Una mujer sosteniendo la bandera nacional de Nicaragua mientras está parada delante de una barricada en llamas. Fuente: Wikimedia Commons. Algunos derechos reservados.

El detonante de las protestas –que se han cobrado al menos 63 muertos según la Comisión Permanente de Derechos Humanos citada por el New York Times - ha sido una drástica reforma del sistema de seguridad social, aprobada el 16 de abril, que establecía un recorte del 5% a las pensiones.

Un recorte necesario, a decir del gobierno, para rescatar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), quebrado por mala gestión.

El repudio fue unánime y salieron a la calle desde jubilados a estudiantes, empresarios y trabajadores.

En un primer momento, el presidente nicaragüense ordenó el despliegue del Ejército en las ciudades más importantes del país y culpó a los manifestantes de vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional, al tiempo que dejaba la gestión de la crisis en manos de la vicepresidente, su mujer, Rosario Murillo.

La sociedad nicaragüense vive una situación de exclusión, represión y desprecio por parte de su gobierno, en manos de la familia Ortega/Murillo desde 2007.

Finalmente, Ortega se ha visto obligado a retirar el decreto. Aun así, las manifestaciones han continuado, exigiendo ahora su dimisión. Y es que el descontento popular va mucho más allá de una medida concreta. La sociedad nicaragüense vive una situación de exclusión, represión y desprecio por parte de su gobierno, en manos de la familia Ortega/Murillo desde 2007.

La sociedad nicaragüense

Nicaragua, es un pequeño país de América Central, con una población de 6,4 millones de habitantes. Su promedio académico es quinto grado de primaria. Su principal actividad económica es la exportación de productos agrícolas y su modo de producción, el propio del siglo XlX. Tiene un sistema político presidencialista.

La población en general está desinformada o, a lo sumo, mal informada. Los comunicadores, controlados por el gobierno, desinforman acerca de la realidad del país, enfocan casi exclusivamente acontecimientos lúdicos y las acciones políticas populistas del gobierno, con una alta carga de pleitesía hacia la figura del gobernante y su familia. Daniel Ortega y su familia actúan como una familia real tradicional.

Los movimientos sociales son reprimidos y/o desprestigiados. Aunque existe una ley de participación ciudadana, en realidad no la hay: se sustituye por acciones políticas que responden a los intereses del partido gobernante.

El gobierno se inventa una sociedad civil a su medida, organizando grandes grupos de ciudadanos – principalmente jóvenes menores de 20 años - pagados y movilizados con recursos del Estado para realizar actos políticos en plazas públicas y sedes oficiales.

La sociedad civil real está organizada en varios frentes de lucha: los campesinos del interior del país, en defensa de la tierra, el agua y la soberanía; las mujeres, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos pero, además, de su derecho a ser propietarias de bienes que históricamente han sido consignados a hombres; los conductores, que reclaman por las multas de tránsito, los precios de los combustibles y la presión de la policía; las personas de la tercera edad, que defienden sus derechos alimentarios y de salud; los sindicalistas, que reclaman prestaciones sociales y rechazan el trato inhumano en la zona franca textil.

La cooperación internacional se ha retirado del país. Las organizaciones no gubernamentales están inactivas, sin recursos, sin planes en desarrollo, sin perspectivas de cambio.

Todas las organizaciones de la sociedad civil trabajan con muy pocos recursos humanos y/o materiales, desarrollan pocas actividades y solo gracias al voluntariado. Se les vigila, se les considera enemigas de la administración pública y solo se les permiten espacios reducidos para expresarse y desarrollarse.

A pesar de que tienen experiencia en trabajos para apoyar el desarrollo de diferentes sectores, las políticas gubernamentales rechazan su ayuda y colaboración.

La población en general no tiene alternativas de empleo seguro ni decente - es decir, de ingresos sostenibles. Por lo tanto, las actividades más frecuentes son: trabajos informales y diversos, la migración por trabajo a Costa Rica, España, Estados Unidos y Centroamérica, la prostitución y el robo.

Y la violencia callejera, que va en aumento: ya no se respeta a la policía, hay un amplio comercio y tráfico de drogas y estupefacientes, y crece la población reclusa. 

Los partidos políticos y otras instituciones

Los partidos políticos registrados legalmente se dividen en dos grupos: unos pocos, independientes, con serios conflictos internos; los otros, colaboracionistas con el gobierno, del que reciben beneficios y prebendas.

Estos últimos ocupan puestos en el poder legislativo, pero saben que no influyen en nada y que no defienden los intereses de la sociedad.

La jerarquía de la iglesia católica se encuentra también dividida: un grupo minoritario y sin poder de decisión que apoya laspolíticas del gobierno; y un sector de sacerdotes, obispos y clérigos que se han manifestado a favor de la justicia social, la armonía, y el bienestar de la ciudadanía nicaragüense.

Todas las acciones y decisiones en el país emanan y las decide un mismo centro de poder integrado por el Presidente y la Vice-Presidente, que es su esposa. 

La iglesia protestante está igualmente dividida: una mayoría, con poder e influencia, apoya al gobernante y recibe a cambio muchas prebendas; otro grupo trata de integrarse en la vida política y ha formado partidos que juegan en los procesos electorales, que se presentan falsos y viciados. 

La empresa privada es la aliada del gobierno, recibe exoneraciones, libertad de gravámenes y, por este motivo, apoya a la familia gobernante, con más miedo que entereza.

Sus delegados visitan los centros de poder internacional y hablan del gobierno como exitoso. Dicen que todo está bien, que no hay oposición, y tampoco protestas. 

El gobierno y la administración pública

Desde 2007, la administración pública se ha caracterizado por el silencio y la represión. En el país no se recibe información pública de ningún aspecto de los que le atañe a la sociedad.

Los medios de comunicación han sido comprados por la familia gobernante, reprimidos y los pocos espacios de comunicación independiente que aún quedan, acosados. Se realizan programas y proyectos de los que, hasta el momento de activarlos, no hay información previa. Si se cometen imprecisiones o errores, nadie informa de ellos y nadie se hace responsable.

Los medios de comunicación han sido comprados por la familia gobernante, reprimidos y los pocos espacios de comunicación independiente que aún quedan, acosados. 

Daniel Ortega controla los cuatro poderes del Estado nicaragüense. Si algún funcionario trata de expresarse sin permiso de la presidencia, es eliminado de su cargo o responsabilidad - aunque ésta sea de elección popular. Todas las acciones y decisiones en el país emanan y las decide un mismo centro de poder integrado por el Presidente y la Vice-Presidente, que es su esposa. De tal manera que la conducción política de Nicaragua es familiar.

La familia Ortega/Murillo ha organizado una estrategia social y política basada en la dádiva, los favores, la corrupción, el manejo opaco de las políticas públicas y, finalmente, la represión.

Buen ejemplo de ello es el control de los resultados electorales, que son ficticios. La familia gobernante, que no obtiene el voto mayoritario de la población nicaragüense - por el contrario, el rechazo al gobierno sí lo es -, al dominar todos los poderes del Estado, invierte los números constantemente.

La economía y el desarrollo material

En Nicaragua hay 9 sectores de actividad económica, según datos del Banco Central de Nicaragua y, por lo tanto, existen nueve salarios mínimos en el país. Solamente tres de ellos han mostrado crecimiento en los últimos 10 años de actividad económica: el comercio de bienes importados y suntuarios; las empresas dedicadas al comercio de capitales (bancos y financieras); y la construcción de carreteras y edificios.

El crecimiento es desigual. Son pocos los sectores y pocas las personas que se benefician del crecimiento. En general, la economía nicaragüense se concentra en servicios y en la informalidad de la fuerza de trabajo.

Datos de un estudio del Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (COSEP) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2015 señalan que, de diez actividades económicas, al menos, 8 son informales y solamente 2 son formales, constituidas, y aseguran a sus empleados.

La pobreza está creciendo, pero las encuestas y los datos del gobierno los ocultan y los maquillan.

El crecimiento de estos sectores es fabuloso, por dos razones: la primera, están libres de impuestos, ya que el gobierno suele exonerarles de pagos y les da concesiones; la segunda, el ambiente de una economía monopólica les permite juntarse con la élite gobernante y, en consecuencia, se garantizan compradores fijos y seguros y evitan la competencia.

Éste es el caso, por ejemplo, de la producción de energía eléctrica, el comercio de combustibles, o la importación de alimentos.

Nicaragua, se desarrolla en desigualdad. Hay pocas personas con altos niveles de enriquecimiento, y muchas personas que no tienen acceso al desarrollo ni al crecimiento.

La pobreza está creciendo, pero las encuestas y los datos del gobierno los ocultan y los maquillan. Un ejemplo de ello: según la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), hay menos pobres hoy en Nicaragua que en 2010 – pero este dato lo genera el método de medición de la pobreza, que es por la vía del consumo; y el consumo depende de las remesas familiares.

Hoy, cuando la protesta popular por este estado de cosas estalla en las calles, cabe señalar que la salida de la crisis de Nicaragua se concentra en dos acciones básicas: primero, tomar conciencia de la realidad nacional, comprender por qué y cómo se da la injustica y la desigualdad social en Nicaragua; y segundo, desarrollar un proceso de unidad social frente a la injusticia social y política, que pasa por dotarnos de instituciones creíbles y transparentes, empezando por los partidos políticos.