El 21 de noviembre se reiniciaron los diálogos entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Caracas, Venezuela. Este acontecimiento es una buena noticia para el país.

Se trata de recuperar el tiempo perdido en materia de paz y seguridad del gobierno de Iván Duque (2018-2022), periodo durante el cual, la implementación del acuerdo de paz con las FARC no fue la prioridad, las organizaciones armadas no estatales continuaron evolucionando, fragmentándose y rearmando, se agudizaron disputas y el impacto humanitario aumentó. A su vez, el recién posesionado gobierno de Gustavo Petro es consistente respecto de lograr una paz lo más amplia posible con uno de los múltiples actores armados que persisten en Colombia.

Lo de Caracas es el reinicio de los diálogos que comenzaron en Quito, en febrero de 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos y fueron suspendidos en 2019 por el gobierno de Iván Duque, después de que el ELN cometió un atentado terrorista contra una escuela de formación policial en Bogotá.

Ahora bien, ¿cómo entender este reinicio? ¿Es para tomárselo con positivismo tóxico o con una gran dosis de realismo y cautela? Propongo las siguientes ideas para intentar responder esta pregunta.

Diálogos vs. negociaciones… ¿y el carácter vinculante?

El primer elemento es que nunca se han dado negociaciones entre el ELN y el Estado colombiano. Sí ha habido diálogos exploratorios desde los años 90, y con el gobierno de Petro se continúa en esa línea.

Me dirán que la diferencia entre diálogos y negociaciones es menor, pero no lo es. Mientras que la primera no necesariamente vincula a las partes –quizá las acerque y las lleve a consensos preliminares sin afán, al menos por parte del ELN que se ha opuesto a una paz exprés–, la segunda significa compromisos sobre temas específicos que se deben cumplir implementándolos.

Durante la reanudación de los diálogos esta diferencia se hizo más clara. El jefe de la delegación de paz del ELN, Pablo Beltrán, dejó claro que el punto de partida para el ELN no es la “paz total” (bandera del gobierno Petro que ese grupo guerrillero ha puesto en entredicho en comunicados y redes sociales), sino el Acuerdo de Diálogos para la Paz de 2016 que se desarrolló durante el gobierno de Juan Manuel Santos en Quito y Cuba, y que, de acuerdo con Beltrán, podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes.

Así las cosas, ni el ELN tiene prisa, ni se considera otro elemento más de la paz total del gobierno de Petro. Al no tener afán, como lo han mostrado desde los años 90, este gobierno intentará que los diálogos exploratorios avancen de forma paralela a la muy arriesgada apuesta de buscar procesos de sometimiento, diálogos y negociación con otras organizaciones armadas no estatales que quieren sus propias condiciones, espacios, tiempos, protagonismos, y tienen intereses sobre los que uno se pregunta sobre la oferta y capacidades del gobierno para satisfacerlos. Gran tarea. También ilusa.

Volvamos a la tensión diálogos-negociación. La agenda de diálogos de Quito supone dos momentos: el de diálogos y el de negociación. En otros espacios he advertido que los diálogos se dan entre el gobierno y el ELN, y la negociación cuando se desarrolle el punto 3 de la agenda (“transformaciones para la paz”) que incluye la puesta en marcha de la participación de la sociedad civil o diálogo amplio, que será el espacio de toma de decisiones para alcanzar “propuestas transformadoras” sobre temas estructurales como pobreza, exclusión social, corrupción, degradación ambiental, equidad.

El ELN no negocia con el Estado porque eso significaría caer en una visión elitista de la paz e iría en contradicción con principios de esta guerrilla. Según estos principios, el poder no está en quienes gobiernan sino en los ciudadanos, que deben tener voz e incidencia directa sobre la solución de sus propios problemas, aunque no sea claro el carácter vinculante de las decisiones que se tomen en por medio de esos ejercicios de participación directa.

Esta secuencia –se dialoga en la mesa, se negocia con y entre la sociedad– deja en el aire otras preguntas:

¿Lo que se decida en los espacios de participación de la sociedad civil será vinculante y cómo?

¿Qué se retomará de los avances sobre mecanismos de participación de la sociedad civil durante el gobierno de Santos?

¿Cómo se dialogará y negociarán temas que atañen exclusivamente al ELN, cómo víctimas y fin del conflicto, puntos 4 y 5 del Acuerdo de Quito, respectivamente?

¿Qué institucionalidad para garantías de seguridad habrá para una cantidad indeterminada de colombianos que exigirán al ELN verdad y no repetición en esos hipotéticos espacios de participación?

¿La sociedad civil que ha sido víctima del ELN aguantará la poca prisa que tiene el ELN y la visión colorida de la paz –como la música de “jazz”, según el canciller colombiano Álvaro Leyva– de este gobierno?

El difícil asunto de la dejación de armas

A lo anterior se suma que el ELN ha dicho que la dejación de las armas es el resultado de la implementación de lo negociado, entendiendo por implementación las transformaciones que el país requiere y quedó plasmado en la Agenda de Quito.

En esta medida, ¿la dejación de armas se dará cuando se acabe la pobreza, exclusión social, corrupción, degradación ambiental e inequidad? ¿En 10, 15, 20 años? Acá es importante una dosis de realismo combinado con algunos dilemas. Menciono los siguientes:

- La sociedad colombiana en zonas de influencia del ELN clama por acuerdos humanitarios verificables que reduzcan la violencia y no aguantará unos diálogos eternos ni mucho menos una veeduría armada por parte del ELN de un hipotético proceso de implementación.

- El ELN ha observado y aprendido del incumplimiento de la implementación del acuerdo de paz con las FARC y saben que la dejación de armas significa la desactivación del aparato armado, pero no garantiza el cumplimiento de lo acordado.

- ¿La comunidad internacional (tanto la que apoya ciega y anodinamente, como la que expresa serias dudas sobre la paz total) se limitará a ser espectadora de diálogos indefinidos o eventualmente exigirá retomar principios de otros procesos que tienen en su ADN la dejación de armas?

- El ELN sabe que el Estado colombiano no puede controlar militarmente todo el territorio nacional, ni contener la violencia, ni mucho menos estabilizar regiones donde persistirán otros grupos armados que se convertirán en la principal amenaza de esa guerrilla y sus bases sociales. Hasta Otty Patiño, jefe de la delegación de diálogos del gobierno lo reconoció recientemente en una entrevista. Sin armas, esta situación sería impensable.

- El ELN también observará las capacidades reales del gobierno de Petro. Uno, para llevar a cabo otros procesos de negociación y sometimiento. Dos, para pasar de los anuncios a resultados concretos en contención de violencia por medio de una estrategia de defensa y seguridad (sí: los gobiernos progresistas y de “cambio” también deben diseñar una). Y tres, para para mostrar resultados tangibles en la implementación del acuerdo con las FARC. Esto será un laboratorio para comprobar si hay una relación directa entre las posibilidades de lograr la paz y la elección de un gobierno progresista y de “cambio”.

- El ELN también es consciente de la incertidumbre con otros procesos de negociación y sometimiento que adelante el gobierno Petro en estos cuatro años. ¿Los éxitos o fracasos de otros procesos de la “paz total” acelerarán o ralentizarán el proceso con el ELN, respectivamente?

- El ELN afirma no pedir nada, como lo dijo Pablo Beltrán en Caracas, el pasado 21 de noviembre. Dijo, por ejemplo, que no les interesan las curules, en clara alusión a las cláusulas de participación política que se acordaron para que las FARC estén en el Congreso. Al mismo tiempo, el ELN quiere que se den las transformaciones que dieron origen al conflicto armado como condición para dejar las armas. Es decir, ¿no quieren nada, pero quieren todo? Difícil.

- Los escenarios en los que la sociedad civil participará no necesariamente estarán sintonizados con los intereses del ELN. En otras palabras, la dejación de armas se exigirá, junto con principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. La experiencia en Colombia nos dice que estos principios se han llevado a cabo gradualmente y en contextos políticos adversos aún sin las transformaciones que la construcción de paz supone. ¿Habrá incentivos y garantías de seguridad para demandar estos principios con una organización aún en armas?

La realidad organizacional del ELN y las prisas del gobierno

Un tercer y último elemento es que parece haber serios problemas en caracterizar el tipo y naturaleza de organización que es el ELN. Si algo nos ha mostrado otros dos procesos de paz en Colombia, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con las FARC, es lo poco que conocemos a estos grupos cuando comenzamos a conocer, por ejemplo, historias de excombatientes e investigaciones judiciales.

Respecto del ELN, a pesar de que hay conocedores de esa guerrilla que se han dedicado a estudiarla, se sigue cayendo en lugares comunes que dificultan comprender la relación entre el tipo de organización y los diálogos.

El ELN no es una constelación de redes, como lo fueron las AUC, ni es una organización vertical que se asemejó a un ejército, como las FARC. A pesar de esa realidad organizacional, se sigue apelando al manido marco analítico de querer definir a ELN por su número de integrantes e injerencia por número de municipios que por lo general desemboca en un error brutal: es una guerrilla más chica, jamás como lo fueron las FARC.

Por ejemplo, lo primero es imposible porque no tiene en cuenta redes clandestinas, trabajo de masas, su alcance binacional, apoyos sociales que incluso están incrustados en la administración pública y la sociedad civil que se identifica como “elena” (del ELN). Por consiguiente, siendo el ELN una organización político-militar, lo militar es apenas una de las dimensiones a la que, paradójicamente, se le sigue dando la mayor importancia.

Sin embargo, en el debate público poco se pregunta sobre las instituciones y dinámicas que esta guerrilla y la guerra ha creado y transformado al vaivén de su historia (sí: la guerra crea órdenes y no solo destruye), y qué de esto persistirá a pesar de unos diálogos. En unas eventuales negociaciones, ¿qué significará las instituciones y órdenes sociales y políticos que han creado?

La toma de decisiones en esta guerrilla es diferente. Es más participativa, menos impositiva o castrense, su estilo es el del diálogo (ver las recientes publicaciones de su máximo líder, Antonio García) y esto se corresponde con una horizontalidad organizacional y un carácter mas federado.

Sumado a esto, ¿tiene la delegación de paz del ELN capacidad para tomar decisiones con tiempos acotados, como, por ejemplo, ocurrió en Cuba con las FARC?, ¿hay metodologías y experiencias de otros intentos de diálogo con el ELN que sirvan a la delegación de paz del gobierno colombiano?

El proceso de negociación con las FARC en Cuba ha dejado inmensas lecciones (métodos, estrategias, tiempos, confidencialidad, conformación de mesas y mecanismos formales e informales para tomar decisiones y dirimir diferencias, construcción de mensajes y trabajo con medios, participación de las fuerzas militares con capacidad negociadora, etc.).

Sin embargo, quienes defienden esa experiencia como el modelo a seguir parten de posiciones estáticas y esencialistas que no se ajustan ni al tipo de organización que es el ELN, ni a los cambios en el conflicto armado desde 2012, ni al hecho que hay un gobierno con un estilo (desconocemos los métodos y estrategias) que piensa que puede abarcar a todas las organizaciones armadas no estatales bajo el vendedor, pero por el momento vacío, eslogan de la “paz total.”

Insisto: el ELN no tiene prisa, el gobierno sí, entre otras razones porque ya no hay reelección presidencial y en el último año del actual gobierno amentará la incertidumbre de las partes en medio de una campaña en el que la derecha intentará retomar el poder.

¿Hasta dónde aguantará el presidente Petro unos diálogos exploratorios sin horizonte de tiempo, al tiempo que el ELN consultará cada coma y punto de lo que se dialogue en Caracas?

¿Será la comunidad internacional garante y hará llamados a la cordura por medio de sus buenos oficios y capacidades para que los diálogos en estos cuatro años lleven a un buen puerto, o asumirán una actitud zalamera?

¿Qué queda de las iniciativas de acuerdos humanitarios para contener y reducir la violencia que desde la sociedad civil se vienen trabajando en medio de la guerra abierta que continúa en algunas regiones?

¿Cómo compaginar lo urgente para las poblaciones que sufren la guerra, las prisas del gobierno y la calma ELN?

Finalmente, queda en el aire la incertidumbre sobre la unidad de mando del ELN, es decir, qué tan cohesionados o no están. Aunque se acepte, por ejemplo, que el ELN ha cumplido con los últimos ceses al fuego, lo que demostraría mando y disciplina, es muy diferente las realidades y rigores que impone un proceso de diálogo y de negociación en una organización armada no estatal. Lo cual se acentúa a medida que avanzan estos procesos, que, en muchos casos, aumentan la incertidumbre en ciertas capas políticas y mandos militares de la organización.

Una cosa es la realidad organizacional de un grupo armado al inicio de unos diálogos, otra a medida que se avanza, y otra muy diferente cuando se está ad-portas de fases definitivas de una negociación. La experiencia con las FARC entre 2012 y 2016 lo corrobora. Ni qué decir, su transformación de grupo guerrillero a partido político.

Por lo pronto, el país espera que estos diálogos avancen entre negociadores para llegar a un buen puerto, pero que al fin y al cabo representan, unos al Estado y otros a una organización armada no estatal. Esto no es entre simpatizantes, ni entre amantes del jazz.