Print Friendly and PDF
only search openDemocracy.net

Derechos humanos en encrucijada: 18 meses después de Ayotzinapa

Dieciocho meses después de Ayozinapa, la sociedad civil mexicana se ha organizado de forma novedosa y prometedora para hacerle frente a la violencia del Estado. Una contribución al debate de openGlobalRights: derechos humanos: movimiento de las masas o de la élite? English

La semana pasada se cumplieron 18 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en manos de la policía mexicana. A reserva de un debate al respecto, este es el evento más importante en materia de derechos humanos en el continente americano en décadas recientes. Consideramos que todas las violaciones a los derechos humanos son graves, y en especial aquéllas que privan a un individuo de su derecho básico a la vida e integridad física. El caso de Aytozinapa nos ha dado importantes lecciones al respecto. No obstante, la relevancia del suceso radica también en las enseñanzas que arroja sobre la naturaleza y el estado de los derechos humanos; el poder de los movimientos sociales en relación al poder del Estado; y los modos en que la comunidad internacional, compuesta por una compleja red de tratados adscritos a valores liberales, trabaja en la práctica.

Desde el 26 de septiembre del 2014, hemos construido juntas una línea del tiempo, disponible en español e  inglés, en la que señalamos los eventos clave en el desarrollo del caso de Ayotzinapa. En ella incluimos las reacciones de actores gubernamentales a nivel local y nacional, así como las de actores no gubernamentales nacionales  e internacionales; además de un panorama de las protestas claves y los avances en la investigación del caso. Adicionalmente, analizamos de manera sistemática 334 publicaciones hechas por los actores más cercanos al caso, y bases de datos y reportes judiciales, para tratar de entender cómo los llamados a la justicia se tradujeron –o no- en cambios reales.

Para sorpresa de algunos pero ciertamente de manera desafortunada, todas las protestas, la presión internacional y el consenso sobre el hecho de que “¡Sí, fue el Estado!”, no han resultado en una debida rendición de cuentas o en muestras de transparencia por parte del Estado mexicano. Seguimos sin conocer el paradero de los estudiantes; pocos están convencidos que los arrestos de bajo perfil le han hecho justicia al caso; y no ha habido cambios sustanciales en términos políticos o institucionales. El costo internacional para el gobierno mexicano ha sido relativamente bajo: con la excepción del recorte de 5 millones de dólares (15% del presupuesto) de ayuda financiera que el gobierno estadounidense retiró a México tras expresar su preocupación por la situación de derechos humanos en el país, Peña Nieto no ha pagado un alto precio político a nivel internacional.  

Cabe destacar la manera íntegra y novedosa con la que la comunidad internacional involucrada en la defensa de derechos humanos ha participado en la investigación de las desapariciones. En un hecho sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), formó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), para que condujera su propia investigación sobre la desaparición de los estudiantes. Asimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ya estaba en México al momento de las desapariciones, se ha involucrado de un modo similar al contradecir las versiones del Estado mexicano que, con un dudoso empleo de la ciencia forense, ha intentado cerrar el caso.9


Flickr/Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Some rights reserved)

Protests condemning the disappearance of Ayotzinapa students included the “usual suspects” but also expanded to include newly emerging contingents of Mexican civil society.


En particular, resalta el establecimiento de estos grupos internacionales en territorio mexicano. El impacto de su trabajo no se dirige primordialmente a la sociedad internacional, sino que han asumido un papel central y público al proveer información del caso a la audiencia mexicana. La prensa mexicana ha cubierto cuidadosamente el trabajo del Grupo Internacional de Expertos Independientes de la CIDH, que presentó sus avances en la Ciudad de México, y no en Washington, sede de la Comisión. El Equipo Argentino de Antropología Forense ha establecido una dependencia en la Ciudad de México, la cual se encarga de revisar tanto las investigaciones forenses del gobierno para el caso de Ayotzinapa, así como la de otros casos donde el estado se encuentra implicado.  

Este es un cambio importante para nuestro entendimiento del sistema internacional de derechos humanos. Por mucho tiempo, la sociedad civil ha insistido que cuando se fortalecen cortes e instituciones internacionales, nadie está por encima de la ley. Sin embargo, las acciones del Grupo de Expertos y de los Forenses Argentinos nos demuestran que aquellos actores internacionales, cuando son insertados en el contexto local, pueden ganar legitimidad y fortalecer llamados a la justicia locales. El Estado mexicano ha interpretado esta legitimidad y fortaleza como una amenaza. Muestra de ello es el cinismo con el que el gobierno ha comenzado una investigación con motivaciones políticas contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH, actor fundamental en el establecimiento del GIEI en México.

La clave del éxito de los Forenses Argentinos y el Grupo de Expertos ha sido el apoyo y el diligente reportaje de grupos locales en pro de los derechos humanos como Tlachinollan y CentroProDH. Codificamos todas las declaraciones –todas aquellas declaraciones públicas incluyendo el término Ayotzinapa- de 14 actores gubernamentales y 17 de carácter no gubernamental  (de los cuales 12 son internacionales) que consideramos relevantes, y descubrimos que las organizaciones de derechos humanos mexicanas son las que más han hecho publicaciones con respecto al caso (ver Tabla 1). Para junio del 2015, el número de declaraciones se ha reducido, y consiste principalmente en intercambios de declaraciones entre el Grupo de Expertos, el gobierno federal y las ONG’s mexicanas al mando de la investigación.

Tabla 1: Declaraciones públicas de organizaciones conteniendo el término Ayotzinapa

En el corto transcurso de dos semanas después de los eventos, , 101 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional firmaron un pronunciamiento colectivo, denunciando la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y haciendo un llamado a la acción colectiva. Las protestas incluyeron a los actores usuales –grupos locales derechos humanos, estudiantes de izquierda, y ONG’s con una larga trayectoria- pero también nuevos actores se unieron, incluyendo al Contingente Carriola y Corbatas por Ayotzinapa, empleados de limpieza del gobierno, punks urbanos y nuevas organizaciones sociales como Los Otros Desaparecidos, un grupo de 400 familias guerrerenses buscando a sus familiares desaparecidos.  Estos esfuerzos nos han ayudado a poner el problema de la desaparición forzada en México –el cual ha desaparecido a 26,000 personas, de acuerdo con los estimados del mismo gobierno- como un tema fundamental en la agenda pública . Estos grupos se coordinaron a través del uso de plataformas sociales, y acumularon más de 25 ¨trending hashstags¨ incluyendo #CompartimosElDolor, #YaMeCansé y #AyotzinapaSomosTodos.

La movilización de la sociedad civil es evidente, pues documentamos 38 protestas y marchas -21 en la Ciudad de México y 17 en Guerrero en este último año. Al recolectar información de tres periódicos nacionales y tres periódicos locales, hacemos la estimación que el número de participantes en estas protestas llegó a un máximo de 75,000 personas en la Ciudad de México en noviembre del 2014 –casi dos meses después de la desaparición de los estudiantes. Para mayo del 2015, la asistencia a las protestas mensuales en la Ciudad de México cayó a 250 participantes.  Aún así, en el aniversario de las desapariciones el número de participantes volvió a expandirse a 35,000.

En nuestros esfuerzos por entender cómo Ayotzinapa ha afectado a México, nos hemos sumergido en la turbia información que reporta el sistema judicial mexicano. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha renovado su sistema de información a partir de la ola de violencia en el país en 2011. Mientras que esta revisión ha tenido la intención de mejorar la transparencia judicial y hacer posible el análisis de resultados judiciales, nosotras encontramos serias inconsistencias que hacen imposible llevar a cabo un análisis preciso del sistema.

Ejemplo de ello es que, las unidades que utilizan en las dependencias involucradas son incompatibles entre ellas (en algunos casos cuentan el número de archivos abiertos, mientras que en otros cuentan el número de crímenes). La falta de información de muchos estados de la República hace imposible saber si los casos de homicidio avanzan en el sistema judicial, además de que no es posible conocer cuántos casos resultan en sentencias condenatorias.

La falta de transparencia en las bases de datos judiciales refuerza el argumento hecho por varios especialistas en política pública desde Ayotzinapa: este sistema necesita reformas urgentes para que pueda castigar debidamente los crímenes en México. Sin embargo,  sin un entendimiento claro de la eficiencia actual del sistema judicial, los especialistas no pueden señalar qué tipos de reformas se necesitan, y por ende carecen de un punto de inicio para la planeación de políticas públicas.

La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa puede ser entendida como un punto de quiebre para los derechos humanos: México, un aliado cercano de los Estados Unidos y una supuesta creciente democracia, no reacciona ante las movilizaciones masivas a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la inserción de actores internacionales y el fortalecimiento de la sociedad civil también muestra que la lucha por los derechos humanos se adapta rápidamente al cambio. La falta de transparencia en el sistema judicial es altamente problemática, y es un gran ejemplo de cómo la ofuscación de indicadores clave impide cualquier esfuerzo de cambio: si no sabemos dónde nos encontramos en términos de justicia, es difícil imaginar cómo se puede progresar. 

About the authors

Janice Gallagher is a postdoctoral fellow at the Watson Institute for International and Public Affairs, and will join the Rutgers University-Newark Department of Political Science as an Assistant Professor in the Fall of 2016. . She holds a PhD in Government from Cornell University, and earned an MA in Teaching at Brown University. She conducted more than two years of fieldwork in Mexico and Colombia, and previously worked as a human rights accompanier in Colombia.

Janice Gallagher es una investigadora de post-doctorado en el Watson Institute for International and Public Affairs, y a partir del otoño trabajará como Profesora Asistente en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Rutgers en Newark. Tiene un doctorado en Gobierno por la Universidad de Cornell, y una maestría en Educación de la Universidad de Brown. Ha hecho más de dos años de trabajo de campo en México y Colombia, y trabajó previamente como acompañante de derechos humanos en Colombia.

Paula Martinez Gutierrez and Camila Ruiz Segovia are originally from Mexico City. Both are undergraduate students and research assistants at Brown University. Ms. Martinez majors in International Relations, and Ms. Ruiz majors in Political Science. Both are frequent contributors to the Brown Political Review.

Paula Martínez Gutiérrez y Camila Ruiz Segovia son dos estudiantes de licenciatura y asistentes de investigación en la Universidad de Brown, ambas originarias de la Ciudad de México. Paula estudia Relaciones Internacionales y Camila estudia Ciencias Políticas. Las dos publican frecuentemente en la revista Brown Political Review.

Camila Ruiz Segovia es interna en Drug Policy Alliance.

Camila Ruiz Segovia is an intern with Drug Policy Alliance.

Read On

More On

We encourage anyone to comment, please consult the
oD commenting guidelines if you have any questions.