
Proyección de la fotografía de Lucia Perez, una chica de 16 años violada y asesinada en Argentina en octubre, durante una manifestación en Rio de Janeiro, Brasil. 25 octubre 2016. AP Photo/Leo Correa. Todos los derechos reservados.
Para reducir eficazmente los asesinatos de mujeres, las
naciones latinoamericanas deben combatir una de las principales causas de
muerte de las mujeres –la violencia de género- por medio de la que los
perpetradores atacan a las víctimas por ser mujeres y actúan en el contexto de
relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.
Guatemala presenta un estudio de caso sobre cómo innovadores tribunales de 24
horas y la revisión de la formación para la aplicación de la ley pueden
aumentar las condenas relacionadas con la violencia de género y, en última
instancia, reducir el número de asesinatos de mujeres.
La alta tasa de homicidios femeninos de Guatemala -- 9.1 asesinatos por cada
100.000 mujeres entre 2007 y 2012 -- viene determinada por el crimen regional,
el narcotráfico y la violencia de pandillas. No obstante, al menos la mitad de
los asesinatos de mujeres en Guatemala son feminicidios.
Guatemala fue el primer país en reconocer oficialmente el feminicidio -el
asesinato de una mujer por su género- como delito en 2008. Cuatro años después,
el país creó una base de datos nacional para registrar datos básicos sobre
todos los casos de muertes violentas de mujeres. Esta base de datos permitió a
la Procuraduría General de la Nación identificar deficiencias en la
investigación de los feminicidios y la violencia de género que a menudo les
precede, y posteriormente desarrollar programas piloto para abordar los
crímenes asociados con la violencia contra las mujeres antes de que se
conviertan en asesinato.
En particular, la Procuraduría General y la Corte Suprema de Justicia
colaboraron en 2012 para establecer un tribunal de 24 horas capaz de manejar
inmediatamente las medidas de investigación urgentes requeridas en los crímenes
de violencia de género. El tribunal funcionó dentro del Modelo de Atención
Integral creado en 2009 y ofreció un modelo de servicios integrales: expertos
forenses, policías, psicólogos, médicos clínicos y fiscales fueron reunidos en
un solo espacio en la Ciudad de Guatemala, y han sido puestos al servicio de
los supervivientes de la violencia de género.
En el Modelo de Atención Integral, fueron las instituciones que giraron en
torno a las mujeres, en lugar de que las mujeres tuvieran que viajar a cada
institución o, peor, tener que elegir entre la atención médica y el acceso a la
justicia. El tribunal de 24 horas, uno de los primeros en América Latina,
aumentó de inmediato el número de medidas de protección y las órdenes de
detención autorizadas y llevó a un aumento del número de personas enviadas a
prisión por violencia contra la mujer y explotación sexual.
Al mismo tiempo, Guatemala también se esforzó por hacer frente a
investigaciones perjudiciales o inadecuadas, que limitaban el acceso de las
mujeres a la justicia. La Procuraduría General de la Nación encontró que los funcionarios
encargados de las investigaciones sobre la violencia de género tendían a culpar
a la víctima por su forma de vestirse, por su conducta anterior o por su
relación previa o familiar con el perpetrador. Era común escuchar "algo
haría" o "ella se lo buscó".
Los investigadores tampoco tuvieron en cuenta el
contexto de la delincuencia: con frecuencia dejaron de investigar si había
habido actos o informes previos de violencia contra la mujer o de violencia
sexual concurrentes con el asesinato, o si la víctima residía en un área donde
operaba una organización criminal.
Además, los jueces le dieron poca importancia a la violencia contra la mujer.
Esto se tradujo en retrasos a la hora de que se pudieran reunir pruebas, o de
que se emitiera una orden de arresto o una orden de registro. Estos casos se
situaron a la cola del orden del día de las audiencias judiciales.
En respuesta, Guatemala comenzó a ofrecer capacitación especializada a los
fiscales que investigan casos de violencia sexual, violencia contra las mujeres
y femicidios. Una vez que una víctima se acerca a la oficina del Procurador
General, se la hace sentir protegida. Nuevas instrucciones han guiado las
investigaciones de femicidio íntimo, femicidio sexual y femicidio en el
contexto de un grupo u organización criminal, especialmente pandillas u
organizaciones asociadas con el tráfico de drogas.
En el año siguiente a estas innovaciones, las condenas por asesinatos femeninos
en Guatemala pasaron de 55 a 91. Este aumento en las condenas se tradujo en un
número mucho menor de casos, de 393 (178 resultando en muerte) en 2010, a 193
(103 resultando en muerte) en 2013 en Ciudad de Guatemala.
Esta tendencia positiva en las condenas y los casos no se observó sin embargo a
nivel nacional, donde el modelo todavía no se ha implementado completamente.
Esta implementación debe llevarse a cabo: Guatemala debe ampliar los tribunales
de 24 horas y la formación para la aplicación de la ley en todo el país y en
toda la región. Este despliegue debe ir acompañado de medidas no penales para
prevenir la violencia contra la mujer, como son las políticas educativas y las
destinadas a lograr una mayor igualdad de género en asuntos económicos y
políticos.
Muchos supervivientes de la violencia de género en Guatemala nos han dicho que
hoy saben que la justicia es posible en Guatemala. Aunque Guatemala sigue
luchando para combatir eficazmente la violencia contra las mujeres, estas
intervenciones localizadas presentan un modelo prometedor para ampliar el
acceso de las mujeres a la justicia en la región.
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