8 de septiembre 2013: Miguel Ángel Durrels, de 29 años, trabajaba como cuidador de caballos de polo en una finca en Pilar, un suburbio de Buenos Aires. Esa tarde estaba en la calle cuando fue detenido por la posesión de 78 gramos de marihuana. Unas doce horas después Miguel fue encontrado sin vida en el sector de calabozos de la Comisaría 1° de Pilar. El cuerpo de Miguel apareció ahorcado con un cable eléctrico y casi parado contra los barrotes. Los policías dijeron a sus parientes que se había suicidado. La autopsia concluyó que murió por asfixia mecánica por compresión (ahorcadura) y que también tenía lesiones no mortales en su cara y tórax. Sus familiares denunciaron que no se les permitió ver el cuerpo antes de la autopsia. El sector donde Miguel fue alojado había sido clausurado por orden de un juez y no podía alojar a nadie. Todos estos elementos llevaron a la familia a reclamar justicia y a tratar de conocer la verdad acerca de lo sucedido con Miguel.
La familia cuenta que cuando comenzó la investigación, los relatos de los policías fueron contradictorios e imprecisos respecto de los horarios de detención y de ingreso al hospital para la revisión habitual de los detenidos, que debe llevarse a cabo antes de la reclusión. Asimismo, existieron imprecisiones respecto de la cantidad de personas alojadas con Miguel, y el horario en que estas personas estaban allí. Su familia sigue reclamando establecer el grado de responsabilidad de la policía por la muerte de una persona que estaba bajo su custodia. Cuatro policías fueron investigados inicialmente por desobediencia de la orden judicial y homicidio culposo (por negligencia), pero un nuevo fiscal del caso pidió reducir la acusación para la etapa de juicio solamente por desobediencia.
