue solamente recuperar los procedimientos democráticos, fue recuperar elecciones limpias: un Jurado Nacional y una ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales] que te garantice un mínimo de procedimientos. Pero, el montaje de lo que significaba el fujimorismo lo dejaron intacto… lo dejaron ahí. [Los presidentes surgidos después del gobierno de transición de Paniagua (2000-2001): Toledo, García, Humala] gobernaron con eso, gobernaron con su Constitución [la de 1993]. Es decir, esa Constitución que nació del golpe, esa Constitución que consagró las razones de fondo de las esterilizaciones forzadas, del despido masivo de los trabajadores, esa Constitución [ellos] la mantuvieron. Y se encargaron de manera sucesiva de decir que este país salía adelante porque tenía una Constitución neoliberal y porque ese modelo no había que tocarlo. Acuérdate que en el 2000 había un discusión sobre… ¡cuidado, no toquen el modelo!... que el modelo económico quede tal cual está, solamente hay que recuperar la institucionalidad democrática”[2].

Desmontar genuinamente ese proyecto siniestro y regresivo implicaba, en ese momento, una responsabilidad de mayor calado puesto que las libertades que, de verdad, se incorporan al sistema político no se salvaguardan por sí solas, ni basta con un apoyo discursivo, por más que sea inicialmente entusiasta.

En realidad, la fuerza de las inercias más disgregadoras, el conformismo, la incapacidad para asentar liderazgos y visiones que traduzcan los compromisos en proyectos activos, el deslizamiento de las élites –consideradas aliadas y progresistas– hacia posturas mezquinas, estrechas y particularistas; en fin, una gama de condiciones contrarias al cambio al que se aspiraba al principio, fueron dando al traste con ese inicio pujante, haciendo que ese momento de oportunidad pareciera poco más que un leve suspiro, un halo romántico y épico de la historia contemporánea del Perú.

Evidentemente, hay elementos para considerar que no todo fue negativo. Son reconocibles algunos logros y conquistas (pese a su carácter modesto). Entre otros, destacan los siguientes: las exigencias, esfuerzos y acciones que dieron lugar a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), las posteriores reformas que parcialmente se fueron concretando; la judicialización de casos relevantes y su consumación para algunos de ellos en sentencias condenatorias, tras investigaciones serias y bien documentadas; la reivindicación simbólica de las víctimas –por ejemplo, mediante las audiencias públicas–; y el trato reparatorio (aunque aún pendiente de materializarse) hacia ellas.

También fue fundamental haber hecho hincapié en el cultivo transgeneracional de una memoria política y legal sobre lo ocurrido en esos días aciagos. Pero no se entendió que internalizar esos factores críticos –que sólo una historización crítica podría proveer– no se da por generación espontánea: es necesaria una labor pedagógica sistemática que forje una verdadera cultura democrática entre la ciudadanía. Si a ello se agrega que el fujimorismo se habría revigorizado como sector político desde los años 2000, reinyectando activamente su discurso en la sociedad, fortaleciéndose y persistiendo organizativamente en segmentos importantes de la población que hoy respaldan a la candidata Keiko Fujimori –unido al colapso del sistema de partidos (ver las declaraciones del politólogo Steven Levitsky)[3]–, sin haberse desmarcado del régimen anterior o renovado como dicen falsamente haberlo hecho hoy, el resultado es un terreno propicio a una deriva autoritaria amenazante y preocupante.   

Pero no parece que, aun habiendo tomado conciencia de los tropiezos, amnesias y omisiones cometidas hasta llegar al momento actual, ahora sí se seguirá la dirección democrática correcta. Asumirlo sería, no sólo muy ambicioso e iluso, sino muy ingenuo y precario. Requerirá de una maduración institucional, cultural y civil más profunda.

No obstante, hay algo que, con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016, sí se puede asumir realistamente: y es que hay que intentar frenar o detener un proyecto que amenaza con subvertir la institucionalidad democrática que tanto costó recuperar (por precaria que resulte). Se trata de invertir la tendencia hacia un escenario liberticida y oscurantista –como el que hoy acecha– y abrir uno donde la conversación democrática se fundamente en un terreno pluralista, abierto y prometedor.


[1] Expresidente del Perú, quien actualmente está encarcelado cumpliendo una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

[2] Fernando Vílchez, Su nombre es Fujimori, Documental. 2016. <www.youtube.com/watch?v=LP9BOY0wYqA>

[3] En BBC Mundo-Redacción, “¿Por qué el fujimorismo sigue teniendo fuerza en algunos sectores de Perú?”. <www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160318_peru_elecciones_fujimorismo_ep> También se puede consultar: Camilo Toledo, “No es difícil derrotar a Keiko, pero PPK es muy mal candidato” (Entrevista a Steven Levitsky). 2016. <dw.com/p/1IwTV>

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