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El futuro de la economía en Puerto Rico sigue nublado por el plan de restructuración de la deuda

El nuevo plan de restructuración de la deuda es el evento más reciente de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Español

Ed Morales
30 October 2019
Puertorriqueños participan de una procesión silenciosa en Nueva York. 22 septiembre 2019
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Erik McGregor/SIPA USA/PA Imágenes. Todos los derechos reservados

El 27 de septiembre, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) anunció un plan de reestructuración de deuda que reduciría la deuda de $129 mil millones de la isla-territorio ($72 mil millones en bonos y $57 mil millones en obligaciones de pensiones) en 33 % y proveería una salida de la bancarrota.

“Luego de más de una década de decadencia económica y desorden fiscal, luego de que miles de puertorriqueños hayan abandonado la Isla para encontrar prosperidad económica en otros lugares, hemos alcanzado un punto crucial,” dijo el presidente de la JSF José Carrión III luego de someter el plan.

Mientras que esto pudiera parecer como un alivio a la Isla que todavía se recupera del Huracán María, solo deja más problemas para Puerto Rico, requiriendo más austeridad para mantener los pagos, mientras ignora las políticas que promoverían la sostenibilidad económica.

El plan de reestructuración de la deuda, que será retado en los tribunales antes de ser aprobado, no será bien recibido por todos los sectores. Por una parte, los grupos de bonistas representados, que se les ha pedido que acepten recortes significativos al valor original de los bonos, podrían tomar acción legal. Mientras que otros defienden que es un acuerdo negativo porque ampliará medidas excesivamente fuertes y severas como el impuesto de ventas de 11.25 % (el más alto de la nación), reducciones en los pagos de las pensiones y recortes a la educación y otros servicios sociales.

El plan debe ser aprobado por la jueza federal de distrito Laura Taylor Swain, quien atiende los casos presentados con relación a la ley PROMESA. En el 2016, esta ley del Congreso impuso una Junta de Supervisión y Administración Fiscal compuesta por 7 miembros no electos, tecnócratas del sector financiero, que implementan políticas de reestructuración de deuda y solicitan al gobierno que someta presupuestos balanceados.

La última instancia del colonialismo fiscal de los Estados Unidos

La narrativa sobre cómo se adquirió la deuda tiende a eludir la mayoría de la historia económica de la Isla. Esconde el hecho de que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, sometido a experimentos de política fiscal, libre comercio, y actuando como fuente de riqueza para corporaciones estadounidenses – mientras mantienen a sus residentes en un mercado de consumo cautivo.

Esta narrativa establece el inicio de los problemas económicos de Puerto Rico en 1996, cuando el presidente Bill Clinton, en una movida para demostrar que estaba dispuesto a reducir las exenciones contributivas corporativas, convenció al Congreso de eliminar la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. La sección 936 creaba un crédito fiscal que permitía que los ingresos generados en Puerto Rico quedaran – esencialmente – libres de impuestos. Esta laguna del IRS se eliminaría gradualmente al cabo de 10 años – con el 2006 reconocido generalmente como el primer año de una recesión que todavía afecta a Puerto Rico.

El crecimiento de la deuda en Puerto Rico a través de la emisión de bonos, incrementó durante estos 10 años, ya que la pérdida de empleos en el sector privado requería que el gobierno se convirtiera un gran empleador – lo que llevó al gobierno a emitir más bonos para cubrir la nómina y servicios esenciales. Solo de 2003 a 2013, la deuda de bonos incrementó de $29 mil millones a $71 mil millones.

Mientras este periodo marcó un aumento substancial en la deuda de Puerto Rico, en su mayoría por oficiales del gobierno atraídos por prácticas inescrupulosas de Wall Street, lo cierto es que la economía de Puerto Rico había estado en problemas desde el principio.

Desde que Estados Unidos adquirió a Puerto Rico luego de la guerra hispanoamericana en 1898, la Isla ha sido utilizada como laboratorio para muchos experimentos, que iban desde forzar a la población a hablar inglés prohibiendo la educación en español e incentivar la esterilización de miles de mujeres, hasta utilizarlas también para probar productos anticonceptivos, reescribir las leyes contributivas para favorecer la inversión corporativa americana y crear la primera zona de libre comercio en las Américas eliminando aranceles a todas las importaciones desde la Isla. Como resultado, se les otorgaron las mejores tierras a grandes compañías azucareras americanas, se desmanteló la industria puertorriqueña de café y se sofocó el desarrollo del sector privado local.

A la larga, y luego del caos político este verano, Puerto Rico necesita encontrar un camino hacia la creación de una economía auto-sostenible que no dependa de la inversión externa, y que fomente la creación de inversiones de capital local.

En la década de los cincuenta, cuando se le permitió a Puerto Rico finalmente escoger su propio gobernador local, la economía cambió de ser basada en la agricultura, a basarse en manufactura – lo que animó a la migración de puertorriqueños de las zonas rurales a ciudades del noreste como Nueva York y Filadelfia. Por un breve periodo en la década de los sesenta, Puerto Rico era promocionado como “la Muestra del Caribe,” un éxito económico que funcionaba como contra-narrativa del experimento socialista en Cuba. Una pequeña clase media fue creada, al igual que proyectos de vivienda y centros comerciales que se asemejaban a áreas de la Florida y el sur de California.

Pero el desempleo en Puerto Rico era mucho mayor que el de Estados Unidos durante este periodo, y la proporción entre PIB y PNB, que mide el capital generado contra el capital retenido, era una de las más bajas del mundo. Cuando la crisis petrolera comenzó a perjudicar la economía estadounidense a mediados de la década de los setenta, la economía de Puerto Rico comenzó a sufrir también. En contraste a la narrativa dominante, el gobierno de Puerto Rico comenzó a recurrir – desde los setenta – a préstamos a gran escala para servicios esenciales en forma de emisión de deuda – y no a la eliminación de la sección 936.

Con el acuerdo sobre la mesa para la reestructuración de deuda, los puertorriqueños quedarán pagando el resto de la deuda por décadas, a través de créditos contributivos exorbitantes y esquemas de austeridad (recortes de 8.5% a pensionados que reciben más de $1200 al mes en beneficios) – mientras atraen capital exterior ofreciendo enormes exenciones contributivas. El recorte a las pensiones particularmente sabotea la economía local, limitando los ingresos disponibles de los retirados que componen una gran parte de la población, mientras los jóvenes migran por los pronósticos económicos negativos.

La actual gobernadora, Wanda Vásquez, quien asumió el poder luego de un escándalo de ética y corrupción que forzó al anterior gobernador Ricardo Rosselló a dimitir en agosto, apoya el plan – mientras continúa dependiendo de leyes previas que ofrecen exenciones contributivas a multi-millonarios y billonarios para que se establezcan en la Isla. El reporte del “American Community Survey” del Negociado del Censo, reveló que los niveles de pobreza en la Isla continúan disminuyendo mientras aumenta la emigración, lo que puede ser una señal de la presencia de residentes muy ricos.

Construyendo una economía sostenible

Expertos de economía como Pablo Gluzmann, Martín Guzmán, y Alfred Stiglitz de la Universidad de Columbia, han hecho un llamado para una reducción de 80 % de la deuda en Puerto Rico como también una subvención masiva que ayude a desarrollar una economía sostenible y que la Isla pueda recuperarse de los $94 mil millones en daños a causa del Huracán María. Pero la administración de Trump continúa denunciando a Puerto Rico, retrasando los fondos de recuperación, mientras reclama que ha enviado $92 mil millones, cuando en realidad solo se ha recibido cerca de $20 mil millones.

Muchos en la Isla sostienen que una auditoría ciudadana e independiente de la deuda revelará que una gran parte de la deuda fue emitida ilegalmente y debe ser eliminada. En su lugar, la JSF comisionó un estudio en 2018 a la firma legal Kobre & Kim de Wall Street. Mientras que el reporte señalaba varios errores en la acumulación de la deuda, no llegó a señalar las acciones cuestionables de aseguradores de deuda como Goldman Sachs.

A la larga, y luego del caos político este verano, Puerto Rico necesita encontrar un camino hacia la creación de una economía auto-sostenible que no dependa de la inversión externa, y que fomente la creación de inversiones de capital local. Al final, este proceso requiere una reevaluación de la relación colonial de la Isla con los Estados Unidos, la razón principal que ha mantenido la economía del país cautiva desde 1898.

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