Países del Cono Sur latinoamericano han atraído los reflectores internacionales por potentes protestas sociales ante el alza de precios, eliminación de subsidios, venta de tierras ancestrales a mineras y otras medidas antisociales por parte de los gobiernos que los encabezan.

Sin embargo, si se enfoca la historia reciente de Ecuador y Chile, naciones donde mayormente se han focalizado sendas expresiones de descontento, tales protestas deberían concebirse como resistencias o bien, movimientos emancipatorios que combaten un orden económico y social inequitativo, que cada vez más configura a diversas regiones geográficas.

A decir de los chilenos, “no son 30 pesos son 30 años”, en referencia a los sucesos recientes detonados aparentemente por el alza al transporte público y al periodo transcurrido luego de la dictadura, en el que se ha perpetuado cierto autoritarismo, represión y continua precarización de la economía.

Desde la extinción de un Estado benefactor a la que contribuyeron en los años 80 del siglo pasado el reaganismo y el thatcherismo en Estados Unidos y el Reino Unido respectivamente -con medidas adversas para la clase trabajadora— el proyecto económico del neoliberalismo ha venido erosionando el compromiso social del Estado. En su lugar, apuntala la idea de autorregulación del mercado en la búsqueda de una menor intervención estatal en materia económica, con las implicaciones que esto ha traído en lo social.

En este sentido, la injerencia de organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) ha sido crucial en mantener el orden monetario internacional a favor de los grandes poderes, esto es, los países del “centro”, en la categoría acuñada por Immanuel Wallerstein para referirse a las naciones dominantes, frente a las de la “periferia” que están subordinadas a las necesidades de las primeras.

Particularmente a la vuelta de 1989 con el colapso del bloque socialista de órbita soviética y a través del Consenso de Washington, se diseñaron políticas económicas de liberalización del mercado y, con miras a lograr la estabilización macroeconómica de naciones en crisis, también se formuló la reducción del gasto público.

En este contexto, el clima político y social en Ecuador y Chile se nutre del descontento y sobre todo, de los estragos causados por esas políticas monetaristas de largo alcance, que promueven a ambas partes del espectro político, políticas de austeridad que impactan negativamente en los fondos públicos en materia de bienestar para sus ciudadanos, en sectores fundamentales como educación o salud.

Al hablar de desarrollo económico, las interpretaciones del ejercicio de los gobiernos se tornan sesgadas. Chile había sido considerado como un caso paradigmático en América Latina. En cifras de la CEPAL se mostraba un crecimiento alentador de la economía chilena con 1.5% en 2017 y 3.9% en el 2018.

En el mismo hemisferio sur, pero en otro continente, un caso paralelo es el de la India, cuyos niveles de crecimiento son aplaudidos mundialmente. Sin embargo, al observar los indicadores macroeconómicos se pasan por alto los índices de desarrollo humano, es decir, los datos referentes a la calidad de vida de la población, en cuanto a promedio de vida, acceso a la salud, educación y en general, a la posibilidad de tener un digno nivel de vida.

Es en estos indicadores, y no en los del mero crecimiento económico, donde Chile y Ecuador, así como otros países de la región, están en deuda con sus ciudadanos, quienes experimentan un deterioro crecientemente importante de sus condiciones cotidianas.

En el caso de Ecuador, con un crecimiento económico menor, 2.4% y 1.3% en 2017 y 2018, se reitera la problemática de índices de desarrollo humano deficientes en un contexto donde Lenin Moreno, el presidente, permite que sean los organismos financieros internacionales los que tracen la ruta de la economía interna. El llamado “paquetazo”, que contenía la eliminación de subsidios a combustibles y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores incorporaba, en contraste, prerrogativas para el sector empresarial como la devolución de tributos a exportadores o la supresión de impuestos a las importaciones de tecnologías.

El resultado de estas políticas económicas ha sido un rezago social para amplios sectores de la población, entre ellos, grupos indígenas despojados de tierras para entregarlas a las grandes compañías petroleras o a las mineras.

Sin embargo, frente a los embates del Estado, que claudicó en el contrato social con sus gobernados, la resistencia de los trabajadores, indígenas y jóvenes en Ecuador y Chile así como Haití, y de forma menos efervescente en Argentina, le recuerda a los gobiernos que no pueden seguir gobernando desde la cúpula y para las élites. Sus movimientos de resistencia son una afirmación de sí mismos como actores políticos y demandan al Estado que los incorpore como interlocutores imprescindibles.

En Chile hay un Estado empresarial – según expresión de Arelis Uribe, periodista y escritora chilena – pero no es privativo de ese país, sino una condición extendida a nivel global para preservar un capitalismo depredador sustentado en la acumulación por desposesión, según lo identifica el geógrafo David Harvey. Este tipo de capitalismo se resume en estrategias de especulación, de privatización y la manipulación de las crisis económicas para beneficio de a una minoría financiera voraz.

A la luz de los acontecimientos, los medios han enfatizado la inestabilidad de la región, pero el desequilibrio no es por las movilizaciones de la población, sino a causa de esa brecha social tan amplia y de la persistencia de las viejas injusticias sociales; además de la torpeza de gobiernos sordos e insensibles frente a los imperativos de los ciudadanos.

Las disculpas del presidente de Chile, Sebastián Piñera remiten al no reconocimiento de la inequidad y el abuso del que el pueblo chileno ha sido blanco. Resulta muy lamentable que haya tenido tal reacción luego de casi dos decenas de muertos y movilizaciones descomunales. La ceguera de la clase política tiene costos económicos altos, pero lo más lamentable es la reacción violenta y autoritaria que causa la pérdida de vidas humanas.

Se empieza a cuestionar si puede hablarse de una “primavera latinoamericana”. En todo caso la llamada “primavera árabe” se gestó para hacer frente a regímenes autoritarios. En el contexto de Latinoamérica, estos movimientos tienen democracias como telón de fondo. La alternancia entre gobiernos de izquierda y de derecha registrada en la región en las últimas décadas demuestra que la alternancia democrática es condición necesaria pero no suficiente, y que la orientación o ideología política determinada no acaba haciendo la diferencia.

La cuestión de fondo es la insostenibilidad de un modelo económico en crisis, que absorbe las ideologías y sus premisas, aún cuando éstas puedan ser progresistas.

Si la democracia ha de ser una alternativa real a lo que han representado los regímenes autoritarios –aunque al momento también desde la democracia se ha respondido con represión y violencia, como demuestran los actos de Moreno y Piñera- debe buscarse salir de la ruta trazada por el neoliberalismo y su alterado orden de prioridades que ve en el acaparamiento de la riqueza y los recursos los fines supremos.