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Los nuevos objetivos de desarrollo sostenible abogan por la paz y la justicia. ¿Está Brasil por la labor?

Si bien Brasil ha dado importantes pasos adelante en el desarrollo sostenible en las últimas dos décadas, corre el riesgo de retroceder si no encara su enorme déficit de seguridad. English

Niterói (RJ) - La Tropa de Choque de la Policía Militar utilizó bombas de efecto moral y gas lacrimógeno y algunos policías llegaron a sacar armas durante la confusión para retirar a los manifestantes de la avenida. 19/06/2013. Fernando Frazão/ABr. Creative Commons.

Brasil está luchando para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) recién aprobados. Esto no es sorprendente. El país se encuentra bloqueado por una serie de crisis políticas y económicas monumentales, que distraen a los políticos y a la gente. Y mientras los diplomáticos brasileños insisten en que los ODS deben ser universalmente vinculantes para todos los países, Brasil solo ha hecho progresos lastimosamente limitados en la implementación de cualquiera de los ODS. El último informe voluntario del gobierno brasileño sugiere que el mayor obstáculo para avanzar no puede ser la escasez de recursos, sino la falta de voluntad para avanzar, especialmente en temas delicados de seguridad y justicia. 

Para ser justos, Brasil se toma en serio la agenda global de desarrollo sostenible. El país acogió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 y una conferencia de seguimiento, la Rio + 20, en 2012. En el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York, a principios de este año, Brasil enumeró los avances realizados en los últimos veinte años. Los diplomáticos brasileños también subrayaron cuales son los ODS clave a los que pretenden dar prioridad en los próximos años, en particular los relacionados con la eliminación de la pobreza (ODS1), la reducción del hambre (ODS2), la promoción de la salud (ODS3) y la equidad de género (ODS5) y el fortalecimiento de la innovación y la infraestructura (ODS9), la vida marina (ODS14) y asociaciones (ODS17). Todas estas son prioridades que valen la pena.

Ex Presidenta de Brasil Dilma Rousseff posa para la foto oficial de la Conferencia de las Nações Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20). Rio de Janeiro - RJ, 20/06/2012. Foto/Roberto Stuckert Filho/PR. Creative Commons. El ODS al que gobierno brasileño le teme especialmente es el asociado a la paz y la justicia. El ODS16 exige reducciones significativas en todas las formas de violencia, incluidas las muertes violentas derivadas de la guerra, la delincuencia y el terrorismo. Los signatarios de los ODS están obligados a poner fin al abuso, la trata y la explotación de niños. También se espera que los gobiernos promuevan el imperio de la ley en el extranjero y en casa, incluyendo la introducción y aplicación de medidas para reducir drásticamente el número de detenidos en prisión preventiva. También se priorizan los mecanismos participativos de toma de decisiones que mejoren la participación de la sociedad civil en la seguridad pública y el acceso a los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es el problema?

Por decirlo sin rodeos, Brasil tiene una relación complicada con el ODS16. Aunque defiende la prevención de conflictos y la construcción de paz en el extranjero, Brasil tiene un historial misérrimo en la promoción de la seguridad y la justicia en el país. Brasil registró casi 60.000 homicidios en 2015 – más que cualquier otro país en el mundo. Entre 2010 y 2015, la violencia homicida aumentó un 7.5% en términos absolutos. Hoy en día, al menos 25 de las 50 ciudades más mortíferas del mundo se encuentran en Brasil. Y la violencia homicida parece estar empeorando en las partes más pobres del país – especialmente el noreste – donde jóvenes negros representan más del 75% de todas las víctimas. 

Brasil es especialmente inseguro para los niños. Aproximadamente 29 niños y adolescentes son asesinados en Brasil cada día. Al menos el 56% de las 133.000 denuncias de derechos humanos registradas en 2016 involucraron la violencia perpetrada contra niños y adolescentes. Las formas más comunes de abuso incluyeron negligencia (38%), violencia psicológica (23%), violencia física (22%) y violencia sexual (11%). Mientras tanto, una revisión de todas las violaciones reportadas en Brasil encontró que, aproximadamente, el 51% de las víctimas eran menores de 13 años, y la mayoría de esos crímenes fueron cometidos por familiares y amigos. 

Brasil registró casi 60.000 homicidios en 2015 – más que cualquier otro país en el mundo.

Las mujeres y niñas también son vulnerables a la violencia atroz en Brasil. Brasil tiene la quinta tasa de homicidios más alta para las mujeres en el mundo, y las mujeres negras son especialmente vulnerables a ataques letales. Al menos cuatro mujeres son explotadas sexualmente cada hora, aunque esto es probablemente una subestimación dada las bajas tasas de denuncias. Como en el caso de los niños, miembros de la familia son los perpetradores en aproximadamente dos tercios de todos los casos denunciados de violencia contra la mujer. Estudios realizados por la policía federal también han identificado miles de áreas de alto riesgo a lo largo de las carreteras del país.

Brasil ha hecho esporádicos intentos de impulsar su agenda nacional de seguridad pública. Parte del problema es que la gestión de la policía, la justicia penal y las prisiones es un asunto de competencia estatal. Los municipios también son en gran parte responsables de la agenda de prevención. Por lo tanto, los políticos federales tienen pocos incentivos para duplicar la seguridad pública. Como resultado, los tres planes nacionales introducidos desde el año 2000 han hecho relativamente poco para detener los crecientes niveles de violencia criminal y el aumento de las poblaciones carcelarias. Actualmente, el país tiene el cuarto mayor número de personas encarceladas en el planeta. Además, un tercio de los detenidos aún no han sido juzgados y otro 28% fueron encarcelados por delitos no violentos. Para complicar las cosas, el 92% de todos los asesinatos no acaban en una condena, lo que significa que los costos de cometer crímenes violentos son extraordinariamente bajos.

Brasil también sufre niveles de corrupción impresionantes. Para ser justos hay que reconocer que las autoridades federales judiciales y policiales del país lanzaron la operación Lava Jato, una investigación de gran alcance frente al establishment político y corporativo del país. La investigación ha producido literalmente miles de investigaciones y la detención de más de 200 funcionarios públicos y empresarios. Desafortunadamente, la operación está luchando por sobrevivir, ya que muchos políticos están trabajando activamente para desmantelar la iniciativa. Son embargo, lejos de ser perfecta, ésta es un área donde las instituciones del país demostraron una resiliencia considerable, y pueden ofrecerle un modelo al mundo.

Aproximadamente 29 niños y adolescentes son asesinados en Brasil cada día.

Vista la turbulencia en el país y en el extranjero, para Brasil es ahora el momento reforzar la promoción de la paz, la seguridad y la justicia. En conjunto, los ODS ofrecen una oportunidad sin precedentes para que el país restablezca su agenda de desarrollo. Como deja claro el Programa 2030, el desarrollo incluye la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la policía inclusiva, de la justicia y de las instituciones penales. El momento también es oportuno: el Plan Nacional de Seguridad Pública de Brasil está a punto de ser lanzado. El Plan incluye una narrativa para la reducción de homicidios y operaciones dirigidas por la inteligencia contra el crimen organizado, pero no va lo suficientemente lejos. Los arquitectos del Plan deberían integrar las disposiciones del ODS16. 

Si bien Brasil ha dado importantes pasos adelante en el desarrollo sostenible en las últimas dos décadas, ahora corre el riesgo de retroceder en los próximos años. Un enfoque mucho más enérgico sobre la paz y la seguridad es fundamental. En junio de este año se lanzó la Comisión Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si bien incluye a representantes del gobierno, a miembros de la sociedad civil y al sector privado, todavía carece de la participación del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Derechos Humanos. Esta es una omisión sorprendente dada la función fundamental de estas dos entidades en la promoción de la seguridad y orden público. Como mínimo, la Comisión debería adoptar un enfoque genuino y global del desarrollo sostenible que incluya la paz, la seguridad y la justicia en su centro. Este es un compromiso que Brasil no puede permitirse ignorar.

About the authors

Renata Giannini is a senior researcher at Igarapé Institute. She specializes in international security, and, in particular, fragile countries, peace operations and the gender, peace and security agenda. 

Renata Giannini es investigadora senior en el Instituto Igarapé. Ella es especialista en seguridad internacional, en particular en países frágiles y egresados de conflictos, operaciones de paz y la agenda de género, paz y seguridad. 

Robert Muggah is the Research Director of the Igarapé Institute, Brazil, a Research Director of the SecDev Foundation, and teaches at the Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. He is also a fellow at the University of Oxford, the University of San Diego and the Graduate Institute Switzerland

Robert Muggah es el director de investigación del Instituto Igarapé, Brasil, director de investigación de la Fundación SecDev, y profesor en el Instituto de Relações Internacionais, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es también Fellow de la Universidad de Oxford, de la Universidad de San Diego y del Graduate Institutre Switzerland.


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