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Se busca: una respuesta internacional a la oleada creciente de impunidad

Las organizaciones de la sociedad civil están bajo ataque porque las élites políticas saben que tienen poder. Pero ¿dónde están los refuerzos internacionales? Una contribución al debate de openGlobalRights sobre la reducción de espacios para la sociedad civil. English

El 5 de marzo de 2016, el gobierno turco tomó el control del más grande periódico privado del país, Zaman. La intervención tuvo lugar en las oficinas centrales del periódico entre escenas extrañas aunque deprimentemente familiares: policías con equipo antidisturbios arrojando latas de gas lacrimógeno hacia las multitudes de manifestantes que repetían frases de protesta.

Hace diez años, una agresión tan descarada contra la libertad de prensa probablemente habría sido contraria a la lógica de los cálculos políticos internacionales de Turquía. Ya no. Por desgracia, ahora vivimos en una era en la que los líderes políticos y los actores no estatales poderosos saben que la sociedad civil y los medios son blancos legítimos, y en la que es poco probable que las violaciones graves de derechos fundamentales acarreen sanciones punitivas o siquiera el desaire de la comunidad internacional.

Por supuesto, la sociedad civil está respondiendo a las amenazas actuales en su contra, como lo muestra la valentía de los activistas que continúan su peligrosa lucha todos los días alrededor del mundo. Pero lo ha hecho principalmente de país en país. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de hacer frente a la situación al emitir fuertes condenas en reiteradas resoluciones, elevar el perfil de los acuerdos internacionales y apoyar a los grupos de trabajo y los Relatores Especiales, cuya labor ayuda a traducir el derecho internacional en recomendaciones prácticas para que sigan los Estados. A pesar de todos estos esfuerzos, el panorama general sigue siendo desalentador.

En el mundo actual, la lucha contra el terrorismo, el estancamiento económico y la crisis de refugiados se sobreponen a la necesidad de proteger la democracia y el espacio para una sociedad civil dinámica. No cabe duda de que estos son problemas importantes, y todos ellos juegan un papel en Turquía. La incursión en Zaman llega en un momento en el que es más probable que los líderes de la Unión Europea (UE) pasen por alto las violaciones de derechos humanos; necesitan desesperadamente la ayuda del gobierno turco para enfrentar un problema que es mucho más acuciante desde su perspectiva: la migración masiva desde el Medio Oriente a través de Turquía.


Emrah Gurel/Press Association Images (All rights reserved)

Thousands of protestors gather in solidarity outside the Zaman newspaper headquarters after Turkey declared a government takeover of the agency.


Los gobiernos de todo el mundo están haciendo cálculos similares día con día. Hace una década, podríamos haber esperado que este tipo de ataques se limitarán a puntos geográficos específicos, acosadas por los conflictos, las instituciones democráticas débiles y el autoritarismo. En 2014, CIVICUS publicó una lista de 96 Estados Miembros de las Naciones Unidas que habían violado las libertades fundamentales de manera significativa. Nuestros hallazgos provisionales para 2015 muestran que en la actualidad hay al menos 101 países en esta lista. Estos países están dirigidos por una variedad de gobiernos autoritarios, híbridos y democráticos, y las personas que viven en ellos representan aproximadamente el 86 % de la población mundial. A imitación de una enfermedad contagiosa, la erosión de libertades civiles se ha propagado por todo el mundo.

Desde 2013, cuando Edward Snowden reveló la magnitud de la vigilancia masiva por parte de los Estados Unidos y varias otras democracias consolidadas a través de la alianza Five Eyes, los ciudadanos de todo el mundo se han dado cuenta de que sus propios gobiernos electos, que supuestamente deben rendirles cuentas, están amenazando sus libertades fundamentales. Los ataques contra la sociedad civil en los entornos democráticos también se están expresando de nuevas maneras: desde las normas restrictivas sobre las ONG en el Reino Unido y las duras sanciones contra los manifestantes pacíficos en España y Australia hasta el escarnio público de la sociedad civil en Hungría. De acuerdo con nuestras observaciones de 2015, la cantidad de países que violan seriamente el espacio para la sociedad civil en el continente europeo saltó de nueve a 16.

Debido a todo lo anterior, ahora es más difícil que los Estados democráticos adopten una postura de superioridad moral cuando promueven los derechos humanos más allá de sus fronteras. Esta situación también ha envalentonado a otros Estados, que saben, como Turquía, que es poco probable que se les responsabilice a nivel internacional por abusar de la sociedad civil.

Las agresiones a la sociedad civil son impulsadas por una cultura de impunidad cada vez mayor.A nivel nacional, estos gobiernos infractores también tienen una total libertad de acción. Si bien los tribunales independientes y un fuerte Estado de Derecho resguardan a la sociedad civil de las peores clases de ataques en los Estados democráticos, en muchas otras partes del mundo (donde las instituciones democráticas son mucho más débiles), las agresiones a la sociedad civil son impulsadas por una cultura de impunidad cada vez mayor. Esto incluye la impunidad de agentes de policía no identificados que aplican fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y una ausencia de consecuencias para los actores estatales y no estatales que saquean las oficinas de las ONG. Peor aún, significa que las personas que han abatido a periodistas de investigación a sangre fría no son investigadas ni procesadas.

La impunidad también se extiende más allá de las personas. Por ejemplo, no se llama a cuentas a las empresas con fines de lucro implicadas en violaciones de derechos humanos, como las maquiladoras en México. Además, países como Azerbaiyán, Etiopía y Egipto, que han destruido sus sociedades civiles, siguen siendo cortejados por las democracias en el escenario internacional como parte de juegos geopolíticos de poder. En las encuestas piloto que realizó CIVICUS con integrantes de la sociedad civil en 2015-2016 acerca del entorno en el que trabajan, los encuestados en Sudáfrica, Polonia, Tayikistán y Macedonia asignaron las calificaciones universalmente más bajas a la voluntad gubernamental para investigar abusos contra el sector.

No hay duda de que la sociedad civil se ve injustamente afectada por todo esto. No existe justificación alguna para golpear o encerrar a las personas que están tratando de fomentar un debate democrático sólido o pedir cuentas a los líderes. Al mismo tiempo, la sociedad civil debe evitar la creación de una narrativa monotemática basada solamente en la privación de poder y la victimización. Debemos recordar que se ataca a las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y los activistas individuales porque están teniendo un impacto, porque sí tienen poder y porque sus acciones incomodan a las arraigadas élites políticas y económicas.

Más importante aún, la agresión contra la sociedad civil se debe comprender correctamente no solo como un síntoma del fracaso democrático, sino también como un debilitamiento de las fuerzas que realmente pueden solucionar los problemas de intolerancia y exclusión que dividen a las sociedades hoy en día. Los Informes sobre el estado de la sociedad civil de CIVICUS de 2014 y 2015 dejaron abundantemente claro que la sociedad civil ha sido la primera socorrista en las situaciones de crisis y de conflicto, salvando vidas, acercándose de manera compasiva a los refugiados y defendiendo los derechos de las personas más marginadas en la sociedad.

Lo que necesitamos ahora es una mucho mayor solidaridad internacional y la creación de un movimiento social internacionalizado, cuyo objetivo central debe ser el desarrollo de una narrativa positiva y una visión de sociedades libres y equitativas, protegidas por un espacio robusto para la sociedad civil. En 2016, CIVICUS planea respaldar estos esfuerzos a través de una nueva campaña internacional sobre el espacio cívico y mediante el lanzamiento de nuestra nueva plataforma en línea, Monitor del Espacio Cívico. La sociedad civil también necesita presionar a sus aliados tradicionales para que hagan mayores esfuerzos por evitar la erosión de la democracia a nivel nacional, de manera que sus solicitudes de protección se tomen en serio. Por ejemplo, las OSC europeas deben continuar con sus esfuerzos para garantizar que la UE aproveche de manera más vigorosa las herramientas como el marco normativo para salvaguardar el Estado de Derecho, el cual recientemente fue llamado a actuar por primera vez en respuesta a los acontecimientos en Polonia.

Si no hacemos algo ahora, las acciones como la indignante toma del periódico Zaman por parte de Turquía, y el silencio ensordecedor del resto del mundo, cada vez serán más comunes.


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