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Los bancos de desarrollo y el silenciamiento de la disidencia

Al ignorar las inquietudes de la comunidad en torno a los proyectos de desarrollo, las instituciones multilaterales pueden convertirse en cómplices de las violaciones de derechos humanos y la reducción de espacios. Una contribución al debate de openGlobalRights sobre la reducción de espacios para la sociedad civil. EnglishFrançais

A principios de este mes, el Banco Mundial aprobó una reforma completa de su marco social y ambiental. Después de cuatro años de intenso debate, la declaración de la visión del marco final incluye una nueva disposición que afirma que “las actividades del Banco Mundial apoyan la realización de los derechos humanos ...” y que el Banco “busca evitar los impactos adversos y seguirá apoyando a los países miembros en sus esfuerzos para alcanzar progresivamente sus compromisos de derechos humanos”. Pero las fuerzas que prevalecen dentro del Banco rechazaron el llamado a ir más lejos e incluir un compromiso vinculante de respetar los derechos humanos, recurriendo de nuevo a los anticuados argumentos de que los derechos humanos son cuestiones políticas y quedan fuera del mandato de desarrollo del Banco.

Esta negativa del Banco a institucionalizar finalmente los derechos humanos es un fracaso absoluto para las personas que arriesgan sus vidas alzando la voz sobre los proyectos de desarrollo o defendiendo sus tierras. De hecho, las medidas represivas del gobierno contra la sociedad civil en muchos países se dirigen específicamente a aquellos que pueden interponerse en el camino de las iniciativas de desarrollo. El grupo de vigilancia Global Witness identificó el año 2015 como el peor año que se haya documentado en lo que respecta al asesinato de defensores de la tierra y el medio ambiente, con 185 muertes en 16 países. Alrededor del mundo, los gobiernos están aprobando cada vez más leyes que restringen las actividades de las agrupaciones de la sociedad civil y haciendo que resulte más difícil que se escuchen las voces que pudieran criticar las iniciativas de desarrollo. Este ambiente de violencia, intimidación y reducción de espacios para la sociedad civil hace que la participación pública significativa en el desarrollo sea prácticamente imposible.

El financiamiento para el desarrollo está en una trayectoria de colisión con los derechos humanos. La combinación de violaciones de derechos humanos y desarrollo no es algo nuevo, por supuesto. Sin embargo, la presión cada vez mayor sobre la tierra y los recursos y el reciente resurgimiento de los grandes proyectos de infraestructura han creado una mezcla volátil. Combinado con la decisión de los bancos de desarrollo tradicionales de aumentar las inversiones en “Estados frágiles y afectados por los conflictos”, y la reducción de espacios para la sociedad civil a nivel mundial, el financiamiento para el desarrollo está en una trayectoria de colisión con los derechos humanos.

Esta volatilidad se manifiesta actualmente en una comunidad indígena en la zona rural de Sindhuli, en Nepal. Abhijeet* y esta comunidad han escrito cartas, han presentado quejas, han acudido a los tribunales, se han organizado y han montado manifestaciones para protestar contra la construcción de una línea de transmisión de alto voltaje a través de sus tierras. Ni los desarrolladores del proyecto ni el Banco Mundial, que está financiando el proyecto, proporcionaron la información adecuada o consultaron a las comunidades locales que podrían ser desplazadas o sufrir otros efectos adversos. A pesar de que las intervenciones destinadas a reducir la pobreza deberían enfocarse específicamente en beneficiar a las comunidades pobres o marginadas, son precisamente esas comunidades las que suelen perder sus recursos y ser desalojadas de sus tierras por la fuerza como consecuencia del “desarrollo”.

“[N]i yo ni mi comunidad hemos sido consultados una sola vez respecto a nuestros planes y prioridades de desarrollo por el gobierno, una corporación o una institución de financiamiento para el desarrollo”, explica Abhijeet.

En julio, la policía local detuvo una vez más a miembros de la comunidad que se manifestaban pacíficamente, y solamente los liberó después de que firmaron un documento en el que expresaban su consentimiento para el proyecto de transmisión.

En 2015, Dmitry Tikhonov, quien ahora vive en el exilio debido a las continuas amenazas en su contra, trabajaba con el Uzbek-German Forum for Human Rights (Foro Uzbeko-Alemán para los Derechos Humanos) para documentar las violaciones laborales relacionadas con la producción de algodón, lo que incluía la vigilancia de las áreas de proyectos del Banco Mundial. Tras una denuncia que vinculaba los préstamos del Banco Mundial con el trabajo forzado, el Banco instauró cláusulas para los préstamos que exigen la vigilancia a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En lugar de poner freno a las violaciones laborales, sin embargo, el gobierno aumentó la represión, amenazando y deteniendo a los vigilantes de derechos laborales, para proteger sus préstamos; y el Banco Mundial no hizo mucho al respecto.


Photo by: Coalition for Human Rights in Development (All rights reserved)

Women pick cotton in Uzbekistan. Relationships with Uzbekistan's labor-exploitative cotton-industry is one in a list of concerns with the World Bank's current development regimen.


“El Banco Mundial no ha tomado ninguna medida significativa para garantizar que los defensores de derechos humanos independientes, como yo, podamos vigilar si se cometen abusos vinculados con los proyectos que financia”, explica Tikhonov. “El personal del Banco tampoco se ha pronunciado en contra de los ataques del gobierno contra mis colegas y contra mí”.

Ese mismo año, el pastor Omot Agwa fue detenido por las autoridades etíopes. Anteriormente, el Panel de Inspección del Banco Mundial contrató a Omot como traductor local durante su investigación de un proyecto del Banco vinculado con acciones gubernamentales que han expulsado forzosamente a 70,000 indígenas de sus hogares. Después de que se publicó el informe del Panel, Omot fue detenido y acusado en virtud de la draconiana ley antiterrorista del gobierno. La gerencia del Banco Mundial no condenó públicamente la detención de Omot, y el Banco ha seguido aprobando préstamos adicionales para el gobierno, mientras Omot sigue en prisión.

Sin embargo, gracias a los casos de alto perfil como el de Omot y el asesinato de la defensora de los derechos humanos indígenas Berta Cáceres, quien hizo campaña en contra de proyectos de desarrollo que amenazaban a las comunidades indígenas en Honduras, algunos actores del desarrollo han comenzado a tomar nota. En los últimos meses, los mecanismos independientes de rendición de cuentas del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Interamericano de Desarrollo han desarrollado o están desarrollando protocolos o directrices para garantizar la seguridad de los miembros de las comunidades que presentan denuncias.

Sin embargo, tal como lo ilustra la reciente reforma del marco de políticas del Banco Mundial, conseguir avances concretos dentro de los mismos bancos es más complicado. Las agrupaciones de derechos humanos y de desarrollo en todo el mundo están comenzando a unir fuerzas para presionar a los bancos de desarrollo para que garanticen que sus inversiones no pongan en riesgo a los defensores de derechos humanos. En una declaración conjunta, más de 150 organizaciones de la sociedad civil pidieron a las instituciones financieras internacionales que respeten los derechos humanos y apoyen un entorno favorable para la participación pública, en el que la gente pueda elaborar sus propias prioridades de desarrollo y llamar a cuentas a los gobiernos y financiadores.

La declaración hace hincapié en que los bancos de desarrollo deben institucionalizar el compromiso de respetar los derechos humanos en sus actividades, analizar el entorno favorable para la participación e identificar los riesgos relacionados. Los bancos deben idear formas creativas para asegurar que las comunidades y las agrupaciones de la sociedad civil puedan participar en los proyectos y utilizar los mecanismos de denuncia sin poner en riesgo su seguridad. En su investigación y asistencia técnica, los financieros deben destacar la importancia de la participación pública para el éxito de los impactos de desarrollo. Por último, si surgen riesgos u ocurren violaciones de los derechos humanos, los bancos deben tener protocolos establecidos para que sean capaces de responder con firmeza y de manera efectiva para minimizar el daño y ofrecer reparación.

Aunque el Banco Mundial no logró adoptar un compromiso robusto en materia de derechos humanos, la institución aún puede hacer mucho mientras desarrolla los procedimientos técnicos y las herramientas para implementar su nuevo marco de políticas. Por ejemplo, dado que ahora quienes proponen proyectos deben evaluar los posibles riesgos para los grupos vulnerables, el Banco podría asegurarse de que esas evaluaciones examinen los riesgos para los defensores de derechos humanos.

Y también hay muchas oportunidades disponibles para otros financiadores de desarrollo. Por ejemplo la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) (Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero) de los Estados Unidos y el banco alemán de desarrollo (KfW) están obligados a asegurar que sus proyectos respeten a los derechos humanos. Esto proporciona una oportunidad de implementar medidas de debida diligencia que protejan a los defensores de derechos humanos. De hecho, cualquier banco de desarrollo que tenga requisitos de consulta y participación pública, que es el caso para la mayoría de ellos, debería examinar el ambiente favorable para el espacio cívico dentro del área de proyectos. Los bancos no pueden pretender que están financiando el desarrollo sostenible si a las comunidades locales no les es posible participar en el proceso de desarrollo sin poner en riesgo sus vidas.

“Espero que la sociedad civil tenga la oportunidad de contribuir al desarrollo sostenible”, dice Abhijeet. “Desafortunadamente, los derechos humanos fundamentales de muchos pueblos se violan sistemáticamente debido a los proyectos de desarrollo. Y cuando ayudamos a las comunidades a defender sus derechos, somos objeto de amenazas y ataques violentos”.

* Se cambió el nombre por razones de seguridad.


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