Clara Gómez González. Centro Prodh. All rights reserved

Cuando 22 civiles aparecieron muertos en un hangar en la villa de Tlatlaya, México, la versión oficial fue que fuerzas del ejército se vieron envueltas en un “enfrentamiento” con un grupo de traficantes de droga. Pero la testigo ocular Clara Gómez González, cuya hija murió en el incidente, dijo que no ocurrió de esa manera, de ningún modo: mucha de la gente que estaba en el hangar fue ejecutada. Su decisión de denunciarlo ha puesto en marcha numerosas investigaciones, y tres miembros del ejército están esperando juicio, acusados de homicidio. Pero su lucha por la justicia continúa.

Erika, la única hija de Clara Gómez González, desapareció un día de su pueblo natal Arcelia, en el estado de Guerrero. Se trata de una región de México donde la violencia, amparada por el Estado, converge a menudo con la del crimen organizado. Este tipo de desapariciones no son infrecuentes por allí: se sabe que grupos criminales a veces retienen a niñas contra su voluntad, o las convierten en víctimas del tráfico de personas. Semanas después de su desaparición, Erika, a quien su madre describe como una chica de 15 años tranquila y estudiosa, llamó por teléfono y dijo, en una tensa voz, que se encontraba cerca de Tlatlaya. Clara fue para allá para intentar rescatarla. Madre e hija hablaron brevemente, pero los jóvenes que estaban con Erika las interrumpieron, y las obligaron a subirse a una camioneta. Las llevaron a un hangar, donde Clara fue confinada a dormir a un rincón.

Tiempo después, en las primeras horas del 30 de junio del 2014, llegó al hangar una unidad del ejército, y empezó a disparar. Siguió un intercambio de fuego cruzado. Erika fue herida de bala en una pierna. Los soldados mandaron a la gente del interior del hangar a que se rindieran, y eso hicieron. Pero unos cuantos de ellos fueron separados, uno a uno, y asesinados. La Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) de México concluyó que tuvieron lugar entre 12 y 15 ejecuciones extra-judiciales, en lo que acabó siendo conocido como la masacre de Tlatlaya. Erika estaba entre los asesinados, y todavía no está claro qué ocurrió con ella. Clara la había visto con vida, aunque debilitada por su herida en la pierna. A Clara no se le permitió atender a su hija, puesto que ella misma fue acusada de ser una criminal, una traficante de drogas. Sólo más adelante le permitieron ver el cadáver de su hija.

Clara, una profesora que trabajaba con las comunidades pobres de las fueras de Arcelia, fue interrogada durante una semana. Bajo la presión de las amenazas y un trato cruel de los funcionarios del estado que investigaban el caso, firmó una declaración sin saber a ciencia cierta lo que decía. Las únicas otras dos supervivientes de la masacre fueron torturadas durante la investigación, algo que confirmó la CNDH.

Cuando un periodista vino preguntando por Clara, para escuchar su relato como testigo ocular, ella tuvo miedo: “Me escondí como tres días y pues ya me dijo mi hijo mayor que lo hiciera pues, que nada más era una entrevista, nada más una simple entrevista. Y pues sí, me animó y lo hice. Y ya hablé, y es así como se descubrió todo”.

Pensaron que nunca hablaría

“Rompí el silencio porque estaba muy desesperada en mi casa y oyendo las mentiras que se oían por ejemplo en los periódicos, en las noticias, que no fue una ejecución extrajudicial, que fue un enfrentamiento. Eso no fue así, eso es lo que a mí me dolió, de que estaba el gobierno diciendo que se había hecho un enfrentamiento, estaba felicitándose, y era pura mentira lo que estaban diciendo ... también hablaban de mi hija, que mi hija era del crimen organizado y eso era una gran mentira, y pues más, rompí el silencio porque también lo hice en memoria de mi hija”.

Clara afirma que “El gobierno, el Estado, quería que todo quedara impune. Pues pensaban que yo nunca iba a hablar”.

Tan pronto como Clara contó su versión, al principio bajo el seudónimo de “Julia”, se vio muy requerida por otros periodistas, organizaciones de derechos humanos, y funcionarios del estado y militares que habían decidido finalmente investigar los asesinatos. Recuerda que se encontraba en un estado de shock. Tuvo que dejar su casa de Arcelia durante un tiempo, debido a las amenazas que recibía. Su caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó medidas cautelares para que México garantizase su seguridad. Ahora cuenta con escolta policial y se han instalado cámaras de seguridad en su domicilio. A pesar de todas las complicaciones, no quiere dejar su pueblo: sus tres hijos viven ahí, y es ahí donde está su trabajo.

“Ya no puedo salir a trabajar (en comunidades lejanas) como antes, ahora trabajo más cerca por la misma inseguridad ... y cuando salgo a hacer compras, pues ya no se siente uno seguro tampoco porque tienes que ir con el escolta ahí, pues ya no es lo mismo como antes que salías sola, te divertías pero ahorita ya no, ya la vida dio un giro. Es un cambio de vida para mí.”

Sabe que, como víctima de la violencia generalizada, no está sola, pero la mayoría de la gente está demasiado atemorizada como para hablar. “Vemos que han pasado cosas y no decimos nada, nos quedamos no más callados por lo mismo de que nos da miedo de que nos vayan a amenazar. Por ejemplo ahí en mi pueblo, si tú hablas o tú dices algo pues nada más van y te llevan, te hacen algo o te desaparecen, nada más por decir la verdad. Y así también el gobierno es lo que hace ... en lugar que traigan paz, traen desgracia en el pueblo.”

Ya no sabes en quién confiar

“Ya no sabes en quién confiar, porque así como en el gobierno se apoyan con el crimen organizado, el crimen se apoya con el gobierno. Vienen siendo los mismos ... y ya la gente queda en el medio. Estamos viviendo en un país de inseguridad.”

Clara cree que esta violencia, esta guerra, podría resolverse con medidas de combate contra la pobreza, impulsar la educación y crear más puestos de trabajo para que los jóvenes, atraídos por redes el crimen organizado, tengan alternativas decentes. También dice que el Estado debe formar mejor a sus autoridades para que sean capaces de tratar humanamente a la gente y respetar la ley. 

“Nos tratan mal. Si andas por allí en la calle te agarran, te golpean. Son unos elementos corruptos que tiene el gobierno”, dice Clara en referencia a los miembros de la policía, del ejército y del propio gobierno.

Siete miembros de la unidad del ejército que llevó a cabo la masacre de Tlatlaya fueron investigados en un principio, pero solo tres han sido acusados de homicidio. Clara quiere que los otros cuatro continúen siendo investigados y pide que se procese a toda la cadena de mando, puesto que se ha visto que la “orden de abatir” fue emitida desde arriba. También quiere tener acceso a la documentación de los procedimientos judiciales militares relacionados con el caso, que se mantienen fuera del alcance del público, e incluso de las víctimas o de las partes interesadas, como lo es ella misma.

En lo que se refiere a aclarar quién se llevó a Erika de Arcelia en primer lugar, no ha habido investigación alguna. El Estado dijo inicialmente que el grupo del hangar de Tlatlaya estaba vinculado al cártel de la Familia Michoacana, pero no se llevaron a cabo diligencias sobre su vinculación con el tráfico de personas o la retención de niñas contra su voluntad. Al contrario, los funcionarios del Estado insisten todavía en que Clara y Erika formaban parte del grupo criminal. Justifican las acciones del ejército, y sólo admiten que, quizás, los tres soldados que ahora se enfrentan a juicio, prodían haber incurrido en algún exceso.

“Quiero que se aclare todo de que ni mi hija ni yo soy narcotraficante como así lo habían dicho anteriormente, eso es lo que yo busco. Porque eso el gobierno no lo ha reconocido”, nos dice Clara. “Quiero que se haga justicia y quiero saber la verdad de toda la verdad. Y lo más importante para mi es que se investigue la cadena de mando. Quiero saber por qué dieron la orden de abatir, de abatir a esas 22 personas. Y también que me den el acceso a mis expedientes para saber qué es lo que hay ahí y saber qué es lo que esconde el gobierno.”

Preguntada si se arrepiente de haber hablado en esa primera “simple entrevista” hace ya tantos meses, Clara se muestra categórica: “No me arrepiento ahora de hacerlo. Lo hago con mucho orgullo y que también para muchas personas que tengan un caso así similar al mío, que no se queden calladas y que sientan el valor y que limpien también la memoria de sus hijos, de uno mismo ... porque si no, nunca México va a progresar, siempre se va a quedar en las mismas.”

Un informe completo del caso Tlatlaya fue emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que proporciona representación legal a Clara.

Más información sobre el caso de Clara está disponible en una entrevista que concedió a CNN Español y en este artículo.

CELS da especialmente las gracias al Centro Prodh por su ayuda en esta entrevista.

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Este artículo se publica como parte de una alianza editorial entre openDemocracy y CELS, organización de derechos humanos argentina con una amplia agenda, incluyendo la defensa y promoción de políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos. La alianza coincide con la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS).