El mundo ha presenciado un aumento dramático de las desigualdades de ingresos y riqueza durante las últimas tres décadas, por lo que la desigualdad económica extrema es una de las cuestiones definitorias de nuestros tiempos. Las 80 personas más ricas del planeta ahora poseen lo mismo que la mitad más pobre de la población mundial, mientras que 7 de cada 10 personas viven en países en los que la brecha entre los ricos y los pobres es más amplia de lo que era hace 30 años. En los Estados Unidos, el 10 % más rico representó más de la mitad del ingreso nacional total en 2012, el mayor porcentaje desde 1917.

En los últimos años, las políticas de austeridad impuestas a raíz de la crisis financiera mundial han agudizado la concentración de los ingresos y la riqueza. En muchas economías emergentes y países que están en transición de un régimen antidemocrático, el aumento o la persistencia de desigualdades económicas marcadas ha acabado con las expectativas de una sociedad más igualitaria. La desigualdad en Sudáfrica, por ejemplo, es mayor hoy que al final del apartheid, mientras que las medidas de austeridad regresivas han intensificado las desigualdades en la problemática transición de Egipto.

La indignación por la injusticia de la desigualdad extrema, y de las decisiones políticas no equitativas que la alimentan, ha incitado una oleada sin precedentes de movilización popular en todo el mundo. La desigualdad ha pasado al primer plano del debate político en muchos países. Se ha convertido en un elemento central de la agenda de desarrollo internacional, y es el tema de campañas de desarrollo a nivel mundial y de tomos académicos muy vendidos. Incluso los bastiones de la ortodoxia económica, como el Fondo Monetario Internacional, han identificado la desigualdad de ingresos como un desafío central del siglo XXI.

Estos debates, sin embargo, rara vez han hecho referencia a los derechos humanos. A su vez, la comunidad de derechos humanos ha prestado muy poca atención a la desigualdad económica. Si bien las desigualdades por motivos como el género, la raza y las discapacidades han sido inquietudes centrales de derechos humanos desde hace tiempo, por lo general, el activismo y las leyes de derechos humanos no han desafiado las grandes desigualdades de estatus económico.

Sin embargo, la desigualdad extrema tiene profundas repercusiones de derechos humanos. Genera marcadas disparidades en el acceso a la salud, la educación, la vivienda y otros servicios esenciales para el disfrute de los derechos económicos y sociales. También obstaculiza la igualdad de acceso a la justicia y a la participación política. Como destaca Oxfam, perpetúa la pobreza y la exclusión social, que a su vez son motores clave del conflicto y la inseguridad. La desigualdad extrema es tanto una consecuencia como una causa de las privaciones de derechos humanos. Muchos de los principales factores determinantes de la desigualdad, desde la erosión de los derechos laborales y el debilitamiento de los servicios públicos, hasta la discriminación sistémica y la captura de la toma de decisiones democráticas por élites egoístas, se pueden plantear como denegaciones manifiestas de derechos humanos garantizados a nivel internacional.

Entonces, ¿qué explica el relativo silencio de la comunidad de derechos humanos respecto a una tendencia que plantea desafíos tan críticos a toda la gama de derechos humanos? ¿Qué puntos ciegos (normativos y conceptuales, así como estratégicos y metodológicos) deben enfrentar los profesionales de derechos humanos para hacerles frente de manera eficaz? ¿Dónde y cómo se han invocado los instrumentos de derechos humanos para hacer que los gobiernos se responsabilicen de la creciente polarización económica y las privaciones de derechos humanos que esta conlleva? ¿Y cómo pueden contribuir los derechos humanos al avance de las intervenciones políticas fundamentales que se necesitan para abordar la desigualdad, desde las reformas fiscales progresivas hasta las protecciones salariales y los pisos de protección social?

Este debate de openGlobalRights incluye colaboraciones de personajes prominentes de los ámbitos de los derechos humanos y el desarrollo que han comenzado a abordar el tema de la desigualdad económica desde una perspectiva de derechos humanos. El debate se inicia con dos artículos contrastantes de los destacados académicos de derechos humanos, Philip Alston y Samuel Moyn. A partir de una descripción de la desigualdad extrema como la antítesis de los derechos humanos, Alston sostiene que la comunidad de derechos humanos necesita abordar la incompatibilidad entre ambos de una manera más directa, y que ya no puede ignorar las cuestiones de redistribución de recursos. Moyn, por el contrario, sostiene que el movimiento debe aceptar sus límites, ya que el marco de derechos humanos, por su propia naturaleza, no está bien preparado para lidiar con asuntos de igualdad distributiva ni para ofrecer una alternativa al fundamentalismo de mercado.

A este intercambio le seguirá la publicación, el jueves, de un artículo de los economistas Radhika Balakrishnan y James Heintz, quienes describen las numerosas maneras en las que la desigualdad económica amenaza todos los derechos humanos y exploran qué pueden decir las normas de derechos humanos sobre la distribución justa de los ingresos y la riqueza.  

Otros artículos durante las siguientes semanas incluirán reflexiones sobre la experiencia de reducir la desigualdad en Latinoamérica y sobre la necesidad de responsabilizar al sector comercial por su papel en la generación, y la mitigación, de la desigualdad. Por nuestra cuenta, también desentrañaremos y responderemos a algunos de los hilos que surjan en el debate, para estimular más reacciones y colaboraciones. En general, el objetivo de este debate es ayudar a la comunidad de derechos humanos a organizar una respuesta más robusta al flagelo de la desigualdad creciente, como la característica distintiva de nuestro orden económico actual.