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¿Se acaba la “Revolución cubana”?

El acuerdo diplomático entre Washington y La Habana tiene una gran importancia simbólica.  Pero el progreso real viene condicionado por factores como el carácter del liderazgo cubano y las decisiones que éste tome en los próximos años. English.

Antoni Kapcia
9 November 2015
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Contadores eléctricos en una habitación de un edificio en La Habana. Demotix. All rights reserved.

Para el mundo exterior, el 17 de diciembre del 2014 Cuba inició un rápido proceso de cambio social y económico. Ese día, los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba sorprendieron a todos con el anuncio de su acuerdo para establecer, tan pronto como fuera posible, relaciones diplomáticas plenas, y acabar así con una historia de cincuenta y cuatro años de antagonismo mutuo.

Fue un asunto que disparó inmediatamente una serie de figuraciones sobre la situación interna en Cuba. Ciertamente, la mayoría de los observadores superficiales parecen haber asumido que el reconocimiento diplomático ha acabado también con el igualmente largo embargo económico, abriendo el mercado cubano al capital y a los turistas norteamericanos. Así, casi todo el mundo asume que la vuelta de Cuba al capitalismo, y de esta manera un sistema más “americanizado”, es sólo una cuestión de tiempo, cosa que es bienvenida por aquellos que, a partir la disolución de la Unión Soviética en 1991, han percibido a Cuba como un anacronismo.

A otros, sin embargo, esto no les ha gustado. Lo que alimentó estas figuraciones es la conciencia de que, cuando en 2018 Raúl Castro cumpla su compromiso de no permanecer más de dos mandatos en el gobierno, Cuba dejará de ser gobernada por un Castro. De esta manera, de cualquier manera en que se mire, dan por supuesto que el fin de “la Revolución” está cerca.

Pero nada es lo que parece, de ninguna manera. Para empezar, una cronología exacta de las relaciones diplomáticas rotas en 1961señalará al año 1971 como el momento en que la administración Carter y Cuba acordaron un reconocimiento parcial, constituyendo secciones de interés en embajadas de terceros países, con la vista puesta en un eventual establecimiento de relaciones plenas –una intención que descarriló con la administración Reagan, que llegó a la Casa Blanca en 1981. En este sentido estricto, en 2015 las relaciones diplomáticas no volvieron a empezar de cero.

Un proceso circunspecto

Dicho esto, no debemos subestimar el significado simbólico del acuerdo. Ha puesto en marcha un proceso para acabar con cinco décadas de amarga, e incluso violenta, hostilidad; y ha enviado una fuerte señal, tanto a los cubanos como a los americanos, de que ha llegado el momento de acabar con una política de guerra fría, obsoleta y contraproducente. Ciertamente, la decisión de Barack Obama de actuar cuando lo hizo (ante la inminencia de un congreso controlado por los Republicanos) fue diseñada para desencadenar un  momentum imparable de cambio, que inevitablemente acabará afectando al embargo.

De esta manera, el acuerdo vino acompañado, por decreto presidencial, por tres medias, dos de las cuales quiebran el embargo (aunque podrían ser contestadas legalmente): permitir a los bancos de los Estados Unidos endosar crédito en Cuba; dejar a las compañías americanas de Internet comerciar con cables y equipamientos, y permitir a los cubano-americanos enviar remesas a sus parientes en Cuba sin restricciones.

Al juzgar los cambios puestos en marcha, la primera reticencia debería referirse a la supervivencia del embargo. La cuestión en este punto es simple: el embargo ha sido más que nada, durante mucho tiempo, una medida política inicialmente dirigida a castigar al gobierno por haber nacionalizado propiedades estadounidenses sin compensación alguna; pero ha acabado siendo una manera de asegurar votos en el crucial estado de Florida. Al final, fue precisamente esa dimensión política la que, a través de la ley Helms-Burton del 1996, estipuló que las sanciones sólo podrían levantarse con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. De esta manera, cualquiera que sea la oportunidad de cambio, la oposición política e institucional a acabar con las sanciones aleja en el tiempo el fin de las mismas.

La segunda reticencia está en la prudencia de Cuba. Y es que, a pesar de que tanto el gobierno como la oposición dieron la bienvenida al avance diplomático –y lo buscaron diligentemente, a través del Vaticano–, no se hacen muchas ilusiones al respecto. La Habana conserva una larga lista de asuntos que deben resolverse antes de que se alcance una “normalización” genuina, especialmente la formidable reclamación de reparaciones por los cincuenta y cuatro años de sanciones y por la historia del sabotaje tolerado por Estados Unidos, la devolución de la base naval de Guantánamo, y la abolición de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que incentiva un flujo constante de migrantes en busca de asilo a través de los estrechos de Florida. Otra reclamación (sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo) fue satisfecha por Washington recientemente.   

A todo ello cabe añadir un tercer obstáculo. Si bien Raúl Castro parece estar seguro de que abandonará la presidencia en Febrero del 2018, sigue manteniendo otro papel en el sistema: el de primer secretario del partido comunista en el poder. Además, parece probable que el próximo congreso nacional del partido (que se celebra cada cinco años) va a celebrarse en 2016, y también que Raúl buscará un segundo mandato como líder del partido. De esta manera, Raúl continuará ostentando una posición de cierta autoridad, supervisión, e incluso control, hasta el 2021 –y eso a su vez dará toda la munición necesaria al lobby favorable al mantenimiento del embargo en los Estados Unidos para mantener esa legislación en pie.     

La razón de que Raúl tome esa decisión de continuar sería que, habiéndose enfrentado desde el 2007 a una considerable resistencia interna a la imposición un programa de reforma (eufemísticamente llamado “actualización”, o “modernización” del sistema), no parece probable que se haga a un lado y se limite a observar cómo este todavía frágil proceso es atacado bajo una presidencia que no tenga la legitimidad histórica que él sí conserva.

De manera que, habiendo dedicado varios años a intentar debilitar el partido y a evitar que éste interfiriera en el gobierno –puesto que el partido ha sido la principal fuente de resistencia a la reforma liderada por el gobierno– parece probable que ahora Raúl lidere un partido que busca supervisar al gobierno. Esto también crearía una situación no vista desde el 1975: una posible división de poderes significativa, con la presidencia y el liderazgo del partido en manos de personas diferentes. 

Teniendo en cuenta todo esto, hay que reconocer que la habitual dicotomía mediática entre “duros y reformistas” no es siempre clarificadora. Es cierto que, por una parte, el lema de Raúl desde 2008 pueda haber sido sin pausa pero sin prisa, pero no lo es menos que la atención del exterior ha estado centrada en el primer imperativo del lema “reforma continua” mientras se ignoraba la segunda (la necesidad de proceder con cautela). Por otra, Raúl, habiendo negociado tenazmente su camino al éxito relativo en 2008 –y ello en un sistema que siempre se ha caracterizado por un proceso de negociación constante-– es lastimosamente consciente de los matices de la situación cubana.

En concreto, Raúl comprende que, mientras muchos cubanos pugnan por un cambio económico, también muchísimos temen que ese cambio pueda implicar que se sacrifique lo importante (los principios básicos de la “Revolución” y sus beneficios sociales) por lo urgente. De esta manera, la “reforma” ha sido, y continuará siendo, una cuestión de ir dando dos pasos adelante y uno atrás.

Un modelo viejo-nuevo

En el nivel del día a día, los cambios son ya evidentes en Cuba, especialmente en La Habana (aunque no tanto fuera de la capital).  Estos cambios emanan básicamente de reformas anteriores a la détente estadounidense más que de ninguna (aún incompleta) consecuencia posterior el acuerdo en términos de llegada de turistas o de flujos de capital, más allá de las remesas de los inmigrantes. Así, por ejemplo, la reciente liberalización de la ley de propiedad (que permite comprar y vender viviendas), junto con las mencionadas remesas, ha producido ya una eclosión de la tan necesaria reforma y reconstrucción de los inmuebles de la capital.  El fomento del auto-empleo ha provocado (de nuevo gracias a la remesas) el florecimiento de pequeños negocios unipersonales a pie de calle, de actividades artesanales y de restaurantes privados, todo ello impulsado por el mayor acceso de los cubanos al capital y a los bienes de consumo, y también por la libertad, a partir del año 2012, de viajar al extranjero.

Aún así, nadie debería esperar un proceso de privatización masiva al estilo de la Europa del Este, puesto que sectores clave de la economía y del estado del bienestar permanecen sólidamente en manos del Estado. Raúl ha dejado claro que, tal como dice él mismo, no fue elegido para destruir “la Revolución cubana”, lo que hace muy probable que –por lo  menos bajo su supervisión– los fundamentos del sistema post-1961 permanecerán en gran medida intactos.

Esto puede muy bien significar un intento de crear un modelo que se parezca de alguna manera al regreso de la “Revolución” que existió antes de que la guerra fría interviniese (por parte de ambos bandos) para modelar, y hasta cierto punto circunscribir, el proceso a una dirección determinada. Esto haría que el Estado liderase de manera decisiva una economía compuesta por un amplio sector de propiedades privadas de pequeño tamaño, en la agricultura y en el comercio urbano. En verdad, un modelo como éste no estaría tan lejos de lo que la mayoría de los cubanos probablemente esperan en este momento.

Si algo como esto acabase ocurriendo, una cosa estará clara. Por mucho que el sistema político pueda irse ensanchando en los meses y años por venir (muchos especulan que en el 2016 pueden verse elecciones locales más competitivas, e incluso un cambio de nombre en el partido, para acomodarse a ese ensanchamiento),  en el corto plazo no veremos el fin del actual sistema de partido único, por lo menos mientras sea percibida como real la amenaza de unos Estados Unidos que todavía busquen un “cambio de régimen”.

A fin de cuentas, el Secretario de Estado John Kerry dio la bienvenida a la apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana señalando que el fin del aislamiento de Cuba estaba inducido por la preferencia norteamericana por conseguir los mismos fines que anteriormente, pero con otros medios. Por consiguiente, la consigna para aquellos que observen el sistema cubano en los próximos meses y años seguirá siendo: sin pausa pero sin prisa

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