
Un anciano poniendo una bandera blanca en su sombrero durante un concierto por la paz en Carmen de Bolívar. 25 septiembre, 2016. AP Foto/Fernando Vergara. Todos los derechos reservados.
El conflicto armado de Colombia, el más largo de la reciente historia global, dejó más de 220.000 personas muertas y alrededor de 6,7 millones de desplazados dentro de la región. Un cese al fuego acordado el 29 de agosto de 2016 había formalizado el final de los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y las FARC (conocido formalmente como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y de todas las hostilidades contra la población civil. Después de décadas de una violencia brutal y varios procesos de paz fallidos, esto fue una razón suficiente para celebrar. La firma oficial del Acuerdo de Paz hoy en presencia de 2.500 invitados de Colombia y el exterior, incluyendo a 15 jefes de Estado, además de representantes de organizaciones internacionales, sugiere la seriedad de los dos actores principales en lo que a la paz se refiere.
¿Quiénes son los jugadores en el panorama de la seguridad en Colombia?
Los retos para la paz continúan. No es menos importante la forma en la que se votará el próximo 2 de octubre, cuando los colombianos decidirán si aceptan el acuerdo de paz, sino que la estabilidad a largo plazo en el país dependerá de diversos jugadores:
Las FARC - La semana pasada, llevó a cabo su 10ª Conferencia, en la cual sus altos mandos aprobaron el acuerdo, allanando el camino para disolverse como grupo armado y convertirse en un movimiento político. A pesar de que rebeldes de las FARC ya se han trasladado para "pre-concentrarse", el proceso de desmovilización oficial que tendrá una duración de 180 días, todavía no ha empezado. Ciertamente, el "Día D", en el cual la desmovilización inicia, sólo será después del plebiscito del domingo. Sin embargo, eso podría tomar más tiempo: toda vez que un tema controversial que se ha discutido en la conferencia de las FARC fue la Ley de Amnistía que todavía tiene que ser aprobada en el Congreso. Esta decisión sólo puede tomarse en las próximas semanas y puede retrasar el "Día D" aún más. Por otra parte, los miembros del frente 1 de las FARC siguen estando reacios a desmovilizarse, y otros pueden seguir el grupo disidente.
Otros grupos violentos no-estatales - Las FARC son el grupo más grande no estatal armado en Colombia - pero no el único. Uno de los peligros es que la desmovilización de este organismo tenga un "efecto globo" en los sitios donde operan otras guerrillas, entre ellos el ELN, la segunda más grande de Colombia, asimismo numerosos grupos de derecha y bandas criminales. En este caso, si el Estado no establece su presencia rápidamente, estos pueden trasladarse a las regiones en los que tenía presencia las FARC y asumir el poder. De igual forma, pueden reclutar combatientes desmovilizados o forjar alianzas con organizaciones emergentes en áreas que ya controlan.
El mundo estará pendiente de las 22 zonas de normalización y seis campamentos repartidos por todo el país - en los territorios donde se supone que las FARC se desmovilizarán y depondrán las armas. Mientras tanto, las otras regiones recibirán menos atención, a pesar de que los actores armados continuarán operando allí. Como se discutió en the Monkey Cage, el Estado históricamente ha abandonado muchas de estas áreas – las cuales pasaron a ser lugares estratégicos para el desarrollo del crimen organizado transnacional, especialmente el Narcotráfico. Un ejemplo de ello es el caso del desierto en el norte de la frontera entre Colombia y Venezuela, que constituye una tierra de nadie para la mayoría de los colombianos y extranjeros. Sin embargo, este abandono del Estado volvió actividades ilícitas en una fuente legítima de ingresos y atrajo a muchos empresarios de la violencia.
De igual manera en el sur del país, grupos armados ejercen un fuerte control social sobre grandes extensiones de tierra, impidiendo el intercambio de información, incluso sobre violaciones de Derechos Humanos, obstaculizando además que las personas salgan de la región. Allí, la guerra ha confinado, en lugar de desplazar a los ciudadanos. Los ex combatientes de las FARC y otros grupos pueden moverse fácilmente a los territorios y "gobernarlos" así como participar en negocios ilícitos.
Las Fuerzas Armadas de Colombia - tendrán que proteger a los Ex integrantes de las FARC en las zonas de normalización y campamentos, además de seguir las operaciones militares contra el ELN y otros grupos violentos al margen de la ley. Es preciso tener en cuenta, que dichas zonas dejarán de existir después de 180 días, y las líneas entre ex miembros de las FARC y otros grupos pueden llegar a ser cada vez más borrosas. Después de décadas luchando contra el "enemigo", las Fuerzas Armadas pueden estar renuentes a permitir que los excombatientes se retiren y vivan sus vidas. Asimismo, es menester resaltar que las FARC han estado colaborando con otros grupos armados, los cuales siguen siendo objetivo de operaciones militares.
Las FFAA también tienen un papel crucial en proveer a las zonas marginadas con infraestructura y servicios básicos, pero si esto es para mejorar de verdad el desarrollo sostenible, estas intervenciones necesitan ir junto con el fortalecimiento de las capacidades civiles. Los esfuerzos pasados como el Plan de Consolidación de Colombia en 2007, cuyo objeto era recuperar el territorio que se encontraba anteriormente en manos de los insurgentes, tuvieron un impacto mínimo. Muchas regiones registraron intervenciones militares, pero no hay seguimiento del desarrollo de las instituciones civiles.
Las Naciones Unidas - Mientras las zonas de normalización se estén ejecutando, una misión organizada por el Consejo de Seguridad, realizará el seguimiento y verificará la desmovilización de los miembros FARC, incluyendo la dejación de las armas. Es entonces como una misión de tres años bajo el mandato de la Asamblea General de la ONU continuará para verificar y controlar que los ex-combatientes cumplan con sus responsabilidades y reciban la debida protección.
De igual manera, la misión ONU tendrá que coordinar con otros organismos ONU y Organizaciones No Gubernamentales, quienes estarán trabajando en el proceso de reintegración y en la protección de los civiles . No obstante, los civiles pueden sentir que las medidas para garantizar la seguridad física de los ex combatientes de las FARC y el proporcionar beneficios económicos a los mismos, son un escenario de favorecimiento a las Ex guerrillas por encima de los no combatientes. Por lo tanto, el equilibrio de estos esfuerzos es clave para evitar nuevos agravios.
Los actores regionales - La paz y la seguridad sostenible dependerán además de otros actores de la región. Grupos ilegales violentos, incluidos los cárteles mexicanos, han comenzado a llenar los vacíos de poder a través de las fronteras colombianas. Mientras que las Fuerzas Armadas están limitadas por los principios de la soberanía territorial, y la Organización de las Naciones Unidas tiene que adherirse a los mandatos nacionales, las actividades de estos grupos se extienden más allá de las fronteras. Aunque no son actores del conflicto per se, sus acciones pueden desestabilizar fácilmente la región, lo que aumenta el riesgo de una recaída en la guerra civil. Colombia, por lo tanto, necesita promover una arquitectura de seguridad regional, a través de la cooperación bilateral Militar y de Policía de forma conjunta con las organizaciones regionales, tenidas en cuenta y respetadas tanto por Colombia como por los países vecinos.
Las comunidades marginadas – juegan un rol importante en el proceso de paz. Una vez que las zonas de normalización sean eliminadas gradualmente, estas comunidades serán particularmente vulnerables a actos de represalia y abuso por parte de cualquier grupo violento que pueda intentar ocupar esos espacios. Teniendo en cuenta que el Estado colombiano carece de legitimidad a los ojos de algunos miembros de la comunidad, esta vulnerabilidad es particularmente preocupante para una paz sostenible.
Las voces locales de lugares como el Putumayo, Arauca, Catatumbo y La Guajira, algunas de las regiones más olvidadas del país, siguen siendo escépticas con respecto a que el gobierno será capaz de cumplir sus promesas. Su escepticismo hacia el apoyo sugerido por el Estado es comprensible. Fui testigo de la falta de carreteras, electricidad y servicios básicos en estas regiones.
Por otra parte, en Norte de Santander, las campañas de desinformación – quizás el trabajo de las elites locales corruptas y diversos grupos violentos no estatales - hacen que la gente crea que el país va a ser entregado a las FARC. En esos lugares, intimidar con mensajes de texto, panfletos y mensajes amenazantes en redes sociales ha sido eficaz para influir en el discurso público y silenciar las voces desafiantes - mucho antes de que comenzara la polarizada campaña por plebiscito.
Estas estrategias empañarán las perspectivas de los ciudadanos, si el gobierno Colombiano no puede comunicar con claridad que beneficios traerá al acuerdo de paz a estas comunidades. Por dicho motivo, el gobierno debe demostrar que va a cumplir sus promesas, con el fin de mitigar el miedo de la población a un futuro incierto.
A corto plazo, si la población que se encuentra en las periferias tiene una mayor confianza en el Estado Colombiano, esto ayudaría a allanar el camino hacia un "Sí" en el plebiscito del 2 de octubre, lo que marcaría el rumbo para el período de seis meses de desmovilización. Esto privaría del apoyo social a nuevos organismos al margen de la ley, mientras se fortalecen los procesos democráticos. También esto sería clave para la reducción de las quejas similares a las que estaban previamente con ocasión del conflicto armado y por lo tanto ayudaría a prevenir que la violenta historia de Colombia se repita.
Finalmente, para que este Acuerdo de paz tenga un impacto de larga duración, los desafíos a los que se enfrentan todos estos jugadores necesitan ser abordados y las dos partes deben poner en práctica lo pactado incluso el día 180 + 1. Toda vez que el gobierno debe cumplir con sus promesas y las FARC deben alejarse totalmente de las actividades armadas y de las hostilidades en contra la población civil.
Este post ligeramente revisado, apareció originalmente en The Monkey Cage en el Washington Post el 8 de septiembre de 2016.
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