Martes 26 de Noviembre de 2019. Cuatro bomberos voluntarios (brigadistas) acusados de pirómanos son detenidos y encarcelados, de buena mañana y por sorpresa. La Policía Civil, sin mostrar orden judicial y armada hasta los dientes con fusiles automáticos, entra y requisa documentación, ordenadores e incluso dinero en la sede del Projeto Saúde e Alegria (PSA), una ONG muy respetada, que lleva décadas trabajando por la salud y la mejora social de las comunidades del área de influencia de Santarem, en el Estado amazónico de Pará.
Si no estuviéramos en Brasil y no viviéramos una verdadera guerra sucia de su gobierno contra las ONG, no creeríamos lo que estamos viendo. Con estos acontecimientos de ayer, adquiere un cariz siniestro la reacción de las autoridades brasileñas al escándalo internacional que desencadenaron los masivos incendios que vivió el Amazonas el pasado verano.
Primero, en julio, Bolsonaro negó la dimensión de la catástrofe y puso en duda los datos científicos aportados. Después, se hizo el ofendido y acusó a la comunidad internacional de querer minar la soberanía brasileña, codiciar la selva como a una virgen (sic) y querer apropiarse del inmenso territorio amazónico. Y finalmente, tuvo que admitir que los incendios se fueron de la mano y puso a trabajar, en muchas ocasiones cuando ya era demasiado tarde, a un ejército, mal preparado para hacer funciones de bombero.
