Aumenta el número de muertes por proteger el medio ambiente (imagen: Eduardo Santos).

El pasado año fue el año con mayor número de muertes de activistas medioambientales registrado hasta la fecha, según cifras publicadas por la ONG británica Global Witness.

El último informe de la organización documenta una “crisis” que se extiende a nivel mundial, ya que el número de países en los que se registraron asesinatos se disparó de 16 a 24. El 60% de las muertes ocurrieron en América Latina, la región más peligrosa del mundo para quienes luchan contra la degradación ambiental.

Una vez más, Brasil, que ha sido testigo de conflictos particularmente sangrientos relacionados con la tierra en los últimos meses, ocupó el primer puesto en cuanto a número de asesinatos: 49. Nicaragua tiene la tasa más alta de homicidios per cápita: 11. Y en Colombia, las cifras alcanzaron su  máximo histórico con  37 muertes.

“Este informe cuenta una historia muy sombría. La lucha por proteger el planeta se está intensificando rápidamente y el coste se cuenta en vidas humanas“, afirma Ben Leather, miembro de Global Witness.

“Las FARC no eran ambientalistas, pero sí regulaban la actividad y – dado que tenían las armas – la gente cumplía”. 

En Asia, la resistencia a grandes proyectos mineros en países como India y Filipinas es objeto de represión y violencia avalada por el Estado. En India se multiplicaron por 3 los homicidios relacionados con la lucha medioambiental y Filipinas, con 28 asesinatos registrados, se destaca como el país más letal de la región.

La explotación maderera y la agricultura, incluida la ganadería extensiva, son los dos factores protagonistas de este conflicto, según el informe.

La paz es peligrosa para Colombia

El año pasado, el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) renunció al control de zonas de territorio rural como parte de un histórico proceso de paz. Pero, al hacerlo, la deforestación y la degradación ambiental aumentaron.

La deforestación en Colombia sufrió un incremento del 44% en 2016, abarcando un área de unas 180.000 hectáreas, a medida que grupos criminales se trasladaron a zonas desocupadas por las FARC y se dedicaron a la tala ilegal y a la minería, según datos aportados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Las regiones amazónicas de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, en el sur del país,  fueron las más afectadas.

“Las FARC no eran ambientalistas, pero sí regulaban la actividad y – dado que tenían las armas – la gente cumplía”, declaró recientemente la activista Susana Muhamad a The Guardian. En las zonas bajo su control, las FARC limitaron la deforestación civil a unas 2 hectáreas al año con el fin de mantener la superficie forestal, que las protegía de las fuerzas gubernamentales.

Al menos un experto ha argumentado que la ONG fusionaba los asesinatos a activistas medio-ambientales con las víctimas de conflictos agrarios.

Junto con la creciente deforestación, también han aumentado los asesinatos de los defensores de la tierra y del medio ambiente. “Paradójicamente, el proceso de paz en Colombia ha generado más violencia contra aquellos que defienden su tierra y su medio ambiente contra las industrias destructivas”,  asegura Billy Kyte, que coordina la campaña en defensa de la tierra y el medio ambiente en Global Witness.

Kyte explica que las comunidades que han regresado para reclamar las tierras que perdieron durante el conflicto armado, se enfrentan ahora a grupos paramilitares, a los grandes terratenientes y a bandas criminales cuyo objetivo es enriquecerse con la gran riqueza en recursos naturales del país.

Al gobierno colombiano le corresponde ahora promover el estado de derecho en las zonas rurales y lograr que estas sean áreas seguras para las comunidades, añade Kyte, en lugar de promover proyectos de desarrollo degradantes ambientalmente.

Metodología cuestionada

A principios de este año, al menos un experto cuestionó la metodología de Global Witness en un informe en el que evaluaba la situación en Honduras. El argumento era que la ONG fusionaba los asesinatos a activistas medioambientales con las víctimas de conflictos agrarios.

“El informe de Global Witness no resiste el escrutinio científico”, dijo José Herrero, vicepresidente de la fundación conservacionista FUCSA, ´señalando que la “confusión” del informe en cuanto a la clasificación de las víctimas generaba la sensación de un aumento en las cifras.

Kyte, que fue objeto de intimidación y amenazado con ser arrestado por promover el informe en Tegucigalpa, la capital hondureña, defiende los métodos de recolección de datos de Global Witness. “Recopilamos datos sobre defensores de la tierra y medioambientales – personas que defienden los derechos de la tierra o del medio ambiente. Nuestra definición y criterios para la inclusión es y siempre ha sido muy clara: no sólo registramos asesinatos de ambientalistas“.

Este artículo fue publicado previamente por Diálogo Chino.