Cuando el gobierno les dijo a los residentes de Temacapulín en México que, debido a la construcción de una presa, tenían que dejar sus hogares o se ahogarían, la comunidad se puso en contacto de inmediato con abogados de derechos humanos. Pero ¿a quién podían acudir en busca de ayuda para entender los planes de ingeniería y las evaluaciones de impacto ambiental? ¿Cómo podían desarrollar propuestas alternativas en sus negociaciones con el gobierno?
Casi todos los problemas de derechos humanos están relacionados con al menos un campo científico. La amenaza que planteó la presa Zapotillo en México es solo un ejemplo de las muchas situaciones en las que la investigación, el asesoramiento y el análisis de los científicos, ingenieros y profesionales de la salud pueden fortalecer el trabajo de derechos humanos. Casi todos los problemas de derechos humanos están relacionados con al menos un campo científico: los médicos y psicólogos documentan los traumas en las peticiones de asilo; los antropólogos forenses identifican los restos de fosas comunes; los geógrafos utilizan la teledetección para analizar los efectos de los derrames de petróleo en las comunidades; los estadísticos monitorean los derechos sociales y económicos. No obstante, aunque hay una multitud de organizaciones que proporcionan asistencia jurídica para enfrentar las violaciones de derechos humanos, no es tan sencillo acceder a recursos para obtener conocimientos científicos y técnicos.
Reconociendo esta necesidad, la American Association for the Advancement of Science (AAAS) (Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia) creó On-call Scientists (Científicos de Guardia), un servicio voluntario de remisiones para cuestiones de derechos humanos. Desde su creación en 2008, casi 1,000 científicos, ingenieros y profesionales de la salud se han registrado para ofrecer de manera voluntaria su tiempo y sus conocimientos para ayudar a las organizaciones de derechos humanos. Estos voluntarios han trabajado con organizaciones de todo el mundo en más de 140 proyectos. Los ejemplos de colaboración incluyen el asesoramiento sobre métodos de investigación y diseño de encuestas, el análisis de muestras de tierra para detectar contaminación, la revisión de los datos gubernamentales existentes para elaborar indicadores de derechos humanos, la investigación de los efectos económicos que pueden tener las propuestas de reformas de políticas en las comunidades vulnerables y la capacitación de profesionales de derechos humanos en el análisis forense de imágenes digitales.
