David Kode https://www.opendemocracy.net/taxonomy/term/25458/all cached version 10/02/2019 22:03:59 en ¿Son los cortes de Internet la "nueva normalidad" de la represión gubernamental? https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/CIVICUS/david-kode/interrupciones-de-internet-la-nueva-normalidad-dn-la-represi-n-gubern-0 <div class="field field-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Estamos empezando a comprender el impacto de los cortes de Internet que llevan a cabo algunos gobiernos. Su uso político representa también una amenaza a la libertad. <strong><em><a href="https://opendemocracy.net/democraciaabierta/david-kode/internet-shutdowns-new-normal-in-government-repression">English</a></em></strong></p> </div> </div> </div> <p><span class='wysiwyg_imageupload image imgupl_floating_none 0'><a href="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/557099/internet-1971623_960_720_0.jpg" rel="lightbox[wysiwyg_imageupload_inline]" title=""><img src="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/article_xlarge/wysiwyg_imageupload/557099/internet-1971623_960_720_0.jpg" alt="" title="" width="460" height="349" class="imagecache wysiwyg_imageupload 0 imagecache imagecache-article_xlarge" style="" /></a> <span class='image_meta'></span></span></p><p><strong>Este artículo es parte de nuestra serie sobre la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2017, donde CIVICUS y la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de las Islas del Pacífico (PIANGO) reunieron a miembros de la sociedad civil y activistas de todo el mundo para discutir algunos de los desafíos clave de nuestro planeta se enfrenta. Puedes ver más de lo que salió del evento&nbsp;<a href="https://opendemocracy.net/democraciaabierta/civicus-international-civil-society-week-2017">aquí</a>.</strong></p><p>Una semana antes de Navidad, sin escuchar ninguna noticia, los etíopes supusieron que las protestas antigubernamentales debieron haber sido violentamente sofocadas por las fuerzas de seguridad en algún lugar del país.&nbsp;</p> <p>¿Cómo podrían adivinar? Había una señal reveladora: nadie podía acceder a sus cuentas de redes sociales. De nuevo.&nbsp;</p> <p>El gobierno etíope se encuentra entre al menos 30 administraciones que interrumpieron o cortaron el acceso interno a Internet en los últimos dos años, con el fin de restringir las comunicaciones relacionadas con la disidencia, la acción ciudadana o eventos políticamente delicados.&nbsp;</p> <p>Y, de acuerdo con un <a href="http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/EN_WTR_2017_Executive_Summary_web.pdf">informe</a> recientemente publicado por la UNESCO, el uso de esta táctica está en aumento. Impulsados en gran medida por las preocupaciones políticas y de seguridad nacional, las interrupciones de internet ordenadas por el estado están a punto de convertirse en la "nueva normalidad".&nbsp;</p> <p>Y es por eso que las implicaciones de los derechos humanos de aumentar las negaciones de acceso a Internet – las Naciones Unidas declararon el acceso a internet un derecho humano en 2016 – es un tema clave bajo urgente discusión en el Foro para la Gobernanza de Internet (IGF, por sus siglas en inglés), celebrado en Ginebra del 18 al 21 de diciembre de 2017. Un organismo global con múltiples <em>stakeholders</em>, el IGF es reconocido como el foro internacional de mayor alcance sobre la gobernanza de Internet.&nbsp;</p> <p>Las campañas represivas dirigidas a las plataformas online son parte de una tendencia creciente y sin precedentes de restricciones a las libertades fundamentales a nivel mundial, como lo indica <a href="https://monitor.civicus.org/">CIVICUS Monitor</a>, una herramienta online que rastrea las amenazas a la sociedad civil en todos los países.&nbsp;</p> <p>Esta tendencia es una preocupación creciente para los defensores de los derechos humanos, como parte de un patrón mayor de reducción del espacio cívico a nivel mundial. Cómo lidiar con este desafío fue un tema de debate en una reunión de más de 700 líderes y activistas de la sociedad civil de más de 100 países en la <a href="http://www.civicus.org/icsw/index.php/home">Semana Internacional de la Sociedad Civil 2017</a> en Suva, Fiji a principios de diciembre.&nbsp;</p> <p>Antes del advenimiento de Internet y las redes sociales, los gobiernos utilizaban diferentes métodos para restringir la libertad de expresión y evitar que los defensores de los derechos humanos, los miembros de los partidos políticos de la oposición y otros ciudadanos expresaran opiniones que contrarias al gobierno. Los Estados se apoderaban de ediciones completas de los periódicos y censuraban libros para evitar que el público tuviera acceso a esta información influyente. Otros que expresaban puntos de vista contrarios a los del gobierno fueron arrestados y detenidos y se les negó el contacto con el mundo exterior.</p> <p>El fenómeno de los cortes de internet se destacó en Egipto durante la Primavera Árabe, cuando el gobierno egipcio cortó por completo el acceso a Internet durante varios días para evitar que los egipcios se movilizaran y compartieran imágenes de las protestas. A medida que los ciudadanos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil utilizan cada vez más Internet y las redes sociales para compartir información, estas plataformas se han convertido en las nuevas fronteras de los gobiernos de todo el mundo a las restricciones a la libertad de expresión.&nbsp;</p> <p class="mag-quote-center">Camerún posee el registro poco envidiable de uno de los cortes más largos del mundo ... restringiendo el acceso a las redes sociales y en línea durante tres meses.<span>&nbsp;</span></p> <p>La página web de noticias online de Sri Lanka Lanka E-News está bloqueado desde el 8 de noviembre y no se puede acceder normalmente desde el país. El acceso a la página web fue bloqueado después de que publicó revelaciones sobre corrupción en el proceso de adquisición de vehículos para el estado. En India, la democracia más grande del mundo, Internet se ha cortado más de 29 veces desde el comienzo de 2017. En comparación con 31 cortes en 2016, el número de interrupciones de Internet en India supera el de cualquier otro país en el mundo. Le sigue Pakistán, Turquía, Iraq, Siria y Etiopía, según <a href="https://www.accessnow.org/">AccessNow</a>, una organización que lucha por comunicaciones abiertas y seguras para todos.&nbsp;</p> <p>Al menos otros ocho países africanos como Camerún, República Democrática del Congo, Malí, Marruecos, Senegal, Sudán del Sur, Somalilandia y Togo han interrumpido el acceso a Internet este año. La duración de estos cortes ha variado de unas pocas horas a varios meses. Camerún tiene el récord poco envidiable de uno de los cierres más largos del mundo después de que el régimen del presidente Paul Biya ordenó a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y telefonía móvil restringir el acceso a las redes sociales y online durante tres meses en las dos regiones anglófonas del país donde protestas contra el gobierno eran común.&nbsp;</p> <p>Los gobiernos a menudo afirman que restringen el acceso a Internet para preservar la seguridad, detener el "terrorismo" y proteger la integridad territorial del estado. Cortes o interrupciones también son impuestos durante períodos políticamente sensibles como elecciones y antes o después de protestas masivas. En Camerún, hubo cortes de Internet en abril de 2017 durante <a href="http://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/2722-civicus-urges-release-of-cameroonian-activists">protestas</a> &nbsp;exigiendo el fin de la marginalización socioeconómica, política y cultural de los ciudadanos anglófonos en la nación gobernada por francófonos. Se usaron plataformas online para compartir información sobre las manifestaciones y para publicitar la represión violenta de las protestas pacíficas. Antes del corte, el gobierno envió mensajes a los usuarios móviles advirtiéndoles que evitaran usar las redes sociales para difundir "rumores" y "noticias falsas". Siguió una declaración del Presidente de la Asamblea Nacional que comparó las redes sociales a una "nueva forma de terrorismo."</p> <p>Al igual que en Camerún, las autoridades de Togo cortaron acceso a internet en agosto cuando la sociedad civil y los partidos políticos de oposición realizaron <a href="http://www.civicus.org/images/Togo_CNSC_Interview_ENG.pdf">manifestaciones</a> en las que se pedían reformas constitucionales y la renuncia del presidente Faure Gnassingbé. El gobierno cortó el acceso a internet para evitar que los manifestantes se movilicen y sus ideas se extiendan a diferentes partes del país. Las demostraciones continuaron.</p> <p class="mag-quote-center">Se estima que se perdieron US$ 2.400 millones a nivel mundial en 2016 como resultado de las restricciones de Internet impuestas por el gobierno.<span>&nbsp;</span></p> <p>La prevención de la propaganda de rumores y la preservación de la ley y el orden son las razones que da el gobierno de la India cuando bloquea el acceso online, generalmente después de protestas o disturbios civiles. A menudo los cortes no tienen explicación. Los grupos de derechos humanos y activistas de defensa online sin embargo dicen que los cortes frecuentes y a menudo inexplicables son una estrategia para frenar la libertad de expresión online. A principios de este año, las autoridades de Bielorrusia cortaron el acceso a Internet para evitar que los manifestantes y los periodistas circularan imágenes y videos que mostraban la violenta dispersión de las protestas pacíficas del Día de la Libertad por parte de las fuerzas de seguridad.&nbsp;</p> <p>El problema se ha generalizado tanto que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una <a href="https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf">resolución</a> en junio de 2016 reconociendo que el derecho a la libertad de expresión en Internet es "de creciente interés e importancia" y condenó las "medidas para prevenir e interrumpir intencionalmente el acceso a la divulgación de información en violación del derecho internacional de los derechos humanos y pidió a los Estados que se abstengan y cese esas medidas".</p> <p>Pero la interrupción deliberada de la comunicación en internet también tiene enormes costos económicos. Muchas empresas que dependen de la red no pueden realizar transacciones. Según el <a href="https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/intenet-shutdowns-v-3.pdf">Brookings Institute</a>, se estima que en 2016 se perdieron US$ 2.400 millones en PIB a nivel mundial como resultado de las restricciones de Internet impuestas por el gobierno.&nbsp;</p> <p>Las redes sociales y otras formas de comunicación digital son cada vez más utilizadas por los ciudadanos para compartir información de manera rápida y eficiente. Muchos gobiernos temen el poder de Internet y las herramientas de las redes sociales, especialmente durante períodos de incertidumbre política. Los gobiernos de Uganda y Gabón impusieron un corte de internet durante las elecciones.</p> <p>Lo que las autoridades no saben es que, al igual que ocurre con las comunicaciones fuera de línea, reprimir las comunicaciones online generalmente no tiene el efecto deseado de frenar la disidencia, la acción ciudadana o incluso la difusión de información.&nbsp;</p> <p>A medida que los estados invaden este espacio, los ciudadanos han encontrado formas de eludir la censura online para comunicarse durante períodos de cortes de internet. En Etiopía, por ejemplo, donde el gobierno tiene el control directo del único proveedor de servicios de internet del país, los usuarios simplemente recurren a las VPN (redes privadas virtuales que usan servidores ubicados en otros países) para evitar los cortes.&nbsp;</p> <p>Algunos han adoptado métodos menos sofisticados como moverse físicamente a los límites de ciudades vecinas o países donde el acceso a Internet sigue disponible cuando necesitan comunicarse. Otros usan redes y software de código abierto como Tor, Psiphon y Ultrasurf que permiten a los usuarios permanecer en el anonimato al ocultar sus direcciones IP y permitirles eludir la censura. Sin embargo, existen riesgos asociados con el uso de dicha tecnología ya que las autoridades interceptan estas redes y herramientas e identifican a los usuarios para imponer cargos criminales.</p><p> El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, está recopilando información sobre los cortes de Internet para su informe de 2018 para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC). Con ese informe seguro de revelar un impacto global creciente de esta práctica sobre los derechos humanos de los ciudadanos, la esperanza es que el CDHNU, con organismos como el IGF, empiece a encontrar formas de responsabilizar a los gobiernos las violaciones de los derechos humanos y los costos económicos.</p><div class="field field-rights"> <div class="field-label">Rights:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> CC by NC 4.0 </div> </div> </div> DemocraciaAbierta DemocraciaAbierta David Kode Fri, 22 Dec 2017 18:14:56 +0000 David Kode 115470 at https://www.opendemocracy.net ¿Qué futuro para la sociedad civil en Zimbabue? https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/CIVICUS/teldah-mawarire-david-kode/qu-futuro-para-la-sociedad-civil-en-zimbabue <div class="field field-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Durante el enfrentamiento entre los militares y el presidente Mugabe que condujo a su histórica renuncia, había esperanza. La sociedad civil de Zimbabue ahora debe reinventarse a sí misma para garantizar que esta esperanza siga viva. <strong><em><a href="https://opendemocracy.net/democraciaabierta/david-kode-teldah-mawarire/what-future-for-civil-society-in-zimbabwe">English</a></em></strong></p> </div> </div> </div> <p><span class='wysiwyg_imageupload image imgupl_floating_none 0'><a href="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/557099/2.34162344_0.jpg" rel="lightbox[wysiwyg_imageupload_inline]" title=""><img src="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/article_xlarge/wysiwyg_imageupload/557099/2.34162344_0.jpg" alt="" title="" width="460" height="336" class="imagecache wysiwyg_imageupload 0 imagecache imagecache-article_xlarge" style="" /></a> <span class='image_meta'><span class='image_title'>El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, discursa durante un congreso del partido gobernante ZANU-PF en Harare, Zimbabue, el 15 de diciembre de 2017. Fuente: Shaun Jusa/Xinhua News Agency/PA Images. Todos los derechos reservados. </span></span></span></p><p><strong>Este artículo es parte de nuestra serie sobre la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2017, donde CIVICUS y la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de las Islas del Pacífico (PIANGO) reunieron a miembros de la sociedad civil y activistas de todo el mundo para discutir algunos de los desafíos clave de nuestro planeta se enfrenta. Puedes ver más de lo que salió del evento&nbsp;<a href="https://opendemocracy.net/democraciaabierta/civicus-international-civil-society-week-2017">aquí</a>.</strong></p><p>Muchos zimbabuenses se están preparando para celebrar su primera Navidad sin el único presidente que han conocido.&nbsp;</p> <p>Para algunos, de hecho será una celebración, para otros – particularmente aquellos en la lucha brutal por un cambio social real – será más bien un tiempo para la reflexión y la contemplación.&nbsp;</p> <p>En noviembre, el ejército de Zimbabue obligó al presidente Robert Mugabe, que había gobernado el país desde la independencia hace 37 años, a renunciar. Aunque el golpe fue ampliamente celebrado por los ciudadanos cuando sucedió, los representantes de la sociedad civil y la oposición política ahora están menos entusiasmados con las perspectivas del papel y el lugar de la sociedad civil en un Zimbabue post-Mugabe.</p> <p>Y tienen una buena razón. Cuando el dominio de Mugabe llegó a un abrupto final el 21 de noviembre, despejando el camino para que su ex vicepresidente Emerson Mnagagwa tomara el poder, las expectativas eran altas de que mejoraría el entorno en el que opera la sociedad civil en Zimbabue. Pero las acciones del nuevo presidente, como el nombramiento de un nuevo gabinete que incluye veteranos del partido gobernante ZANU-PF y militares que han sido acusados de atrocidades cometidas en el pasado contra civiles y activistas, junto con el ensordecedor silencio sobre cualquier rol de la sociedad civil y la militarización de ZANU-PF, son todas indicaciones para la sociedad civil que poco puede cambiar sus experiencias bajo el nuevo liderazgo.&nbsp;</p> <p><strong>Espacios cerrados para la sociedad civil en la última década</strong></p> <p>El paso de la sociedad civil a lo largo de las últimas décadas en Zimbabue ha sido doloroso. </p> <p>La represión política y la violencia contra la sociedad civil que hemos visto en el país cambiaron para peor en 2000. El recrudecimiento se dio luego del surgimiento del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), elecciones parlamentarias ese año y la pérdida de un referéndum por parte del gobierno sobre cambios constitucionales. En una conferencia del partido ZANU-PF en Victoria Falls en 2002, el año de las elecciones presidenciales, Mugabe <a href="http://www.thezimbabwean.co/2007/06/torture-in-zimbabwe-the-scars-we-share-26-06-07/">anunció</a> que "quienes tratan de causar la desunión entre nuestra gente deben tener cuidado porque la muerte les sobrevendrá ..." De hecho, la década se caracterizó por la violencia contra los miembros de la oposición política y la sociedad civil, perpetuados por la policía, las unidades de inteligencia, los miembros de ZANU-PF y la milicia juvenil.&nbsp;</p> <p>El estallido de violencia patrocinada por el estado dio surgimiento a otros grupos formales de la sociedad civil que desafiaron el ataque y contraatacaron. En 2003, el movimiento Las Mujeres se Levantan por Zimbabue (Women for Zimbabwe Arise, WOZA) amplió progresivamente su base de miembros, llegando a 75,000 mujeres y algunos hombres, y organizó regularmente <a href="http://archive.kubatana.net/html/archive/cact/080404civicus.asp?sector=CACT&amp;year=2008&amp;range_start=241">protestas pacíficas</a> contra las violaciones de los derechos humanos al tiempo que alentaba a las mujeres a defender sus derechos. WOZA también organizó cientos de sesiones con las comunidades sobre lo que les gustaría ver en un nuevo Zimbabue. Otros organismos, como el Foro de ONG de derechos humanos de Zimbabue, una coalición de organizaciones de derechos humanos, se crearon en respuesta a la violencia y la tortura infligida a los ciudadanos y creció de 8 miembros a 21.&nbsp;</p> <p>La violencia <a href="http://archive.kubatana.net/html/archive/demgg/070417civicus.asp?sector=cact&amp;year=2007&amp;range_start=391">culminó</a> en marzo de 2007 cuando una reunión de oración en la capital, Harare, convocada por Save Zimbabwe Campaign (La Campaña para Salvar a Zimbabue, una coalición de iglesias y organizaciones de la sociedad civil) fue violentamente reprimida, con el pretexto de que la reunión se organizó para evadir la prohibición de reuniones políticas . Al menos un activista murió y varios otros resultaron heridos cuando la policía disparó munición real a los asistentes.</p> <p class="mag-quote-center">La policía ha reprimido brutalmente cualquier protesta, golpeando y deteniendo arbitrariamente a manifestantes por acusaciones frívolas, siguiéndolas con diversas formas de acoso judicial.&nbsp;</p> <p>Muchos activistas huyeron del país para evitar represalias y formaron organizaciones de la sociedad civil en el exterior para impulsar reformas políticas en Zimbabue. Sorprendentemente, el bloque regional, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), la Unión Africana (UA) y los países africanos individuales no criticaron públicamente al gobierno de Zimbabue por las atrocidades y la violencia cometidas contra su pueblo.&nbsp;</p> <p>En los últimos años, el estado no ha dejado de atacar a la sociedad civil. A medida que las condiciones económicas seguían siendo nefastas, activistas más valientes salieron a las calles en protesta, incluido el grupo incendiario <a href="http://tajamuka.co.zw/">Tajamuka/Sesijikile</a>. La policía ha reprimido brutalmente todas las protestas, golpeando y deteniendo arbitrariamente a manifestantes por acusaciones frívolas, siguiéndolas con diversas formas de acoso judicial. Los periodistas también se han enfrentado a un entorno igualmente desafiante que incluye ataques físicos del estado y de los actores de ZANU-PF. El trabajo de los activistas que defienden los derechos LGBTIQ también ha sido extremadamente restringido, con poca tolerancia por sus derechos. Los líderes políticos no han demostrado ningún recelo en amenazar a los activistas que acusan de tener una agenda de cambio de régimen.&nbsp;</p> <p><strong>Implicaciones del cambio de liderazgo para la sociedad civil</strong></p> <p>Durante el enfrentamiento entre los militares y el presidente Mugabe que condujo a su histórica renuncia, había esperanzas. Los militares permitieron protestas masivas pidiendo la renuncia de Mugabe, inspirando optimismo para el futuro. Unos meses antes, tales manifestaciones hubiesen sido violentamente reprimidas. Además, el ejército insistió en respetar las disposiciones constitucionales relacionadas con la destitución y el nombramiento de presidentes, y Mugabe fue depuesto de manera no violenta, dando esperanza de que había llegado una nueva era para el país.&nbsp;</p> <p>Otro rayo de esperanza: una semana después de la partida de Mugabe, el activista de derechos humanos y líder del movimiento prodemocrático #ThisFlag, Evan Mawarire, fue exonerado después de que el Tribunal Superior desestimara el cargo de subversión de un gobierno constitucionalmente elegido en su contra. Descrita por el grupo internacional de derechos humanos <a href="https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/zimbabwe-dropping-of-pastor-mawarire-charges-must-signal-fresh-start-for-zimbabwe/">Amnistía Internacional</a> como "una víctima de la implacable campaña de Robert Mugabe para criminalizar el disenso", Mawarire había sido enjuiciado desde febrero de 2017 por convocar a protestas masivas contra la corrupción y los desafíos socioeconómicos.&nbsp;</p> <p class="mag-quote-center">Mnangagwa ha hecho poco hasta ahora para abrir espacios para la participación de la sociedad civil y la oposición política en anticipación a las elecciones de 2018.</p> <p>Esta decisión es una prueba de la independencia judicial en un Zimbabue post-Mugabe, una independencia que debe ser desarrollada por el poder judicial y la sociedad civil, para generar un nuevo respeto por el estado de derecho, aplicado por igual por todos. El impulso de esta sentencia debería sustentarse con la liberación de todos los defensores de los derechos humanos y activistas políticos actualmente detenidos, y de los casos en su contra y de la destitución de otros.</p> <p>Sin embargo, algunas señales preocupantes anublan estos destellos de esperanza. Desde que asumió el poder, el presidente Mnangagwa se ha centrado en fortalecer el papel de los militares en las estructuras de poder, designando a los militares puestos en el partido y altos cargos en el gobierno. Poco ha hecho hasta ahora para abrir espacios para la participación de la sociedad civil y la oposición política en anticipación a las elecciones de 2018. Existe la preocupación de si las organizaciones de la sociedad civil podrán participar libremente en los procesos electorales antes, durante y después de las próximas elecciones, y si las decisiones militares dictan la política.&nbsp;</p> <p>Aunque la represión contra la sociedad civil en la última década obligó a algunos defensores de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil a autocensurarse para evitar represalias, muchas organizaciones de la sociedad civil desafiaron la represión para seguir exigiendo reformas y protestar contra las violaciones por parte del régimen y actuar en solidaridad con las víctimas de violaciones. Las elecciones que se acercan rápidamente brindan oportunidades mientras muchos viejos desafíos persisten.&nbsp;</p> <p>La sociedad civil zimbabuense debe reinventarse para reclamar y mantener los espacios que estas oportunidades presentan para permitirles enfrentar los desafíos en un Zimbabue post-Mugabe. Queda mucho por hacer para alinear las leyes con la nueva Constitución, las reformas electorales aún están incompletas y se debe exigir la capacidad del estado para permitir un entorno que permita elecciones libres y justas.&nbsp;</p> <p>Pero al crear las sinergias entre los grupos formales de la sociedad civil que trabajan en gobernabilidad, democracia, derechos humanos, desarrollo social y económico, género y derechos de las mujeres, y los movimientos sociales y activistas individuales que han demostrado su poder en la movilización de los ciudadanos, existe la posibilidad de dejar la era de Mugabe para atrás.</p><div class="field field-rights"> <div class="field-label">Rights:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> CC by NC 4.0 </div> </div> </div> DemocraciaAbierta DemocraciaAbierta David Kode Teldah Mawarire Fri, 22 Dec 2017 16:09:13 +0000 Teldah Mawarire and David Kode 115467 at https://www.opendemocracy.net Internet shutdowns: the “new normal” in government repression? https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/CIVICUS/david-kode/internet-shutdowns-new-normal-in-government-repression <div class="field field-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p class="BodyA">We are starting to understand the social and economic impact of internet shutdowns, which were estimated to have had a global GDP cost of US$ 2.4 billion in 2016. <strong><em><a href="https://opendemocracy.net/democraciaabierta/CIVICUS/david-kode/interrupciones-de-internet-la-nueva-normalidad-dn-la-represi-n-gubern-0">Español</a></em></strong><strong><em></em></strong></p> </div> </div> </div> <p class="BodyA"><span class='wysiwyg_imageupload image imgupl_floating_none 0'><a href="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/557099/internet-1971623_960_720.jpg" rel="lightbox[wysiwyg_imageupload_inline]" title=""><img src="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/article_xlarge/wysiwyg_imageupload/557099/internet-1971623_960_720.jpg" alt="" title="" width="460" height="349" class="imagecache wysiwyg_imageupload 0 imagecache imagecache-article_xlarge" style="" /></a> <span class='image_meta'></span></span></p><p class="BodyA">A week before Christmas, without hearing any news of it, Ethiopians guessed that anti-government protests must have been violently put down by security forces somewhere in the country.</p> <p class="BodyA">How could they guess? It was the tell-tale sign: none of them could get access their social media accounts. Again. </p> <p class="BodyA">The Ethiopian government is among at least 30 administrations that have disrupted or shut down domestic internet access in the past two years, in order to restrict communications related to dissent, citizen action or politically sensitive events. </p> <p class="BodyA">And, according to a newly released <a href="http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/EN_WTR_2017_Executive_Summary_web.pdf">UNESCO report</a>, the use of this tactic is on the rise. Driven largely by political and national security concerns, state-ordered internet shutdowns are on the verge of becoming the “new normal”. </p> <p class="BodyA">And that’s why the human rights implications of increasing internet access denials — the United Nations declared internet access a human right in 2016 — is a key issue under urgent discussion at the Internet Governance Forum (IGF), held in Geneva from 18-21 December, 2017. A global multi-stakeholder body, the IGF is recognised as the widest-reaching international forum on internet governance.</p> <p class="BodyA">Repressive campaigns targeting online platforms are part of an unprecedented and growing trend of restrictions on fundamental freedoms globally, as indicated by <a href="https://monitor.civicus.org/">CIVICUS Monitor,</a> an online tool that tracks threats to civil society in every country.&nbsp; </p> <p class="BodyA">This trend is a growing concern to human rights defenders, as part of a greater pattern of shrinking of civic space globally. How to deal with this challenge was a point of debate at a gathering of more than 700 civil society leaders and activists from more than 100 countries at <a href="http://www.civicus.org/icsw/index.php/home">International Civil Society Week 2017</a> in Suva, Fiji in early December. </p> <p class="BodyA">Before the advent of the internet and social media, governments used different methods to restrict freedom of expression and prevent human rights defenders, opposition political party members and other citizens from expressing views that government did not like.&nbsp; States were known to seize complete editions of newspapers and impose bans on books to prevent the public from having access this influential information.&nbsp; Others who expressed views contrary to those of the government were arrested and detained and denied contact with the outside world.&nbsp;&nbsp; </p> <p class="BodyA">The phenomenon of internet shutdowns came to prominence in Egypt during the Arab Spring when the Egyptian government completely cut off internet access for several days to prevent Egyptians from mobilising and sharing images from protests.&nbsp; As citizens, journalists and civil society organisations increasingly use the internet and social media to share information, these platforms have become the new frontiers for restrictions on freedom of expression by governments around the world.</p><p class="mag-quote-center">Cameroon holds the unenviable record of one of the world’s longest shutdowns...restricting online and social media access for three months .</p> <p class="BodyA">As of now, the Sri Lankan online news website <em>Lanka E-News</em> has been blocked since 8 November and cannot be accessed normally from within the country.&nbsp; Access to the website was blocked after it published revelations on corruption in the procurement process for vehicles for the state.&nbsp; In India - the world’s largest democracy — the internet has been shut down more than 29 times since the start of 2017.&nbsp; Compared to 31 shut downs in 2016, the number of shut downs on the internet in India surpasses that of any other country in the world. It is followed by Pakistan, Turkey, Iraq, Syria and Ethiopia, according to <a href="https://www.accessnow.org/">AccessNow</a>, an organisation fight for open and secure communications for all.&nbsp; </p> <p class="BodyA">At least eight other African countries including Cameroon, DRC, Mali, Morocco, Senegal, South Sudan, Somaliland and Togo have disrupted internet access this year.&nbsp; The length of these shutdowns have varied from a few hours to several months.&nbsp; Cameroon holds the unenviable record of one of the world’s longest shutdowns after the regime of President Paul Biya ordered telecommunication service providers and mobile phone companies to restrict online and social media access for three months in the country’s two Anglophone regions where widespread anti-government public protests were continuing. </p> <p class="BodyA">Governments often claim they restrict internet access to preserve security, stop “terrorism” and protect the territorial integrity of the state.&nbsp; Blockades or disruptions are also imposed during politically sensitive periods like elections and before or after mass protests.&nbsp; In Cameroon, the internet was shut down in April 2017 during <a href="http://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/2722-civicus-urges-release-of-cameroonian-activists">protests</a> calling for an end to the socio-economic, political and cultural marginalisation of English-speaking citizens in the Francophone-ruled nation. Online platforms were used to share information on demonstrations and to publicise the violent repression of peaceful protests. Prior to the shutdown, the government sent messages to mobile users warning them to avoid using social media to spread “rumours” and “false news.” It followed a statement by the Speaker of the National Assembly likening social media to a “new form of terrorism.”&nbsp; </p> <p class="BodyA">As in Cameroon, authorities in Togo shut down the internet in August as civil society and political opposition parties held <a href="http://www.civicus.org/images/Togo_CNSC_Interview_ENG.pdf">demonstrations</a> calling for constitutional reforms and for President Faure Gnassingbé to step down.&nbsp; The government cut off access to the internet to prevent protesters from mobilising and spreading to different parts of the country. Demonstrations continued.&nbsp;</p><p class="mag-quote-center">An estimated US$ 2.4 billion in GDP was lost globally in 2016 as a result of government-imposed internet restrictions.</p> <p class="BodyA">The prevention of rumor mongering and the preservation of law and order are the reasons the government of India gives when it blocks online access, usually after protests or civil unrest. Often the blockades go unexplained. Human rights groups and online advocacy campaigners however say that the frequent and often unexplained shutdowns is a strategy to curb freedom of expression online.&nbsp; Early this year, authorities in Belarus cut off the internet to prevent protesters and journalists from circulating images videos showing the violent dispersal of peaceful Freedom Day protests by security forces.&nbsp; </p> <p class="BodyA">The problem has become so pervasive that the United Nations Human Rights Council passed a <a href="https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf">resolution</a> in June 2016 recognising that the right to freedom of expression on the internet is “of increasing interest and importance,” and condemned “measures to intentionally prevent and disrupt access to or dissemination of information in violation of international human rights law and called on states to refrain from and cease such measures.”&nbsp; </p> <p class="BodyA">But the deliberate interruption of communication on the internet also has huge economic costs. Many businesses that rely on the net are unable to transact. According to the <a href="https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/intenet-shutdowns-v-3.pdf">Brookings Institute</a>, an estimated US$ 2.4 billion in GDP was lost globally in 2016 as a result of government-imposed internet restrictions. </p> <p class="BodyA">Social media platforms and other forms of digital communications are increasingly used by citizens to share information quickly and efficiently. Many governments fear the power of the internet and social media tools especially during periods of political uncertainty. The governments of Uganda and Gabon blocked imposed an internet blackout during elections. </p> <p class="BodyA">What authorities do not realise is that, as with offline communications, repressing online communications generally fails to have the desired effect of curbing dissent, citizen action or even the spread of information. </p> <p class="BodyA">As states encroach on this space, citizens have found ways of circumventing online censorship to communicate during periods of internet blackouts. In Ethiopia, for example, where the government has direct control of the country’s only internet service provider, users simply turn to VPNs — virtual private networks which use servers based in other countries — to get around the blockades.</p> <p class="BodyA">Some have adopted less sophisticated methods like moving physically to the boundaries of neighbouring cities or countries where internet access is available, when they need to communicate. Others use free open sourced networks and software like Tor, Psiphon and Ultrasurf which allow users to remain anonymous by hiding their IP addresses and enabling them to bypass censorship. However, risks associated with using such technology includes authorities intercepting these networks and tools and identifying users in order to impose criminal charges.</p> <p class="BodyA">The UN special rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye, is currently gathering information on internet shutdowns for his 2018 report to the UN Human Rights Council (UNHRC). With that report certain to reveal a growing global impact of this practice on citizen’s human rights, the hope is that the UNHRC, with bodies like the IGF, will begin to find ways to hold governments that use it accountable for the human rights and economic costs.</p><div class="field field-rights"> <div class="field-label">Rights:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> CC by NC 4.0 </div> </div> </div> DemocraciaAbierta David Kode Thu, 21 Dec 2017 11:57:15 +0000 David Kode 115441 at https://www.opendemocracy.net David Kode https://www.opendemocracy.net/content/david-kode <div class="field field-au-term"> <div class="field-label">Author:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> David Kode </div> </div> </div> <p>David Kode is the head of advocacy and campaigns with civil society alliance, CIVICUS.&nbsp;&nbsp;</p> David Kode Tue, 19 Dec 2017 18:10:58 +0000 David Kode 115399 at https://www.opendemocracy.net What future for civil society in Zimbabwe? https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/CIVICUS/david-kode-teldah-mawarire/what-future-for-civil-society-in-zimbabwe <div class="field field-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>During the stand-off between the military and President Mugabe that led to his historic resignation, there was reason for hope. Zimbabwe's civil society must now re-invent itself to ensure this hope lives on. <strong><em><a href="https://opendemocracy.net/democraciaabierta/CIVICUS/teldah-mawarire-david-kode/qu-futuro-para-la-sociedad-civil-en-zimbabue">Español</a></em></strong></p> </div> </div> </div> <p class="BodyA"><span class='wysiwyg_imageupload image imgupl_floating_none 0'><a href="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/557099/2.34162344.jpg" rel="lightbox[wysiwyg_imageupload_inline]" title=""><img src="//cdn.opendemocracy.net/files/imagecache/article_xlarge/wysiwyg_imageupload/557099/2.34162344.jpg" alt="Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa" title="" width="460" height="336" class="imagecache wysiwyg_imageupload 0 imagecache imagecache-article_xlarge" style="" /></a> <span class='image_meta'><span class='image_title'>Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa makes opening remarks during a congress of the governing ZANU-PF party in Harare, Zimbabwe, 15 December, 2017. Source: Shaun Jusa/Xinhua News Agency/PA Images</span></span></span></p><p class="BodyA"><strong>This article is part of our series on the&nbsp;<em>2017 International Civil Society Week</em>, where CIVICUS and the Pacific Islands Association of non-Governmental Organisations (PIANGO) brought civil society members and activists from around the world together to discuss some of the key challenges our planet is facing. You can see more of what came out of the event&nbsp;<a href="https://opendemocracy.net/democraciaabierta/civicus-international-civil-society-week-2017">here</a>.</strong></p><p class="BodyA">Many Zimbabweans are preparing to celebrate their first Christmas without the only president they have ever known.</p> <p class="BodyA">For some, it will indeed be a celebration, for others — particularly those in the brutal fight for real social change — it will more likely be a time for reflection and contemplation.</p> <p class="BodyA">In November, Zimbabwe’s military forced President Robert Mugabe, who had run the country since independence 37 years ago, to resign. Although the coup was widely welcomed and celebrated by citizens when it happened, representatives of civil society and the political opposition are now less enthusiastic about prospects for civil society’s role and place in a post-Mugabe Zimbabwe.</p> <p class="BodyA">And for good reason. When Mugabe’s reign came to an abrupt end on November 21, clearing the way for his former vice-president Emerson Mnagagwa to take power, expectations were high that the environment in which civil society operates in Zimbabwe would improve.&nbsp; But the new president’s actions, such as the appointment of a new cabinet that includes veterans of the ruling ZANU-PF party and the military who have been accused of past atrocities against civilians and activists, along with the deafening silence on any role for civil society and the militarisation of ZANU-PF, are all indications for civil society that little may change of their experiences under the new leadership.</p> <p class="BodyA"><strong>Closed spaces for civil society over the last decade</strong></p> <p class="BodyA">The journey for civil society over the last several decades in Zimbabwe has been a painful one. </p> <p class="BodyA">The political repression and violence against civil society we have seen in the country took a turn for the worst in 2000.&nbsp; The upsurge followed the emergence of the opposition Movement for Democratic Change (MDC), parliamentary elections that year and the government’s loss of a referendum on constitutional changes. At a ZANU-PF party conference at Victoria Falls in 2002, the year of presidential elections, Mugabe <a href="http://www.thezimbabwean.co/2007/06/torture-in-zimbabwe-the-scars-we-share-26-06-07/">announced </a>that “those who try to cause disunity among our people must watch out because death will befall them…”&nbsp; Indeed, the decade was characterised by violence against members of the political opposition and civil society, perpetuated by the police, intelligence units, ZANU-PF members and youth militia.</p> <p class="BodyA">The outburst of state-sponsored violence birthed other formal civil society groups who braved the onslaught and fought back. In 2003, the Women for Zimbabwe Arise (WOZA) movement progressively expanded its membership base to include 75,000 women and some men, and regularly organised <a href="http://archive.kubatana.net/html/archive/cact/080404civicus.asp?sector=CACT&amp;year=2008&amp;range_start=241">peaceful protests</a> against human rights violations while also encouraging women to stand for their rights. WOZA also organised hundreds of sessions with communities on what they would like to see in a new Zimbabwe.&nbsp; Others like the Zimbabwe Human Rights NGO Forum, a coalition of human rights organisations, was created in response to the violence and torture meted out to citizens and grew from 8 members to 21. </p> <p class="BodyA">Violence <a href="http://archive.kubatana.net/html/archive/demgg/070417civicus.asp?sector=cact&amp;year=2007&amp;range_start=391">climaxed</a> in March 2007 when a prayer meeting in the capital Harare, called for by the Save Zimbabwe Campaign (a coalition of church and civil society organisations) was violently repressed, under the pretext that the meeting was organised to evade a ban on political gatherings. At least one activist was killed and several others were injured when police fired live ammunition at attendees.</p><p class="mag-quote-center">Police have brutally repressed any protest, beating and arbitrarily detaining protesters on frivolous charges, following them up with various forms of judicial harassment.&nbsp;</p> <p class="BodyA">Many activists fled the country to avoid reprisals and formed civil society organisations&nbsp; (CSOs) abroad, to push for political reforms in Zimbabwe.&nbsp; Surprisingly, the regional bloc, the Southern Africa Development Community (SADC), the African Union (AU) and individual African countries failed to publicly criticise the Zimbabwean government for atrocities and violence committed against its people. </p> <p class="BodyA">In recent years, the state has not let up its attacks on civil society. As economic conditions remained dire, more brave activists have taken to the streets in protest including the firebrand <a href="http://tajamuka.co.zw/">Tajamuka/Sesijikile</a> group. Police have brutally repressed any protest, beating and arbitrarily detaining protesters on frivolous charges, following them up with various forms of judicial harassment. Journalists too have faced an equally challenging environment including physical attacks from state and ZANU-PF actors. The work of activists defending LGBTIQ rights has also been extremely restricted with little tolerance for their rights. Political leaders have not been shy to threaten activists they accuse of having a regime-change agenda.</p> <p class="BodyA"><strong>I</strong><strong>mplications of the leadership </strong><strong>change for civil society </strong></p> <p class="BodyA">During the stand-off between the military and President Mugabe that led to his historic resignation, there was reason for hope.&nbsp; The military allowed mass protests calling for Mugabe’s resignation, inspiring optimism for the future. A few months earlier, such demonstrations would be been violently repressed. Also, the army insisted on respecting constitutional provisions relating to the removal and appointment of presidents and Mugabe was ousted in a non-violent manner, giving hope that a new era had dawned for the country.&nbsp; </p> <p class="BodyA">Another glimmer of hope: a week after Mugabe’s departure, human rights activist and leader of the pro-democracy #ThisFlag movement, Evan Mawarire, was exonerated after the High Court dismissed the charge of subverting a constitutionally elected government against him. Described by international human rights group <a href="https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/zimbabwe-dropping-of-pastor-mawarire-charges-must-signal-fresh-start-for-zimbabwe/">Amnesty International</a> as “a victim of Robert Mugabe’s ruthless campaign to criminalise dissent,” Mawarire had been on trial since February 2017 for calling for mass protests against corruption and the socio-economic challenges.</p><p class="mag-quote-center">Mnangagwa has done little so far to open up spaces for the participation of civil society and the political opposition ahead of the elections in 2018.</p> <p class="BodyA">This ruling is a test of judicial independence in a post-Mugabe Zimbabwe — an independence that should be developed by the judiciary and civil society, to bring about a new respect for the rule of law, equally applied by all. The momentum from this judgement should be sustained by the release of all human rights defenders and political activists currently in detention and by cases against them and others being dropped.</p> <p class="BodyA">However, these glimmers of hope are clouded by other worrying signs. Since taking over, President Mnangagwa has focused on strengthening the role of the military in power structures, appointing military men to the party and senior roles in government. He has done little so far to open up spaces for the participation of civil society and the political opposition ahead of the elections in 2018. There is concern around whether CSOs will be able to participate freely in electoral processes before, during and after the upcoming polls and whether military decisions dictate the politics. </p> <p class="BodyA">Even though the crackdown on civil society over the last decade forced some human rights defenders and representatives of civil society to self-censor to avoid reprisals, many CSOs braved repression to continue to call for reforms, demonstrate against the regime’s human rights violations of the regime and act in solidarity with victims of violations. The fast approaching election brings opportunities while many old challenges remain.&nbsp;&nbsp; </p> <p class="BodyA">Zimbabwean civil society must now re-invent itself to reclaim and maintain spaces that these opportunities present to enable them address challenges in a post-Mugabe Zimbabwe.&nbsp; Much work remains to be done in aligning laws to the new Constitution, electoral reforms are still incomplete and the ability of the state to allow for an environment that will enable free and fair elections has to be demanded.</p> <p class="BodyA">But by creating the synergies between the formal civil society groups working on governance, democracy, human rights, social and economic development, gender and women’s rights, and the social movements and individual activists who have shown their power in mobilising citizens, there is a path away from the Mugabe era.</p><div class="field field-rights"> <div class="field-label">Rights:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> CC by NC 4.0 </div> </div> </div> DemocraciaAbierta Teldah Mawarire David Kode Tue, 19 Dec 2017 18:08:52 +0000 David Kode and Teldah Mawarire 115398 at https://www.opendemocracy.net