Michel Temer saluda al Presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, ante Renan Calheiros, el Presidente del Senado, durante la investidura de Temer. Aug. 31, 2016, Brasilia. AP Photo/Eraldo Peres. Todos los derechos reservados.

Con un rom-pom-pom, la banda de la infantería de Marina se arrancó con el himno nacional e hizo levantar de sus asientos a un Senado lleno a reventar. Sobrevolando un mar de cabezas calvas, pocas veces interrumpido por alguna isla de hombreras de color carmesí o malva, la cámara de la TV Senado se acercó a la figura vampírica de Michel Temer, cuyos labios apenas se movían al hablar, casi como un ventrílocuo. Rezaba el himno: “Pero si levantas el martillo de la Justica/Verás que tu hijo no huye de la lucha”.

Poco más de dos horas después de que los senadores hubiesen votado a favor del impeachment de la Presidenta Dilma Rousseff, Temer fue oficialmente instaurado en la misma cámara como nuevo Presidente de la República. En el cercano Palacio de la Alvorada, Dilma, vistiendo un traje rojo como el color de su Partido de los Trabajadores (PT) y rodeada de seguidores, ya había declarado ante un grupo de periodistas que había sido apartada de su cargo por un golpe de estado.  

Los golpes, las rupturas democráticas y los gobiernos no elegidos son la norma en Brasil, no la excepción. Fue un golpe, organizado por los militares, el que estableció la república en 1889. Getulio Vargas, uno de los presidentes más queridos por los brasileños, se hizo con el poder tras un golpe incruento en 1930. Después de un corto periodo de gobierno bajo reglas constitucionales (1934), estableció un “Nuevo Estado” a través de un auto-golpe en 1937. Vargas fue depuesto en 1945 por un golpe militar que reintrodujo las elecciones presidenciales. Menos de 20 años después, el golpe militar de 1964 sumergió el país en la etapa más negra de su historia moderna, durante la cual una sangrienta dictadura proscribió a los partidos políticos y reprimió la libertad de expresión. Incluso durante los tres breves experimentos del país con la democracia representativa (el primero de los cuales restringió el derecho de voto para los blancos educados), pocos presidentes que llegaron al poder a través de las urnas han permanecido en el cargo hasta el final de su mandato: sólo dos desde 1985.

Los golpes, las rupturas democráticas y los gobiernos no elegidos son la norma en Brasil, no la excepción.

Aunque las rupturas de la gobernanza han variado en su forma y consecuencias, sus arquitectos, invariablemente, las han presentado como necesarias para modernizar Brasil y catapultar “el país del futuro” hacia su destino. La Historia ha sido un pretexto para el cinismo político, la intriga y el sabotaje que han reconfigurado, y muchas veces han limitado, el espacio para la contestación democrática. La Historia ha superado la política, proclamando los ideales positivistas encarnados en el lema nacional de “orden y progreso” como guía y faro de la transformación de una “república bananera” en un estado nación serio, civilizado y desarrollado.

El impeachment de Dilma representa otra ruptura más de la democracia brasileña, aunque no se trata esta vez de una ruptura fundamental con la constitución. Los contornos del golpe fueron tomando forma a través de la alineación de las condiciones que permitieron el proceso parlamentario y la convergencia de intereses de unas élites políticas corruptas y una oposición furiosa por haber perdido por cuarta vez las elecciones.

Esto quedó claramente confirmado en mayo de este año, cuando el senador Romero Jucá, en una conversación grabada con un influyente hombre de negocios, dijo que era necesario un pacto y un cambio de gobierno a través de un impeachment para poner fin a las investigaciones sobre corrupción; que los miembros del Tribunal Supremo estaban de acuerdo con destituir a Dilma por esta misma razón; que los líderes militares se habían ofrecido para garantizar su destitución, en caso necesario; y que la mejor opción era instaurar a Temer como jefe de un “gobierno de unidad nacional”.

El artículo 85 de la constitución brasileña de 1988 establece una provisión para el impeachment cuando el presidente comete un "delito de responsabilidad" contra la Constitución, la Unión, o la legalidad. El caso contra Dilma, mareador en sus detalles técnicos, se apoyaba en dos acusaciones relativas a 2015, a saber: que Dilma firmó tres decretos aumentando el crédito para programas sociales sin autorización del Congreso, y que retrasó pagos a un banco público por importes gastados en un programa agrícola del gobierno. Fue solamente a finales de 2015, más de seis meses después de los pagos en cuestión, cuando el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) decidió que dichos retrasos eran ilegales. El golpe se confirmó cuando los senadores decidieron que las irregularidades contables de Dilma constituían crímenes de responsabilidad, aceptando así  una nueva interpretación post-hoc de las leyes presupuestarias del país, nunca antes utilizada para imputar a presidentes o gobernadores por hechos similares.

Al apartar a la presidenta elegida de su cargo por razones claramente políticas, el impeachment de Dilma es, sin duda, un golpe contra la democracia. Por lo menos a corto plazo, los brasileños no podrán oponerse directamente a la ejecución de un proyecto político que han venido rechazando de manera sistemática. El plan de gobierno de Temer, “Un puente hacia el futuro”, revela que el impeachment es otro golpe contra la política en nombre de la Historia. Y se trata de un golpe muy moderno contra la política. Al estirar, magullándola, la interpretación de la constitución, es un golpe de estado en nombre de la legalidad constitucional. Al criminalizar el despilfarro y las políticas asistencialistas, es un golpe en nombre de la responsabilidad fiscal y del sentido común de la era neoliberal.

A corto plazo, los brasileños no podrán oponerse directamente a la ejecución de un proyecto político que han venido rechazando de manera sistemática. 

Los errores de juicio y las faltas del gobierno del PT han sido cruciales en su colapso. Los años del PT en el gobierno no confirman la idea Deleuziana de que no puede haber un gobierno “de la izquierda”, pero sí dan fe de los numerosos retos a los que se enfrenta un partido de izquierda heterogéneo cuando es elegido para formar gobierno y tiene que llegar a compromisos y formar alianzas. Por ahora, la renovación y reunificación de la izquierda brasileña se llevará a cabo principalmente en las calles: un entorno más habitual.

El PT en el gobierno desarrolló su propia versión de anti-política: un moralismo que demonizó a sus oponentes (y que le estalló en las manos con los escándalos de corrupción); un culto a la personalidad que desvió la atención de las políticas hacia la historia y la personalidad de Lula; y un rechazo de la disidencia en política económica que propició el anti intelectualismo. Lo que ya parece más siniestro es el asalto de Temer a la política. En un lugar Galeanesco, donde el golpe se presenta como ejercicio de la autoridad legal y se felicita a los políticos corruptos por su ejemplar ejecución, queda claro que la tradicional trapacería de las élites políticas de Brasil está destinada a prosperar.

Post scriptum

Al apoyar el impeachment de Dilma, los senadores, más que votar por su destierro de la política, establecieron un precedente que puede afectarlos en sus propias causas judiciales.

Dos días después del impeachment de Dilma, el nuevo gobierno aprobó una ley que autoriza al gobierno a obtener créditos por decreto, sin autorización del Congreso.

La toma de posesión de Temer fue presidida por Renán Calheiros, el presidente del Senado, que se enfrenta actualmente a once investigaciones judiciales, la mayoría por corrupción. Una vez hubo declarado a Temer presidente, Calheiros se giró para saludarlo y le dijo en voz baja, aunque lo recogieron los micrófonos: “Estamos en esto juntos”. Como si existiera alguna duda.  

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