En esta foto de archivo del 24 de Marzo del 2011, unos manifestantes sostienen carteles con la foto del asesinado Monseñor Oscar Romero, en el 31 aniversario de su muerte en San Salvador, El Salvador.(AP Photo/Luis Romero.Archivo) Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador califican la ley de 1993 de inconstitucional por ser "contraria al derecho al acceso a la Justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales". Al tiempo argumentan que esa amnistía violenta el "derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario".

La Sala anula la ley porque viola dos artículos de la Constitución de El Salvador que están vinculados a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

Para Belarmino Jaime, magistrado con voto de minoría, la amnistía fue el precio que se pagó para terminar el conflicto armado. La sentencia de sus colegas reabre -dice- el enjuiciamiento de los 32 casos consignados en el informe de la Comisión de la Verdad inobservando los principios de juridicidad, irretroactividad de las leyes, seguridad jurídica y la prohibición de doble juzgamiento. Jaime considera que los cuatro magistrados exceden los límites de la competencia dada a la Sala por la misma Constitución.

Lo cierto es que el pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional rompió el dique de contención del silencio. La controversia está hoy en pleno desarrollo.

La Comisión de la Verdad, en su informe "De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador" se dio a conocer el 15 de marzo de 1993, 26 meses después de la firma de los Acuerdos de Chapultepec. El informe estableció que más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas durante la guerra. Los agentes del estado, los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte son responsables de 90% de los crímenes, el 3,3% le corresponde a la guerrilla y el resto a gente armada no identificada.

Con el deseo de entender la letra y el espíritu del informe de la Comisión de la verdad conversamos con uno de los tres comisionados de Naciones Unidas, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Reinaldo Figueredo Planchart.

“Nosotros nos pronunciamos de una manera muy precisa sobre el tema de la impunidad, que es inadmisible y los crímenes tienen que ser castigados y no pueden ser objeto de las acciones que tomó el gobierno en aquel entonces y que se tomaron también en otras partes”.[1]

Cinco días después que la Comisión presentara su informe, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de La Paz, que concede perdón absoluto, total e incondicional a quienes hayan cometido delitos políticos y derogó todas las disposiciones que contraríen la ley, en clara alusión a la Comisión de la Verdad, lo que constituye una violación a los acuerdos de paz.

Los detractores de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que se encuentran tanto en  las filas del gobierno del FMLN como en las de la oposición, principalmente en el partido ARENA, levantan la bandera del temor, con pronósticos de riesgos de desestabilización y conflictos sociales. Los adversarios más radicales acusan a la Sala de dictadura judicial o de irresponsabilidad de cara al futuro del país.

Con los crímenes de lesa humanidad que esquivan lo jurídico y social sucede algo similar a lo que  ocurre con las fallas tectónicas. Exceptuando la de San Andrés, las otras placas, como la sudamericana, la de Nazca, la de Cocos, la el Caribe, y la de Norteamericana no son visibles a simple vista, pero están allí. Tarde o temprano provocarán sismos de gran intensidad. A semejanza de esas fallas el silencio que intenta mantener en el olvido grandes tragedias humanas hace crisis en algún momento, es entonces cuando los cadáveres emergen a la superficie con energía. Así ha sucedido una y otra vez en la historia. Esta enseñanza es la que lleva a los obispos salvadoreños, que celebran la derogación, a pedir a sus compatriotas enfrentar esta hora con madurez y serenidad. Ellos también son víctimas, pero no los anima el propósito de llevar a nadie a la cárcel, "solamente pedimos que se conozca la verdad y se pida perdón, para inmediatamente ofrecerle perdón a quien corresponda"[2] . En la espera aguardan justicia Monseñor Óscar Arnulfo Romero, los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, y por lo menos 12 monjas y sacerdotes de la iglesia Católica de El Salvador.

Así las cosas aquí puede radicar una de claves del momento para tomar distancia de interpretaciones en blanco y negro, demasiado cercanas a la impunidad o a la venganza. La derogación podría ser el momento esperado para conocer la verdad, para juzgar sin que ello implique única y exclusivamente la pena carcelaria. No es sentimentalismo, las víctimas, como se dice comúnmente, están en otra. Quieren ser escuchadas, quieren contar sus sufrimientos. Lo dice muy bien Eduardo García, de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, ellas hablan de resarcir, más que de reparación, porque resarcir llena el corazón, mientras la reparación solo llena el bolsillo. La paz se firmó sin el concurso de los agredidos. Fue un acto político de trascendencia histórica, qué duda cabe, es la negociación más exitosa auspiciada por Naciones Unidas. No obstante, ahora parece haber llegado el momento de contar con la tercera parte de una época cruel, aquella que padeció persecución, tortura, cárcel y muerte. ¿Cuál es la magnitud del daño causado? Saberlo puede contribuir a actuar en consecuencia con el pronóstico.

Una de actitudes que entorpecen la superación del pasado es la prepotencia de aquellos que se consideran héroes que salvaron al país del comunismo o revolucionarios que justifican sus crímenes en nombre del bien, en nombre del pueblo. La ausencia de autocrítica ofende a las víctimas, que en su gran mayoría es gente humilde, ajena al odio ideológico y ansiosa de saldar cuentas con la vida para seguir adelante. Hablamos aquí exclusivamente de seres inermes, desarmados, objeto de humillaciones sin nombre, ultimados incluso por la sospecha.

La restitución de las dignidad de las víctimas, merced a la justicia restaurativa, vinculada al inicio del largo camino que conduce a la renovación ético moral del país podría devolver la confianza de los salvadoreños en la justicia y sentar las bases para una verdadera reconciliación, no la convivencia forzada y el rencor mal disimulado de hoy que embarga a muchos salvadoreños.

La profesora Terry Lynn Karl, experta en El Salvador y temas latinoamericanos de la Universidad Stanford:

“En El Salvador hay una línea de continuidad entre la criminalidad de violaciones de derechos humanos y corrupción, durante la guerra civil y la de hoy. El país tiene actualmente el nivel de homicidios más alto del mundo. Eso es porque hay una total impunidad y si no se rompe, sino se comienza a ver sus raíces y aquellos que continúan en la criminalidad desde el conflicto hasta ahora, no hay forma de vivir una democracia. Una democracia no existe sin un estado de derecho”.[3]

Es precisamente esta realidad la que ha estado presente en todo momento en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Así lo cuenta el magistrado Sidney Blanco.

“Hay un detonante común en la vida de nuestro país y se llama impunidad. Impunidad que ha reinado durante y en la post guerra para los violadores de derechos humanos, pero también impunidad para los corruptos. Estas dos cosas han contribuido enormemente a la parálisis que sufre el país y al descontento ciudadano. De manera que si se pudieran combatir estos dos grandes males, si se pudiera responder adecuada y contundentemente desde el sistema judicial, la gente tendría una visión, distinta a la tan negativa a la que ha tenido históricamente acerca del sistema judicial”.[4] 

Los cuatro magistrados de la Sala de la Constitucional de El Salvador y el voto adverso del quinto, son el resultado de muchas consideraciones y, hoy día, de especulaciones interesadas. Sin embargo, ningún argumento exculpatorio o amenazante logrará superar la convicción de que el conocimiento cabal de lo sucedido con los crímenes de lesa humanidad, lejos de perjudicar al país, crean la ocasión de que perpetradores y víctimas se miren a la cara para escuchar las razones de unos y otros y confiar en que la razón piadosa ilumine el sendero del mañana.

[1] Entrevista telefónica con el autor, para este artículo

[2] Declaración de la Conferencia Episcopal del 20 de julio del 2016.

[3] Entrevista del autor para este artículo

[4] Entrevista del autor con el magistrado, para este artículo