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Develar las estructuras macro criminales en Colombia

Mientras que a menudo las iniciativas de justicia transicional rehúyen desmantelar los sistemas de macro criminalidad, la ley de Justicia y Paz en Colombia está arrojando luz sobre las raíces políticas y económicas del fenómeno paramilitar, y sus profundas relaciones con el estado. English

Los paramilitares esperan la desmovilización en un asentamiento de la selva en Casibare. Demotix/Jan Sochor. All rights reserved. 

En los últimos meses la ley de Justicia y Paz ha vuelto a ocupar la primera línea del debate público en Colombia. No es casual que haya sido ocho años después de su aprobación, ya que el número de años es clave para entender el reavivado interés por esta ley. En 2005, el Gobierno del Álvaro Uribe aprobó la ley 975 (conocida como ley de Justicia y Paz) para promover la desmovilización y el desmantelamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupos paramilitares que habían afianzado su poder en el país perpetrando graves crímenes contra la población civil: masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, secuestros, desplazamiento masivo. Los paramilitares fueron los autores del 59% de las masacres perpetradas durante el conflicto armado, según el informe “Basta Ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica.

La principal premisa de la ley de Justicia y Paz era conseguir un equilibrio entre una desmovilización efectiva de los grupos armados –ofreciendo penas alternativas y reducidas a los desmovilizados que se acogieran al proceso– y la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas. Para poder acceder al proceso de Justicia y Paz, los desmovilizados postulados debían cumplir con varias exigencias: confesar los crímenes cometidos, contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre esos crímenes y el fenómeno del paramilitarismo, así como contribuir a la reparación a las víctimas y a su adecuada resocialización. Si los desmovilizados cumplían con estos requisitos, sus penas se reducirían a entre cinco y ocho años de cárcel.

Este verano, se calcula que decenas de paramilitares y guerrilleros cobijados bajo el proceso de Justicia y Paz habrán pasado ya ocho años en prisión, aunque muchos de ellos todavía esperan juicio. Según lo establecido por la ley 975, aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones de contribuir a la verdad y a la reparación deberían ser puestos en libertad cumplidos los ocho años. La ausencia de sentencia en muchos de estos casos, sumada a los temores que despierta la salida de prisión de cualquier criminal y la incertidumbre de lograr su efectiva reintegración, han creado mucho malestar en la sociedad colombiana.

Pero no debemos dejarnos llevar por un pánico infundado, ya que serán los magistrados de Justicia y Paz quienes deberán valorar, caso por caso, si quienes solicitan la suspensión de la pena privativa de la libertad cumplen con las condiciones exigidas.

En cuanto a balances se trata, Justicia y Paz ha supuesto un aprendizaje enorme para Colombia que no se debe desestimar. Ahora menos que nunca, cuando se está diseñando un modelo de rendición de cuentas en el marco de las conversaciones de paz que el Gobierno colombiano está manteniendo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana.

Para empezar, la información aportada por los postulados ha contribuido a mostrar la magnitud de la violencia paramilitar y a develar las dimensiones económicas y políticas del paramilitarismo, así como parte de la red de relaciones que estos grupos armados habían construido a lo largo de las décadas con agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública y representantes políticos, entre otros poderosos actores. Así los paramilitares han confesado más de 40.000 crímenes que afectaron a 51.000 personas, entre ellos cerca de 1.000 masacres, 25.000 asesinatos y más de 3.500 desapariciones forzadas que involucran a más de 1.400 agentes del Estado.

Asimismo, Justicia y Paz ha sido la piedra angular para que las víctimas no solamente se situaran en el centro del debate público, sino que además ha contribuido al diseño de políticas para restituir sus derechos y al reconocimiento institucional y social del conflicto armado. Luego de la ley 975 han seguido otras que han servido para reforzar los derechos de las víctimas en un sentido más amplio, como el derecho a la reparación, a la verdad o a la restitución de tierras, y que han llevado a la creación de instituciones públicas responsables de velar por esos derechos, como La Unidad de Reparación a víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, o el Centro Nacional de Memoria Histórica.   

Es obvio que el proceso de Justicia y Paz ha tenido sus falencias, empezando por el bajo número de sentencias obtenidas en ocho años: de los más de 4.000 postulados, menos de 20 han sido condenados, en 14 sentencias. Si bien a lo largo del proceso de implementación de la Ley los operadores judiciales entendieron que era imposible y poco eficiente seguir aplicando el enfoque de la judicialización hecho a hecho y perpetrador por perpetrador, propio de la justicia penal ordinaria, y que debían centrarse en la investigación de organizaciones criminales capaces de cometer crímenes de manera sistemática, el cambio de enfoque no se ha visto suficientemente reflejado en las acusaciones y en las sentencias.

Una reforma a la ley aprobada en 2012 ha permitido agrupar un gran número de estos delitos en patrones de macro-criminalidad, cuya judicialización deberá dar como  resultado sentencias en contra de los máximos responsables de 16 casos priorizados. Sin embargo,  las investigaciones y condenas se han centrado exclusivamente en las estructuras paramilitares, sin prestar la atención necesaria a las relaciones entre éstas y sus fuentes de financiación y apoyo. Los vínculos entre políticos, poderes económicos y paramilitares no han sido suficientemente utilizados por la Fiscalía de Justicia y Paz para demostrar los patrones de apoyo y connivencia en las regiones y así develar las reales dimensiones políticas,  económicas y criminales del fenómeno paramilitar. 

Una de las principales carencias del proceso de Justicia y Paz ha sido que toda esa valiosa información recogida mediante los testimonios de los postulados y las sentencias no se ha convertido en una verdad histórica – o un bien social - que permite que la sociedad colombiana comprenda en un sentido amplio las raíces del fenómeno paramilitar y sus intricadas relaciones con las Fuerzas Armadas y un destacado número de representantes políticos. La culpable en este caso no ha sido solo la ley de Justicia y Paz, sino también las desmesuradas expectativas que se pusieron en ella. El proceso penal está dirigido a esclarecer y atribuir las responsabilidades criminales por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por estas estructuras macro-criminales, pero no tiene la capacidad de esclarecer la verdad en toda su complejidad  y profundidad, más allá de lo que puede hacer la verdad judicial, ni tampoco reparar una cantidad masiva de víctimas como la que enfrentaba Justicia y Paz.

Estas promesas incumplidas han llevado inevitablemente a muchas frustraciones, ante todo para las víctimas: el país les vendió la idea de que sus hechos individuales podían e iban a ser esclarecidos por el proceso de Justicia y Paz, les prometió que iban a ser reparadas de forma rápida y eficaz, y, adicionalmente,  hizo creer a la sociedad que el proceso penal iba a tener la capacidad de esclarecer en detalle las causas profundas del fenómeno paramilitar. Estas son obligaciones que quedan pues pendientes, y que deberían abordarse por medio de otros mecanismos, como se está haciendo con los programas de reparaciones administrativas o se podría hacer en el futuro con una comisión de la verdad.

Sería un craso error no aprovechar la experiencia y el conocimiento que estos ocho años de Justicia y Paz nos han aportado. Ahora los fiscales, abogados, magistrados y todos aquellos que trabajan en este tipo de procesos judiciales han incorporado los estándares del Derecho Penal Internacional, saben qué es un crimen de sistema y qué herramientas deben usar para investigarlo –distintas a las herramientas clásicas del derecho penal ordinario.

Puede que algunos paramilitares, en caso de haber contribuido realmente a la verdad y a la reparación, sean liberados este verano. Como dice la Fiscalía, este es el resultado de unas reglas del juego que se pactaron en 2005. Pero ahora tenemos la oportunidad de definir unas reglas nuevas en un proceso que puede ser histórico para Colombia: las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros. Justicia y Paz nos deja muchas lecciones aprendidas, no las desperdiciemos. 

About the author

María Camila Moreno is the director of the Colombia program at the International Center for Transitional Justice, and an anthropologist specializing in land use planning at the University of Havana. 

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