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¿“Deskirchnerizar” Argentina significa desmantelar las políticas de derechos humanos?

Entre los varios cambios generados por el gobierno del nuevo presidente Mauricio Macri, el desmantelamiento en los avances de las políticas de derechos humanos conseguidos con grandes esfuerzos es una de las preocupaciones principales. Una contribución al debate de openGlobalRights sobre la reducción de espacios. English

En el mes de marzo, durante la visita de François Hollande a Argentina, el presidente de Francia planeó una reunión con las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización dedicada a la búsqueda de niños robados durante la dictadura argentina. Solo 48 horas antes de la llegada de Hollande, el nuevo presidente del país, Mauricio Macri, visitó sorpresivamente el ex Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un antiguo centro de detención clandestino que en 2004 adquirió el nuevo nombre de “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”. Al día siguiente, Macri se reunió con las  Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en la residencia presidencial de la Quinta de Olivos, después de haberse negado a recibirlas hasta ese momento por falta de tiempo.

Estas visitas repentinas ocurrieron después de que ciudadanos y agrupaciones de derechos humanos denunciaran que el nuevo presidente estaba desmantelando las políticas públicas de derechos humanos que fueron tan difíciles de obtener en el país. Macri es un ingeniero, un adinerado hombre de negocios y el primer líder de la “nueva derecha” del management en Argentina desde el retorno a la democracia en 1983. Asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2015 con una ventaja de 2.68 %, tras doce años de presidencias consecutivas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Durante el período de los Kirchner, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial colaboraron de maneras innovadoras para investigar y juzgar a personas acusadas de crímenes contra la humanidad. Entre 2006 y 2015, los tribunales realizaron 153 audiencias orales sobre los crímenes cometidos por la dictadura. En ese período, los tribunales han condenado a 660 personas, absuelto a otras 60 y todavía están investigando a 353 más. Como resultado, el movimiento local de derechos humanos reconoce en los Kirchner el compromiso de haber transformado las largas exigencias del proceso de memoria, verdad y justicia en políticas de Estado reales.

Macri parece decidido a distanciándose de las políticas de derechos humanos para enfatizar su compromiso con el “cambio”Macri, sin embargo, parece decidido a anular gran parte de ese trabajo, distanciándose de las políticas de derechos humanos para enfatizar su compromiso con el “cambio”, una palabra clave en su campaña. Apenas asumido el mandato, su administración comenzó a referirse al antiguo centro de detención de la ESMA como un “campus” en vez de llamarlo Sitio de Memoria. El día después de que Macri asumiera el cargo, el periódico derechista de amplia circulación, La Nación, criticó los juicios de derechos humanos en curso por ser “escenas de venganza” y exigió que se les pusiera fin. Una gran variedad de activistas, integrantes de la sociedad civil y periodistas repudiaron de inmediato la editorial. Como ha dicho la filósofa Verónica Torrás, el amplio grado de consenso sobre el proceso judicial es un pacto fundamental para la democracia argentina. Alterar ese pacto es alterarlo todo.

En seguida, un grupo de periodistas le preguntó al presidente por la continuidad de los  juicios, y Macri les aseguró a todos que los tribunales permanecerían autónomos. Las organizaciones de derechos humanos señalaron, sin embargo, que la “autonomía judicial” no garantiza la continuación de los juicios. La independencia de los tribunales de Argentina ha sido un tanto precaria durante mucho tiempo, y el presidente  podría afectar los procesos al desactivar áreas específicas del Estado destinadas a acompañar el proceso de justicia.

El 23 de febrero de 2016 un conjunto de agrupaciones de derechos humanos entregó una petición al presidente expresando su “profunda preocupación” por el desguace de las políticas de derechos humanos. Las  firmas incluyeron  a  Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.


Lucas Paulson (Some Rights Reserved)

The organization, 'Madres de la Plaza de Mayo' participate in their weekly march outside Casa Rosada in Buenos, Aires. Madres de la Plaza de Mayo is among the groups expressing concern over President Macri's rollback of human rights policies.


A través de una serie de medidas, el presidente había desmantelando y socavado  organismos estatales dedicados a las investigaciones de derechos humanos. Despidió más de 41,000 empleados  públicos en los cuatro primeros meses de administración entre ellos parte de los investigadores de áreas de derechos humanos. En enero, el gobierno eliminó una subgerencia del Banco Central dedicada a investigar la complicidad del sistema bancario y financiero en la dictadura. En el Ministerio de Defensa, la dirección de derechos humanos y derecho internacional humanitario, responsable de analizar los documentos clasificados de las Fuerzas Armadas, no experimentó despidos, pero básicamente suspendió sus operaciones cuando el Estado dejó de asignarle trabajo.

Por otra parte, el Estado había dejado de consultar a esa dirección sobre los antecedentes penales de los miembros de las Fuerzas Armadas nombrados recientemente para ocupar puestos gubernamentales. En consecuencia, era posible que oficiales que estuvieron involucrados en violaciones de derechos humanos formaran parte de la nueva administración. El Estado ha nombrado a oficiales militares retirados en puestos que habían sido ocupados por civiles desde la transición a la democracia, lo que indica que Macri podría  inclinarse a regresar a otros militares al gobierno. Una situación que pone bastante nerviosos a muchos argentinos.

El nuevo gobierno también desactivó dos secciones del Ministerio de Seguridad relacionadas con los derechos humanos. La primera coordinaba los esfuerzos para identificar personas desaparecidas, mientras que la segunda investigaba los secuestros de niños durante la dictadura. El gobierno también hizo cambios en el Ministerio de Justicia, en especial en los programas que afectan los procesos de verdad y justicia. Y la última ola de despidos en febrero alcanzó a un sector del Ministerio de Justicia dedicado a congelar las cuentas de militares fugitivos y a investigar empresas acusadas de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, en diciembre de 2015, el presidente nombró unilateralmente a dos jueces de la Corte Suprema, haciendo caso omiso de las consultas tradicionales con el Congreso.

El nuevo gobierno se muestra así dispuesto a  socavar y desmovilizar a los organismos estatales en esta materia. El 22 de diciembre de 2015, las fuerzas de seguridad argentinas reprimieron por la fuerza a los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja, durante una manifestación por salarios adeudados. Hicieron lo mismo en enero de 2016 con trabajadores municipales de La Plata que protestaban contra una ola de despidos masivos. Y el 16 de enero, las fuerzas del Estado detuvieron a Milagro Sala, líder indígena y parlamentaria en el bloque comercial Mercosur, con el argumento de que había cometido “instigación a la protesta”. Amnistía Internacional informó de esta detención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas y Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema y actual miembro de la CIDH, calificó la detención de “ilegal” y un “escándalo internacional”.

A pesar de que las críticas en materia de derechos humanos han generado algunos cambios, como la decisión del presidente de finalmente canalizar los nombramientos de la Corte Suprema a través del Congreso, el impulso hacia el cierre de espacios políticos continúa. Incluso mientras corregía el proceso de nombramiento de los jueces, el presidente autorizó un protocolo de actuación que amplía la autoridad de las fuerzas de seguridad para detener y usar la fuerza contra los manifestantes.

El cambio ha sido una palabra clave en el discurso político de Macri; ha prometido enormes cambios económicos y ambiciosos planes de infraestructura. Pero el retroceso de los procesos de derechos humanos, la imposición de decretos presidenciales, la revocación de importantes leyes de medios, devaluación y despidos masivos, no son la clase de cambios que desean muchos argentinos. Puede que Macri haya ganado las elecciones, pero es poco probable que el pueblo argentino tolere el desmantelamiento de la democracia respetuosa de los derechos que tanto lucharon por conquistar.


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