“Los detienen simplemente porque son negros”, me dijo una mujer afroestadounidense de 39 años de edad llamada Holly en agosto del año pasado, mientras describía cómo tratan a los jóvenes negros los policías de su ciudad natal y de los alrededores. “Realmente he estado ahí, viendo cómo paraban a mis primos. [Los policías] los sentaban, los registraban, incluso después de darse cuenta de que tenían a la persona equivocada. Tengo muchas historias de ese tipo”.

Conocí a Holly en la acera opuesta a la comisaría de Ferguson, donde se habían reunido los manifestantes tras el asesinato de Michael Brown, de 19 años de edad, el pasado mes de agosto. Como muchos de los manifestantes que conocí en Ferguson, ella salió a las calles para protestar contra los abusos policiales, incluidos los controles de tránsito, las citaciones y los arrestos dirigidos de manera desproporcionada a los afroestadounidenses, que ocurren desde mucho tiempo antes de que le dispararan a Brown.

Ya sea en Ferguson o en cualquier otro lugar del país, las comunidades de color reconocen perfectamente que hay un problema racial en las actividades policiales de los Estados Unidos. Una encuesta Gallup reciente mostró que los negros tienen mucha menos confianza en la policía que los blancos. Tomando en cuenta esta diferencia, no es de sorprender que a veces resulte difícil crear consensos sobre este tema. Este problema se agrava por el hecho de que nadie ha recolectado de manera sistemática información confiable sobre la raza y las actividades policiales a nivel nacional. Una serie de informes recientes destaca ese vacío como un primer paso para entender por qué persisten tenazmente los problemas raciales en las actividades de la policía.

Over 1 million protesters march against police brutality and structural racism in New York City. The problem of race-based policing in the US extends far beyond the city limits of Ferguson, Missouri.

El informe del Departamento de Justicia de los EE. UU. sobre el departamento de policía de Ferguson y el informe provisional del Grupo de Trabajo del Presidente sobre las Actividades Policiales en el Siglo XXI, ambos publicados este mes, dejan claro que los EE. UU. requieren una reforma integral de sus sistemas policiales, que empiece con una recopilación más robusta de datos.

El primer informe concluyó que los afroestadounidenses reciben un impacto desproporcionado en todos los niveles del sistema penal de Ferguson. De 2012 a 2014, conformaron el 67% de la población de Ferguson, pero fueron objeto del 85% de los controles de tránsito. Cabe destacar que los individuos blancos a los que registraba la policía tenían más probabilidades de llevar contrabando que los de raza negra en situaciones similares. Los afroestadounidenses recibieron el 90% de las citaciones emitidas por el departamento de policía; conformaron el 93% de las detenciones, y fueron objeto del 88% de los casos de uso de la fuerza por parte de la policía. Además, según el informe, el sistema judicial municipal fue poco más que una máquina para generar ingresos que se enfocaba en los afroestadounidenses, con la policía de Ferguson como su “agencia de cobranza”.

Es difícil saber cuál es la causa central de la discriminación en las prácticas policiales, pero es claro que la historia de la discriminación en Ferguson es indisociable de la de los Estados Unidos en su totalidad. Como explicó el Fiscal General de los EE. UU., Eric Holder, el Departamento de Justicia “no encontró ninguna explicación alternativa para el impacto desproporcionado sobre los residentes afroestadounidenses aparte de un prejuicio racial implícito y explícito”. De hecho, algunos de los detalles más impactantes de la investigación fueron los correos electrónicos despiadadamente racistas enviados entre los oficiales de policía y los empleados de los tribunales, los cuales, en vez de provocar quejas, por lo general eran reenviados por sus destinatarios.

En respuesta, el alcalde de Ferguson, James Knowles, señaló que “pocas comunidades del país han experimentado este grado de escrutinio”. Tiene razón. Hay alrededor de 17,000 organismos de orden público locales y estatales en los EE. UU. El Departamento de Justicia tiene autoridad para investigar los patrones y prácticas de estos organismos desde 1994 (y ha utilizado dicha autoridad cada vez más durante la gestión de Eric Holder), pero no puede estar en todas partes. 

Al mismo tiempo, el gobierno federal de los EE. UU ni siquiera mantiene un conteo preciso de cuántos civiles mueren a manos de la policía al año. Un informe del Buró de Estadísticas Judiciales, publicado también la semana pasada, reveló que da seguimiento solamente a alrededor del 50% de las muertes relacionadas con la policía cada año.

Si no se cuenta con mejor información sobre la violencia policial y la caracterización racial, resultará difícil encontrar soluciones. Tanto el informe de Ferguson como el informe del Grupo de Trabajo del Presidente contienen recomendaciones para los organismos de orden público en todo el país, incluidas sugerencias de que la policía recopile muchos más datos, como la información demográfica en los casos de uso de la fuerza, y más información sobre muertes relacionadas con elementos policiales.

Es difícil saber cuál es la causa central de la discriminación en las prácticas policiales, pero es claro que la historia de la discriminación en Ferguson es indisociable de la de los Estados Unidos en su totalidad. No es posible comprender bien ninguna de las dos si no se cuenta con mejor información, como la que recopiló en Ferguson el Departamento de Justicia y la que pide el Grupo de Trabajo del Presidente. La recopilación de datos en sí no resolverá nada, pero seguir sin obtener esta información esencial prácticamente garantiza que el problema no será resuelto.

Como me dijo Holly aquel día en Ferguson, “tal vez Mike Brown hará que algunas personas despierten”.