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A diferencia de Berta Cáceres, que fue asesinada hace casi un año en la apacible ciudad hondureña de Esperanza, el maestro de escuela primaria y líder de la comunidad indígena de Tolupan, José Santos Sevilla, no era alguien célebre. Pero su asesinato, ocurrido el viernes 17 de febrero, tuvo escalofriantes paralelismos con el homicidio de la ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2015.

Al igual que Cáceres, Santos  se encontraba durmiendo cuando fue asesinado fatalmente por pistoleros enmascarados que irrumpieron en su domicilio en el municipio de Orica, a unos 75 kilómetros al noreste de la capital hondureña Tegucigalpa. Alexander Rodríguez, el alcalde de Orica y amigo de Santos, dijo que se desconocía el motivo del asesinato. Sin embargo, otros miembros de la comunidad Tolupa han sido asesinados durante las protestas pacíficas contra las operaciones mineras y de tala en su territorio, según han informado varias agencias de noticias.

La muerte de Santos se produjo apenas dos semanas antes del aniversario del asesinato de Cáceres, el 3 de marzo de 2016, y en medio de una oleada de asesinatos e intimidaciones a activistas ambientales e indígenas en Honduras y en todo el mundo. A esto se suman los homicidios de Nelson García y Lesbia Yaneth de COPINH, el grupo de derechos indígenas de Cáceres. En total, más de 120 personas han sido asesinadas en el país centroamericano desde el 2010, lo que le posiciona como el lugar más mortífero para los defensores del medio ambiente, según reveló una investigación reciente de la ONG británica Global Witness.

“Hemos documentado violaciones generalizadas del derecho internacional en relación a los pueblos indígenas. Lo más importante es que las empresas y los actores estatales están aprobando ilegalmente proyectos de minería, agroindustria y energía hidroeléctrica sin consultar a las comunidades afectadas”, afirma Billy Kyte, coordinador de la campaña por el medio ambiente y en defensa de las tierras en Global Witness.

Inversores internacionales implicados

Global Witness interpela a los inversores europeos en Honduras por sus “fracasos sistemáticos y generalizados” en apaciguar el conflicto alrededor del proyecto de la represa de Agua Zarca, que apoyaron, y frente al que resistieron Cáceres y la comunidad indígena Lenca. Según Kyte, el inversor holandés FMO y el finlandés Finnfund no condenaron la intimidación a Cáceres, que con anterioridad a su asesinato recibió 33 amenazas de muerte.

FMO manifestó públicamente su pesar por la muerte violenta de Cáceres a través de un comunicado en su sitio web y suspendió temporalmente sus operaciones en Honduras, argumentando que se ponía a buscar una “salida responsable” del proyecto. Pero todavía están por retirarse formalmente del emprendimiento. El contratista chino Sinohydro se retiró del proyecto en 2012,  en medio de crecientes tensiones entre los opositores de la represa y Desarrollos Energéticos S.A de C.V (conocido como DESA), la empresa que gestiona el proyecto.

Señala el informe de Global Witness que además de los inversores privados, los grandes donantes de ayuda internacional, como Estados Unidos, deben reevaluar sus actividades en Honduras para asegurarse que no fomentan o financian industrias que ponen en  riesgo a los activistas. Según su propia información, el Departamento de Estado de los Estados Unidos asegura que su objetivo en Honduras es el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la promoción de los derechos humanos y el estado de derecho, y que “alienta y apoya los esfuerzos hondureños para proteger el medio ambiente”.

Cabe preguntarse, pues, en qué forma apoyan la protección ambiental en Honduras y por qué los esfuerzos para mejorar la seguridad parecen no tener éxito para acabar con los asesinatos de los activistas. La  respuesta del Departamento de Estado es que “Cualquier asesinato, y particularmente el de defensores de los derechos humanos o de miembros de ONGs, es motivo de gran preocupación”. Estados Unidos plantea constantemente su preocupación por los derechos humanos al gobierno hondureño, aunque reconoce que son necesarios “un esfuerzo sostenido y una voluntad política sostenida” para lograr un cambio duradero.

Billy Kyte destaca, sin embargo, que la mitad de la ayuda anual de los Estados Unidos a Honduras – el mayor receptor de ayuda de Estados Unidos en Centroamérica – está supeditada a la mejora de los derechos humanos. La otra mitad consiste en equipamiento y entrenamiento de las fuerzas de seguridad hondureñas, las cuales han sido implicadas en el asesinato de Cáceres a través de un informe publicado en el diario británico The Guardian.

Del mismo modo que Global Witness insta al gobierno hondureño a poner fin a la “impunidad crónica” de los asesinos y a llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, Estados Unidos tiene también el imperativo ético y político de ayudar a Honduras en relación a los derechos humanos, condenar los asesinatos de los activistas y suspender la inversión de las industrias que son generadoras de violencia.

Aumento global de los asesinatos

América Latina sigue siendo la región más mortífera del mundo para los defensores del medio ambiente pero, en todo el mundo, aquellos que se encuentran en la primera línea de los conflictos relacionados con la tierra y los recursos son el blanco al que apuntan aquellos que buscan beneficiarse de industrias ambientalmente destructivas. En los últimos meses se han asesinado activistas en México, Colombia, Filipinas y la República Democrática del Congo.

Poco después de visitar Honduras el año pasado, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU para los derechos humanos, calificó de “epidemia mundial” a esta serie de asesinatos de activistas. La reciente caída de los precios mundiales de las materias primas sólo ha exacerbado el problema. Las empresas se están expandiendo con más agresividad hacia las áreas protegidas para resguardar sus beneficios, a menudo sin consultarlo con las comunidades afectadas.

En enero, otro ganador del Premio Ambiental Goldman, Isidro Baldenegro, de la comunidad indígena Tarahumara, fue abatido a tiros en su casa en Chihuahua, México. Baldenegro se había ganado el reconocimiento de su comunidad por defender los bosques de la región contra devastadoras operaciones madereras.

En su último informe anual, Tauli-Corpuz decía que mientras las áreas de conservación continúen expandiéndose, las amenazas por parte de las industrias extractivas y de energía y de las grandes obras de infraestructura también siguen aumentando. Y termina con un exhorto: “La creciente incidencia de asesinatos de ambientalistas indígenas pone de relieve la importancia de que los conservacionistas y los pueblos indígenas unan sus fuerzas”.

Este artículo fue publicado previamente por Diálogo Chino.