La retórica que rechaza los derechos humanos, y en particular a las organizaciones y los activistas de derechos humanos, ha ganado terreno con rapidez en Brasil durante los últimos años.
A lo largo de 2016, durante el controvertido juicio político de la presidenta Dilma Rousseff —una exprisionera política torturada durante la dictadura (1964-1985) y la primera mujer elegida presidenta de Brasil— este discurso contra los derechos humanos comenzó a crecer de manera más notoria. Por ejemplo, cuando el exdiputado Jair Bolsonaro emitió su voto a favor de la destitución de Rousseff, lo dedicó a Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien fue directamente responsable por su tortura y el primer oficial del ejército brasileño condenado por esta práctica.
Después de que Rousseff fue destituida y Michel Temer, el vicepresidente, asumió el cargo de presidente, Bolsonaro emprendió una campaña presidencial que rendiría frutos tres años después. Una característica clave de su retórica de campaña y de sus primeros meses en el cargo fue la aceptación, el apoyo y el compromiso con las políticas y expresiones que rechazaban y ridiculizaban abiertamente los derechos humanos. Por primera vez desde que la Constitución brasileña de 1988 restableció la democracia, el país tiene un presidente que coloca los valores “anti derechos humanos” en el discurso oficial.
En este polémico contexto, Conectas y el Centro de Estudios de Administración Pública y Gobierno (CEAPG) llevaron a cabo un proyecto llamado “Investigación conductual sobre donantes de altos ingresos” (PCDAR, por sus siglas en portugués) durante la campaña presidencial de 2018. Fue una iniciativa conjunta del CEAPG de la Fundação Getulio Vargas (FGV) y Conectas Direitos Humanos, financiada por Fundo BIS y GVPesquisa. (Los resultados completos de la PCDAR están disponibles aquí).
La PCDAR fue una investigación exploratoria de métodos mixtos sobre el perfil sociodemográfico y de comportamiento de la población de altos ingresos de Brasil. Se centró en sus hábitos, prácticas y percepciones sobre las donaciones en general y las donaciones a organizaciones de derechos humanos en particular. La población estuvo compuesta por individuos de altos ingresos, medidos por ingreso mensual promedio de 30 mil reales (alrededor de 8000 USD), lo que corresponde al 1 % de la población económicamente activa de Brasil (más o menos un millón de personas).
El proyecto utilizó bases de datos públicas y secundarias y llevó a cabo grupos de discusión y una encuesta con 348 personas de altos ingresos. Aunque no es estadísticamente representativa, la muestra ayuda a identificar patrones clave y las diferentes características de lo fenómeno de interese, así como áreas para futuras investigaciones.
Uno de los hallazgos más interesantes del proyecto PCDAR es que la desaprobación de los “derechos humanos” y, como consecuencia, de las donaciones a las organizaciones que los defienden, no es tan fuerte como podrían sugerir las circunstancias (y la percepción de los recaudadores de fondos y los actores de derechos humanos), al menos entre las personas de altos ingresos.
Si bien, en general, esta población se muestra escéptica sobre los derechos humanos, su opinión parece estar motivada por ideas preconcebidas o mal informadas y una falta general de conocimiento sobre los derechos humanos y las organizaciones que los defienden. Cabe destacar que, en nuestro estudio, los participantes no mencionaron los “derechos humanos” como una causa que afecta sus vidas, apesar de que expresaron su preocupación sobre una amplia gama de temas, como la falta de vivienda, la seguridad, los problemas de las mujeres, el menosprecio empresarial de los derechos, los refugiados y otros temas más; indicando una falta general de conocimiento sobre los derechos humanos.
No obstante, algunas de las personas que participaron en el grupo de discusión tenían ideas preconcebidas negativas, como una que sostuvo la postura propria del senso común en Brasil de que las organizaciones de derechos humanos “protegen a quienes no merecen protección”.
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