Mauricio Macri en el Foro Económico Mundial en Buenos Aires. Xinhua/SIPA USA/PA Images. Todos los derechos reservados.

Los enfoques de línea dura ​​de la seguridad pública están de regreso a las Américas, incluida la Argentina. En este país, a pesar de registrarse una de las tasas más bajas de violencia letal en América Latina, el nuevo gobierno se ha apresurado a aplicar estrategias de "mano dura" para combatir el crimen organizado.

En 2015, pocas semanas después de acceder al cargo de presidente, Mauricio Macri firmó el estado de "emergencia pública" (que se extendió hasta 2016). Llegó al poder prometiendo erradicar el crimen organizado. Sus esfuerzos iniciales sugieren que ha avanzado en esta línea. Si bien resulta atractiva para muchos, la militarización de la lucha contra el crimen puede resultar contraproducente.

Los enfoques de línea dura para combatir la violencia criminal no son nuevos en Argentina. Pero sí marcan un cambio de tendencia con respecto a la década anterior. Durante el año pasado, las autoridades argentinas presionaron para adoptar una serie de reformas – bajar la edad de responsabilidad penal de 16 a 14  años, acelerar las expulsiones de extranjeros involucrados en delitos, encarcelar a los pequeños delincuentes por drogas, extender las penas de prisión, y autorizar el derribo de aviones sospechosos de participar en el tráfico de droga. Si bien estos enfoques gustan a los votantes, su historial de éxito en el largo plazo es ambivalente.

¿Es realmente necesaria una guerra en argentina contra el crimen? Aunque los robos y los asaltos han aumentado levemente en los últimos años, hablar de una "ola criminal" puede resultar exagerado. Comparada con sus vecinos, Argentina registra en realidad una tasa de homicidios inusualmente baja: habría descendido de 7,4 por 100.000 en la década de 1990 a un 6,6 por 100.000 en 2015. Aunque es verdad que la tasa nacional de homicidios parece haber disminuido el 19% en la primera mitad 2016, ésta ya estaba situada entre las más bajas de las Américas. El gobierno afirma que estas reducciones se deben a intervenciones como el "Programa Barrios Seguros", pero la verdad es que no hay evaluaciones de impacto y nadie sabe a ciencia cierta cuál es la razón.

A pesar del bajo nivel de delitos violentos, los argentinos apoyan la represión del crimen. Una de las razones es que muchos ciudadanos temen ser ellos mismos víctimas del crimen. Las encuestas realizadas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) sugieren que aproximadamente un tercio de los argentinos cree que el mayor desafío al que se enfrenta el país es la seguridad pública. El reciente asesinato de una joven activista del movimiento “Ni Una Menos” arrojó alguna luz sobre el problema del feminicidio en Argentina. También ha endurecido el estado de ánimo de la gente contra los delincuentes.

Parte del reto a la hora de decidir la mejor manera de responder al crimen es que, en Argentina, los datos confiables de delitos son extremadamente difíciles de conseguir. En 2016, las autoridades publicaron datos oficiales de delitos por primera vez en ocho años. Esto merece un reconocimiento. La información que pusieron a disposición no justifica el pánico generalizado por la violencia criminal y el tráfico de drogas. Por el contrario, para la mayoría de los tipos de delitos, los niveles parecen comparativamente estables, y son bajos para los estándares regionales. Pero hay todavía vacíos importantes en los datos, especialmente cuando se trata de evaluar la dimensión del mercado de drogas y el alcance de los homicidios.

Aunque muchos argentinos apoyan con entusiasmo la dureza de las medidas contra el crimen – especialmente aquellos que viven en la capital, Buenos Aires –esa dureza es potencialmente riesgosa. Por una parte, podría conducir a una mayor participación de las fuerzas armadas en cuestiones que son ostensiblemente de orden público. Los soldados no están entrenados para prevenir el crimen o detener a sospechosos – se les entrena para tirar a matar. Por el momento, la participación de los militares parece limitarse al derribo de aviones sospechosos de cargar drogas. Pero eso podría deslizarse por una pendiente muy resbaladiza. Como ha demostrado la experiencia de la guerra contra las drogas en México, el despliegue de los militares puede generar ventajas a corto plazo, pero también puede provocar una escalada masiva de violencias y violaciones de derechos humanos – sin olvidar el contexto histórico.

Del mismo modo, la campaña para acelerar el encarcelamiento de los traficantes de droga atraerá a algunos votantes, pero también puede generar nuevos problemas. Como saben bien las autoridades públicas de Brasil y Colombia, las prisiones superpobladas dan lugar a una nueva generación de criminales. Una estrategia más eficaz es concentrar los escasos recursos disponibles en la aplicación de la ley contra los delincuentes violentos, y explorar sentencias alternativas más suaves para los pequeños distribuidores de droga. En cuanto al consumo, este debe ser despenalizado por completo. En 2009, el Tribunal Supremo de Argentina declaró inconstitucional la criminalización de la posesión y el uso personal de drogas. Aún así, la policía continúa llevando a cabo políticas prohibicionistas, puesto que el parlamento todavía está en deuda de adaptar las leyes, siguiendo el pronunciamiento de la justicia.

La lucha contra el crimen no puede ser ganada por la represión de la policía y la imposición de penas más severas. Potencialmente, la prevención es aún más importante. Existe también una amplia evidencia de que las medidas agresivas contra los estupefacientes no sólo no alcanzan mínimamente sus objetivos, sino que puede aumentar también sin quererlo el nivel de la violencia mediante la desestabilización de los mercados de drogas. Esto no quiere decir que el Estado sea impotente para actuar. Por el contrario, más bien la cuestión está en que el sistema de justicia penal haría bien en concentrar sus recursos en los crímenes más graves. Ser duros contra los duros, pero ser compasivos con los vulnerables.

Históricamente, la mayoría de las personas que son detenidas en acciones de represión contra el mercado de drogas en la Argentina, están en posesión de pequeñas cantidades. Típicamente pertenecen a segmentos marginales de la sociedad, y no son necesariamente parte de una organización criminal estructurada. Por otra parte, como lo muestran otras experiencias en América Latina, las autoridades argentinas van a lograr mejores resultados si utilizan la represión para frenar el poder de la corrupción, el lavado de dinero y la violencia, en lugar de perseguir a los distribuidores y a los consumidores de poca monta. Del mismo modo, las autoridades estatales y municipales deben adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos de violencia criminal y aliviar el sufrimiento de los más vulnerables.

El gobierno actual tiene una oportunidad real de adoptar vías efectivas para reducir la delincuencia y la victimización. Podría empezar por establecer una estrategia equilibrada. Esto significa fijar objetivos y metas claras, centrándose en las formas más extremas de violencia criminal, especialmente en los homicidios. Centrarse en las ciudades con altos niveles de violencia – como Santa Fe, que registra tasas de homicidio de aproximadamente 26 por 100.000 – dará importantes beneficios. La prevención eficaz de la violencia también requiere el desarrollo de una cultura de prevención, que abarque estrategias basadas en datos y en evidencias. Las medidas duras pueden ayudar a ganar las elecciones, pero también pueden generar efectos colaterales no intencionados de gran alcance. A veces, el remedio propuesto puede empeorar la enfermedad.

Este articulo se publica en el marco de la campaña Instinto de Vida (https://www.instintodevida.org).