Manuel Tufró https://www.opendemocracy.net/taxonomy/term/21362/all cached version 04/07/2018 11:22:07 en ¿Entró Argentina en la guerra contra las drogas? https://www.opendemocracy.net/manuel-tufr-and-paula-livachky/entr-argentina-en-la-guerra-contra-las-drogas <div class="field field-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span>Uno de los peligros de las medidas antidrogas del nuevo gobierno es que podrían permitir la intervención militar en tareas de seguridad interior. Un camino que, una vez emprendido, es difícil desandar. <a href="https://opendemocracy.net/drugpolicy/manuel-tufr-paula-litvachky/has-argentina-entered-war-on-drugs"><strong><em>English</em></strong></a><strong><em> </em></strong></span></p> </div> </div> </div> <p><a href="https://opendemocracy.net/drugpolicy"><img width="460px" alt="wfd" src="//cdn.opendemocracy.net/files/banner1new (1).jpg" /></a></p> <p><span class='wysiwyg_imageupload image imgupl_floating_none 0'><a href="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/557099/Nicolá RapettiManuepiece.jpg" rel="lightbox[wysiwyg_imageupload_inline]" title=""><img src="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/article_xlarge/wysiwyg_imageupload/557099/Nicolá RapettiManuepiece.jpg" alt="" title="" width="460" height="307" class="imagecache wysiwyg_imageupload 0 imagecache imagecache-article_xlarge" style=""/></a> <span class='image_meta'><span class='image_title'>Una prisión federal en Argentina. CELS / Nicolas Rapetti. All rights reserved.</span></span></span></p> <p>El 10 de diciembre de 2015 se produjo un cambio de gobierno en la Argentina. Las nuevas autoridades plantearon ya desde la campaña electoral que el narcotráfico era el problema más grave que afectaba al país. Se agitaron argumentos basados en el miedo, como el peligro de la “colombianización” o la “mexicanización”, pero sin ofrecer diagnósticos certeros sobre las formas que asume el narcotráfico y las magnitudes de sus impactos en la sociedad argentina. Con la llegada al poder, el actual gobierno dio continuidad a su escalada discursiva, hablando de un “cambio de paradigma” en materia de políticas contra el narcotráfico. Las medidas anunciadas muestran un realineamiento del país en el mapa de los debates mundiales sobre los problemas ligados a las drogas y al narcotráfico. El gobierno anterior había llevado adelante políticas oscilantes, que combinaban el apoyo a posiciones de avanzada en las arenas internacionales con medidas erráticas a nivel interno. Con la nueva administración, estas inconsistencias parecen empezar a resolverse en el peor sentido marcando la entrada de la Argentina en la “guerra contra las drogas”. </p> <p>A nivel internacional, las consecuencias económicas, institucionales y humanitarias de esta “guerra” han movilizado a un bloque de actores cada vez más importante que postula la necesidad de abandonar ese paradigma para explorar nuevas formas de regulación estatal de estos mercados, junto con políticas que apliquen la perspectiva de la reducción de daños a los problemas de violencia, en lugar de atizar con más violencia proveniente del sistema penal y la militarización. En los debates regionales e internacionales hasta 2015 la Argentina acompañó a los países que reclaman discutir la efectividad del paradigma de la “guerra contra las drogas”. El nuevo gobierno comienza a abandonar esta posición, a partir de decisiones normativas y de un acercamiento cada vez más explícito a los EEUU, principal impulsor del abordaje bélico del problema del narcotráfico. Al mismo tiempo, a nivel interno, en los últimos dos años una campaña de miedo en torno al avance del narcotráfico silenció los incipientes debates sobre la descriminalización del consumo de drogas. </p> <p>Los académicos y expertos argentinos en tema de drogas nucleados en el Grupo Convergencia lanzaron en 2015 un documento titulado “Drogas: una iniciativa para el debate” en el que señalan que <em>“A la fecha la Argentina no posee un diagnóstico integral del fenómeno de las drogas. Por diagnóstico integral entendemos la existencia y disposición en todos los niveles del Estado de un conocimiento institucional exhaustivo, sistemático y actualizado del fenómeno de las drogas. Ese no es el caso de nuestro país donde desgraciadamente ha prevalecido la presunción, la intuición y la improvisación”</em> (disponible en <a href="http://cuestiondrogasargentina.blogspot.com.ar/?zx=1941642d0b998f38">http://cuestiondrogasargentina.blogspot.com.ar/?zx=1941642d0b998f38</a>). </p> <p>Pero lo que se sabe con certeza es que en los últimos años las políticas desplegadas contra el narcotráfico, por acción u omisión, han colaborado en consolidar dos de los aspectos más negativos asociados a las redes de ilegalidad, y no exclusivamente al narcotráfico: la penetración institucional, es decir, la connivencia o el involucramiento de funcionarios políticos, judiciales y policiales en estas redes; y la circulación de violencia en barrios pobres. Las nuevas autoridades tampoco han incluido estas cuestiones entre sus prioridades. </p> <p><strong>Las “nuevas amenazas” como justificación para la intervención militar</strong></p> <p>Uno de los principales riesgos de la perspectiva a la que se acerca Argentina es que abre una puerta para la intervención militar en asuntos de seguridad interior, camino que una vez iniciado es muy difícil de desandar.</p> <p>Los ejemplos de México y Colombia son casos extremos que sin embargo iluminan el hecho de que la intervención directa de las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotráfico u otras formas de delito tiene gravísimas consecuencias en términos de aumento de la violencia, violaciones masivas a los derechos humanos, desprofesionalización y corrupción de las estructuras militares. Al mismo tiempo, los avances en la desestructuración de los mercados y estructuras criminales son nulos o escasos. </p> <p>A diferencia de lo que ocurre en varios países de la región, En Argentina la distinción entre la seguridad interior y defensa exterior fue sostenida desde la recuperación democrática en 1983, aunque en los años 90 hubo intentos de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Desde 2013, recursos militares fueron movilizados para brindar apoyo logístico en el control de las fronteras, con el “avance del narcotráfico” como argumento de fondo. Con el nuevo gobierno se dio un salto cualitativo en ese sentido: el 22 de enero de 2016, mediante un decreto presidencial, fue declarada la “emergencia en seguridad” en todo el territorio nacional. Entre otras cuestiones, el decreto caracteriza al narcotráfico como “amenaza a la soberanía nacional” por tratarse de un delito que puede tener conexiones trasnacionales, aún cuando otros delitos trasnacionales no reciben este tratamiento. Esta caracterización de “amenaza a la soberanía” coloca al narcotráfico en una zona gris entre la seguridad interior, ámbito de actuación de las fuerzas de seguridad y policías, y la defensa, ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas. El decreto avanza así en un cambio sustancial, ya que autoriza la intervención directa de los militares, en este caso la Fuerza Aérea, para derribar aviones que se resistan a (o no puedan) ser identificados. </p> <p>La medida implica también un alineamiento explícito con la doctrina de las “nuevas amenazas” y, más en general, con las líneas de trabajo elaboradas por diferentes agencias estadounidenses que promueven la participación de las FFAA en seguridad interior. Este acercamiento puede observarse, por ejemplo, en el nombramiento como nuevo jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (la más numerosa del país) de un ex jefe de la división de lucha contra el narcotráfico de esa fuerza, que según versiones periodísticas fue recomendado por la DEA. También en el viaje que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros altos funcionarios hicieron a los EEUU en los últimos días de febrero de 2016, donde mantuvieron reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, la DEA y el FBI, entre otros, en las que recibieron asesoramiento técnico sobre intervenciones y armamento. </p> <p><strong>Otras formas de militarización</strong></p> <p>Otra tendencia regional muestra que el combate al crimen organizado sirvió como coartada para otras formas de militarización de la seguridad interior. Por ejemplo, la adopción por parte de las policías y otras fuerzas de seguridad de equipamiento y tácticas de naturaleza militar. Este fenómeno alcanzó incluso a los EEUU, donde el gobierno federal equipó a las policías con armas, vehículos&nbsp; y otros elementos utilizados por los militares en las guerras de Irak y Afganistán, y entrenó a sus fuerzas de seguridad en tácticas militares que, en el marco de la “guerra a las drogas”, han sido utilizadas básicamente contra la población negra, según denuncia la American Civil Liberties Union (ACLU) en su informe titulado <em>War Comes Home. </em><em>The Excessive Militarization of American Policing </em>(disponible en <a href="https://www.aclu.org/feature/war-comes-home">https://www.aclu.org/feature/war-comes-home</a> ). Esta militarización de las policías excede la cuestión de la guerra a las drogas y tiene consecuencias sobre aspectos fundamentales de la vida democrática, como el derecho a la protesta. Los episodios de Ferguson mostraron al mundo cómo los uniformes, las armas y los vehículos militares son utilizados como parte de tácticas extremadamente agresivas de control y represión de las manifestaciones públicas. </p> <p>En América Latina, este fenómeno se monta sobre patrones históricos de militarización de las policías, herencia en buena parte de las dictaduras, pero también se combina con tendencias en apariencia contradictorias, como la creación de policías “de proximidad” o “de cercanía” que, al menos en los papeles, deberían adoptar formas de actuación tendientes a insertar a los policías en las comunidades y alejarse de los modelos militarizados de control territorial. Un ejemplo claro de estas tendencias contrapuestas es el programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) aplicado en Río de Janeiro desde 2008. Esta política implicó la “recuperación” de algunas favelas a través de la irrupción o “invasión” de cuerpos de elite fuertemente armados o, en algunos casos, directamente a través de las Fuerzas Armadas, para luego instalar cuerpos de policía supuestamente entrenadas en técnicas de proximidad. El aparente éxito inicial del programa se vio empañado en meses recientes por las graves denuncias de violencia policial hacia los habitantes de las favelas. </p> <p>En Argentina, si bien se registran niveles menores de militarización de las policías, en los últimos años esta tendencia no estuvo totalmente ausente. La provincia de Córdoba desarrolló un cuerpo policial fuertemente armado denominado “Departamento de Ocupación Territorial”, que desde su misma concepción y a partir de sus técnicas de despliegue refleja una doctrina militarizada que concibe a los barrios pobres como territorios enemigos a ser ocupados y controlados. Durante el gobierno anterior se consolidó la tendencia a utilizar a la Gendarmería Nacional, una fuerza intermedia militarizada, en tareas de patrullaje en zonas urbanas conflictivas. Si bien las intervenciones de Gendarmería han resultado ser menos letales que las de los propios cuerpos policiales, muestran otros aspectos problemáticos del uso de fuerzas militarizadas en entornos urbanos, como las dificultades de convivencia con los habitantes de estos barrios, especialmente con los jóvenes que son vistos por los gendarmes como sujetos a ser disciplinados. </p> <p><strong>La ausencia de una mirada sobre las instituciones policiales y judiciales</strong></p> <p>En el caso argentino, la militarización de la seguridad interior, en cualquiera de sus aspectos, es una receta ineficaz y desproporcionada para encarar los principales problemas asociados a las actividades de las redes de ilegalidad, entre los que se destaca la connivencia de distintos segmento del Estado. &nbsp;</p> <p>La penetración institucional está lejos de alcanzar los niveles de los denominados “narco-estados”,&nbsp; pero sí es un fenómeno que permite la persistencia de diversas redes de ilegalidad. Lo confirman casos recientes, como las causas judiciales impulsadas contra funcionarios judiciales, o los escándalos derivados de la participación de políticos y policías en redes de narcotráfico. </p> <p>Las medidas tomadas hasta aquí por el nuevo gobierno sugieren que, para la mirada oficial, las debilidades en la persecución de las redes de ilegalidad tienen que ver con cuestiones cuantitativas y no cualitativas. Así, se anuncian más recursos para el Poder Judicial y se abren nuevos juzgados para aliviar el trabajo de funcionarios atestados de causas menores, pero no hay un diagnóstico sobre los problemas estructurales de funcionamiento de la justicia y las policías que impiden una persecución eficaz de los grandes actores del narcotráfico y de otros negocios ilegales. </p> <p>Recientemente, el Ministerio de Justicia de la Nación anunció un paquete de proyectos legislativos con el fin de facilitar la lucha contra el crimen organizado. Aún es muy pronto para saber si estos proyectos serán aprobados e implementados, y qué impacto tendrán. Algunos de ellos parecen estar orientados a intervenir sobre las estructuras de criminalidad compleja. Sin embargo, no hubo anuncios sobre reformas de fondo que aborden el problema del funcionamiento de las policías y del poder judicial como un engranaje fundamental de los mercados ilegales. </p> <p>Al &nbsp;mismo tiempo se toman otras medidas preocupantes que echan un manto de duda sobre las reales intenciones de la “lucha contra el narcotráfico” emprendida por el gobierno, como el nombramiento en cargos clave de la oficina anti lavado (La Unidad de Información Financiera, UIF) de abogados defensores de empresas y bancos acusados de lavar dinero. </p> <p><strong>Los peligros del nuevo rumbo</strong></p> <p>Desde la administración anterior las políticas de drogas y de persecución del narcotráfico venían siendo erráticas, con un endurecimiento del sistema penal bastante marcado en los últimos dos años de gobierno kirchnerista. El nuevo gobierno anuncia un alineamiento con la “guerra a las drogas”, paradigma cuya ineficacia ha sido demostrada en distintos países. Si este nuevo rumbo se consolida, se pueden esperar efectos adversos en términos de violencia, violaciones a los derechos humanos y en el funcionamiento de las instituciones. </p> <p>Así como la prohibición deja el mercado en manos de los narcotraficantes, la “guerra contra las drogas” deja el problema fundamentalmente en manos de fuerzas policiales violentas y corruptas, y abre la posibilidad de la intervención militar. Mientras las redes de ilegalidad impactan en la calidad institucional y en las condiciones de vida de los más pobres, las políticas contra el narcotráfico adoptadas y anunciadas también, porque no apuntan al núcleo de connivencia institucional que permite la existencia de estas redes. Los problemas reales de violencia que se registran en algunas zonas quedan así ocultos debajo del paraguas de una amenaza indefinida.</p> <p>En este contexto, el paradigma prohibicionista no se discute, y los debates se centran en torno a cuánto intensificar las intervenciones punitivas contra “narcos”, vendedores menores, traficantes, microtraficantes y hasta consumidores. Este tipo de enfoque ha mostrado ser inefectivo en sus objetivos -la disminución del consumo y el tráfico de drogas – pero en cambio su impacto negativo sobre la generalización de la violencia y los derechos humanos ha sido documentado en toda la región, como lo muestra el informe <em>El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano </em>(disponible en <a href="http://www.cels.org.ar/common/documentos/Drogas_web.pdf">http://www.cels.org.ar/common/documentos/Drogas_web.pdf</a>) , compilado por 17 organizaciones del continente. </p> <p>Con la generación de un estado de emergencia y miedo, los problemas asociados al narcotráfico y a las drogas se confunden y quedan por fuera del debate político, como parte de un consenso en apariencia indiscutible que prescribe en el endurecimiento del sistema penal, el reforzamiento de las policías y, eventualmente, intervenciones del aparato militar. Se van cerrando los espacios para otras voces, aquella que plantean que no puede haber políticas eficaces contra el crimen organizado si no se encaran reformas profundas de las policías y del sistema de seguridad, y que el “problema de las drogas” debe ser abordado desde una mirada de reducción de daños y de la violencia que discuta las formas mafiosas de regulación de estos mercados que el prohibicionismo fomenta.<span>&nbsp;</span></p> <p><span>_________________________________________________________</span></p> <p><span>Este artículo se publica como parte de una alianza editorial entre openDemocracy y&nbsp;<a href="http://www.cels.org.ar/home/index.php" target="_blank">CELS</a>, organización de derechos humanos argentina con una amplia agenda, incluyendo la defensa y promoción de políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos. La alianza coincide con la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS).</span></p><fieldset class="fieldgroup group-sideboxs"><legend>Sideboxes</legend><div class="field field-related-stories"> <div class="field-label">Related stories:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/democraciaabierta/luciana-pol/las-pol-ticas-de-drogas-operan-como-una-caja-de-pandora">Las políticas de drogas operan como una caja de Pandora. </a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/democraciaabierta/opendemocracy/9-cosas-que-hemos-aprendido-tras-50-os-de-guerra-contra-las-drogas">9 cosas que hemos aprendido tras 50 años de guerra contra las drogas </a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-country"> <div class="field-label"> Country or region:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Argentina </div> </div> </div> <div class="field field-topics"> <div class="field-label">Topics:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Civil society </div> <div class="field-item even"> Conflict </div> <div class="field-item odd"> Democracy and government </div> <div class="field-item even"> International politics </div> </div> </div> <div class="field field-rights"> <div class="field-label">Rights:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> CC by NC 4.0 </div> </div> </div> DemocraciaAbierta DemocraciaAbierta Argentina Civil society Conflict Democracy and government International politics latin america Paula Litvachky Manuel Tufró Fri, 18 Mar 2016 10:41:46 +0000 Manuel Tufró and Paula Litvachky 100714 at https://www.opendemocracy.net Has Argentina entered the 'war on drugs'? https://www.opendemocracy.net/drugpolicy/manuel-tufr-paula-litvachky/has-argentina-entered-war-on-drugs <div class="field field-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>One of the dangers of the new government's anti-drugs measures is that they enable military intervention in matters of domestic security, a path that once taken, is hard to reverse.<strong><em>&nbsp;<a href="https://opendemocracy.net/manuel-tufr-and-paula-livachky/entr-argentina-en-la-guerra-contra-las-drogas">Español</a></em></strong></p> </div> </div> </div> <p><a href="https://opendemocracy.net/drugpolicy"><img src="//cdn.opendemocracy.net/files/banner1new (1).jpg" alt="wfd" width="460px" /></a></p> <p><span class='wysiwyg_imageupload image imgupl_floating_none caption-xlarge'><a href="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/549501/Nicolás Rapetti (all rights reserved) for Manuel piece.jpg" rel="lightbox[wysiwyg_imageupload_inline]" title="A federal prison in Argentina. CELS / Nicolas Rapetti. All rights reserved."><img src="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/article_xlarge/wysiwyg_imageupload/549501/Nicolás Rapetti (all rights reserved) for Manuel piece.jpg" alt="A federal prison in Argentina. CELS / Nicolas Rapetti. All rights reserved." title="A federal prison in Argentina. CELS / Nicolas Rapetti. All rights reserved." width="460" height="307" class="imagecache wysiwyg_imageupload caption-xlarge imagecache imagecache-article_xlarge" style=""/></a> <span class='image_meta'><span class='image_title'>A federal prison in Argentina. CELS / Nicolas Rapetti. All rights reserved.</span></span></span>December 2015 brought a change of government to Argentina. Since the election campaign, the new authorities have declared drug trafficking to be the most severe problem affecting the country. They have stirred up arguments rooted in fear – the dangers of becoming another ‘Colombia’ or ‘Mexico’ – but without offering any definite diagnosis as to the forms of drug trafficking or the magnitude of its impact on Argentine society. </p> <p>Upon taking power, the current government carried on with its escalating discourse, referring to a ‘paradigm shift’ in drug policy. The measures announced show a realignment of the country on the map of world debate with regard to drug-related problems and drug trafficking. The previous government had implemented vacillating policies, which combined support for progressive-minded positions in international arenas with erratic measures on the domestic front. The new administration seems to have begun to address these inconsistencies in the worst way, marking Argentina’s entry into the ‘war on drugs’.</p> <p>Internationally, the economic, institutional and humanitarian consequences of this ‘war’ have mobilised an increasingly important bloc of actors who assert the need to abandon this paradigm and explore new forms of state regulation of these markets, along with policies that apply the perspective of harm reduction when it comes to problems of violence, instead of inciting yet more of it through the criminal justice system and militarisation. </p> <p>In regional and international debates before 2015, Argentina stood by the countries that advocated further discussion of the effectiveness of the ‘war on drugs’ paradigm. The new government has begun to abandon that position, through regulatory decisions and an ever more explicit rapprochement with the United States, the main proponent of the war-like approach to drugs. At the same time, domestically, a fear campaign built around the growing problem of drug trafficking over the past two years has silenced incipient debates on the decriminalisation of consumption. </p> <p>Argentine academics and experts on drugs, members of the “Grupo Convergencia”, published a document in 2015, “<a href="http://cuestiondrogasargentina.blogspot.com.ar/?zx=1941642d0b998f38">Drogas: una initiative para el debate</a>” (Drugs: a debate initiative), in which they point out: “At present, Argentina does not have a comprehensive diagnosis of the drug phenomenon. By comprehensive diagnosis, we mean the existence and availability at all state levels of exhaustive, systematic and updated institutional knowledge of the drug phenomenon. This is not the case in our country where, unfortunately, presumption, intuition and improvisation have prevailed." </p> <p>But what is known for certain is that in recent years, the policies deployed against drug trafficking, by way of action or omission, have conspired to strengthen two of the most negative aspects associated with criminal networks, and not exclusively in the case of drug trafficking: institutional penetration, or the collusion or involvement of public, judicial and police officials in these networks; and the cycle of violence in poor neighbourhoods. The new authorities have not included these issues among their priorities. </p> <h2><strong>‘New threats’ as justification for military intervention</strong></h2> <p>One of the main risks of the new approach being adopted in Argentina is that it opens the door to military intervention in matters of domestic security, a path that once taken, is hard to reverse.</p> <p>The examples of Mexico and Colombia are extreme cases that nevertheless highlight the fact that direct intervention by the armed forces in actions against drug trafficking or other forms of crime has grave consequences in terms of increased violence, massive human rights violations, and the de-professionalisation and corruption of military structures. At the same time, progress toward the dismantling of markets and criminal organisations has been little to none. </p> <p>In contrast to various other countries in the region, in Argentina, the distinction between domestic security and foreign defence has been upheld since the return of democracy in 1983, although during the 1990s there were attempts to involve the armed forces in the fight against drug trafficking. Military resources were mobilised as of 2013 to provide logistical support to border control, with the ‘advance of drug trafficking’ as the underlying argument. </p> <p>The new government took a qualitative leap in this same direction: on 22 January 2016, a presidential decree declared a “security emergency” for the entire country. Among other things, the decree characterises drug trafficking as a “threat to national sovereignty” in that it is a crime that may have transnational connections, even when other transnational crimes do not receive the same treatment. Characterising drug trafficking as a “threat to national sovereignty” places it in a grey area somewhere between domestic security (the field of action of police and security forces) and defence (within the scope of the armed forces). The decree thus brings about a substantive change in that it authorises direct intervention by the military – in this case the air force – to shoot down planes that resist identification (or cannot be identified).</p> <p>The measure also implies explicit alignment with the doctrine of ‘new threats’ and, more generally, with the areas of work envisioned by different US agencies that advocate the armed forces' participation in internal security. This approach can be observed, for example, in the appointment of a former head of the Buenos Aires Provincial Police's Drug Division as the new chief for the entire provincial police force (which is the largest in the country); according to news reports, he was recommended by the US Drug Enforcement Administration (DEA). It can also be seen in the trip that security minister Patricia Bullrich made, along with other officials, to the United States at the end of February, where they met with officials from the US Department of State, the DEA and FBI, among others, for technical advice on interventions and weapons.</p> <h2><strong>Other forms of militarisation</strong></h2> <p>Another regional trend indicates that the fight against organised crime has served as an alibi for other forms of militarisation of domestic security. For instance, the adoption by police and other security forces of military equipment and tactics. This phenomenon has reached the United States, where the federal government equipped police with weapons, vehicles and other items used by the military in the wars in Iraq and Afghanistan, and trained their security forces in military tactics. All of this has been used in the context of the war on drugs, essentially against the black population, according to a report by the American Civil Liberties Union (ACLU), “<a href="https://www.aclu.org/feature/war-comes-home">War Comes Home</a>: The Excessive Militarization of American Policing”<em>. </em></p> <p>This militarisation of the police exceeds the matter of the war on drugs and has consequences for fundamental aspects of democratic life, such as the right to protest. The episodes in Ferguson, Missouri showed the world how military uniforms, weapons and vehicles are used as part of extremely aggressive tactics to control and repress public protests. </p> <p>In Latin America, this phenomenon builds on historic patterns of police militarisation, inherited mainly from the dictatorships, but also combined with seemingly contradictory trends, such as neighbourhood or community policing. These forces, at least on paper, should adopt methods of action that insert police into communities and move away from militarised models of territorial control. A clear example of these opposing trends are the Police Pacification Units (UPP) used in Rio de Janeiro since 2008, a policy aimed at regaining control of some <em>favelas, </em>or shantytowns. The neighbourhoods are invaded by heavily armed elite corps or, in some cases, by the armed forces, to then install police forces supposedly trained in community techniques. The apparent initial success of the programme has been tainted, however, by the serious claims of police violence toward shantytown inhabitants in recent months.</p> <p>In Argentina, although levels of police militarisation are lower, the trend in recent years has not been wholly absent. The province of Córdoba has a heavily armed police force called the Department of Territorial Occupation that, since its creation, has used deployment tactics that reflect a military indoctrination which envisions poor neighbourhoods as enemy territory to be occupied and controlled. During the previous government, this trend gained ground through the use of the national gendarmerie, an intermediate militarised force, to patrol zones of urban conflict. And while interventions by the gendarmerie have proven less lethal than those of the actual police forces, this highlights other problematic aspects of the use of militarised forces in urban settings, such as the difficulties of coexisting with the inhabitants of these neighbourhoods, especially the young men, who the gendarmerie see as subjects to be disciplined. </p> <h2><strong>Lack of oversight of police and judicial institutions</strong></h2> <p>In the case of Argentina, the militarisation of domestic security in any aspect is an ineffective and disproportionate recipe for taking on the key problems associated with the activities of criminal networks, foremost of which is collusion on the part of different state agencies. </p> <p>Institutional penetration is far below the levels seen in so-called ‘narco-states’; however, it is a phenomenon that allows different criminal networks to persist. Recent cases confirm this, such as the lawsuits brought against judicial officials or the scandals caused by police and politicians’ involvement in drug-trafficking networks.</p> <p>The measures taken to date by the new government suggest that the official position is that the weaknesses in prosecuting criminal networks are quantitative rather than qualitative. Therefore, more resources have been announced for the judicial branch, and new tribunals opened to alleviate the work of courts clogged with minor cases, but there has been no assessment of the structural problems in the justice system or the police forces that impede effective prosecution of the big players in drug trafficking and other illegal businesses. </p> <p>The justice ministry recently announced a legislative package intended to facilitate the fight against organised crime. It is still too soon to know if these bills will be passed and implemented, or what impact they might have. Some seem to be aimed at intervention in the complex structures of criminality. However, there were no announcements as to underlying reforms to deal with the problem of police and judicial powers that function as key mechanisms in illegal markets.</p> <p>At the same time, other troubling measures have been taken that cast doubt on the true intentions of the government’s fight against drug trafficking, such as the appointment to key positions in the anti-money laundering office (Financial Information Unit, or UIF) of lawyers who defend companies and banks accused of laundering funds.</p> <h2><strong>Dangers of the new direction</strong></h2> <p>Since the previous administration, drug policy and the pursuit of drug traffickers have been erratic, with a pronounced toughening of the criminal justice system in the last years of president Cristina Fernández's second term (2011 to 2015). The new government has announced its alignment with the ‘war on drugs’ paradigm, the inefficacy of which has been demonstrated in several other countries. If this new direction gains strength, adverse effects can be expected in terms of violence, human rights violations and institutional functioning.</p> <p>In the same way that prohibition leaves the market in the hands of drug traffickers, the war on drugs leaves the problem fundamentally in the hands of violent and corrupt police forces, and opens the possibility of military intervention. While criminal networks have an impact on institutional quality and on the quality of life of the poorest people, so do the anti-trafficking policies adopted and announced, because they are not aimed at the core of institutional collusion that allows these networks to exist. The real problems of violence in some areas thus remain hidden under the guise of an indefinite threat. </p> <p>In this context, the prohibitionist paradigm is not being discussed, leaving debates to focus rather on how much to intensify punitive interventions against the <em>narcos</em>, minor dealers, traffickers, micro-traffickers and even consumers. This type of focus has proven to be ineffective in its objectives – which are the reduction of consumption and trafficking – whereas its negative impact on the spread of violence and on human rights has been documented throughout the region, as can be seen in this <a href="http://www.cels.org.ar/common/drug%20policy%20impact%20in%20the%20americas.pdf">report compiled by 17 organizations</a>, "The Impact of Drug Policy on Human Rights: The Experience in the Americas."</p> <p>Under a state of emergency and in a climate of fear-mongering, the problems associated with drug trafficking and drugs get muddled. They end up outside of the political debate, as part of a seemingly indisputable consensus that dictates the toughening of the criminal justice system, bolstering of police and, eventually, military intervention. The spaces for other voices to be heard are narrowing, voices that contend that there cannot be effective policies against organised crime without deep reforms of the police and security systems, and that the ‘drug problem’ should be approached from a standpoint of harm and violence reduction that tackles the mafia-like ways of regulating these markets that prohibition merely foments.&nbsp; &nbsp;</p> <div style="background-color: #f9f3ff; width: 100%; float: right; margin-left: 14px; border-top: solid 3px #DAC2EA;"> <div style="margin-bottom: 8px; padding: 14px;"><span style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 8px;">This article is published as part of an editorial partnership between openDemocracy and <a href="http://www.cels.org.ar/home/index.php">CELS</a>, an Argentine human rights organisation with a broad agenda that includes advocating for drug policies respectful of human rights. The partnership coincides with the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on drugs.</span></div></div><fieldset class="fieldgroup group-sideboxs"><legend>Sideboxes</legend><div class="field field-related-stories"> <div class="field-label">Related stories:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/drugpolicy/gabriela-kletzel-luciana-pol/unravelling-human-cost-of-global-drug-policy">Unravelling the human cost of global drug policy</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/drugpolicy/carl-hart/nobody-wants-to-live-in-drug-free-world-interview-with-carl-hart">&quot;Nobody wants to live in a drug-free world&quot;: an interview with Carl Hart</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/drugpolicy/opendemocracy-dawn-paley/is-capitalism-fuelling-war-on-drugs">Is capitalism fuelling the war on drugs?</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-topics"> <div class="field-label">Topics:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Civil society </div> <div class="field-item even"> Democracy and government </div> </div> </div> <div class="field field-rights"> <div class="field-label">Rights:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> CC by NC 4.0 </div> </div> </div> Civil society Democracy and government drugpolicy Paula Litvachky Manuel Tufró Fri, 18 Mar 2016 01:25:21 +0000 Manuel Tufró and Paula Litvachky 100704 at https://www.opendemocracy.net Manuel Tufró https://www.opendemocracy.net/content/manuel-tufr <div class="field field-au-term"> <div class="field-label">Author:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Manuel Tufró </div> </div> </div> <P>Manuel Tufró is coordinator of the Democratic Security and Institutional Violence Team at the Center for Legal and Social Studies (CELS), a national human rights organization in Argentina that has a regional and international agenda.</p> <P>Manuel Tufró es el coordinador del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización nacional de derechos humanos de la Argentina con agenda regional y global.</p> Manuel Tufró Fri, 18 Mar 2016 00:31:59 +0000 Manuel Tufró 100705 at https://www.opendemocracy.net