Esta es una versión traducida y editada de un artículo publicado originalmente en iMEdD (Incubator for Media Education and Development), bajo licencia Creative Commons 4.0 Internacional. Hemos obtenido permiso de los autores de las fotografías y de las personas fotografiadas para reproducir las imágenes.
Los periodistas Carlos Castro, Roxana Guzmán, Luis Ángel López, Alex Serna, Josué Martínez, Alejandro Leyva Aguilar y Ricardo Zúñiga fueron asesinados este año en México; seis de ellos en apenas tres meses, entre junio y septiembre, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Estas son solo las últimas víctimas de una crisis que tiene al menos dos décadas en México. Desde 2006, han sido asesinados 153 periodistas, según el CPJ. En 2025, se cometieron nueve asesinatos – una cifra solo superada por los 12 asesinatos de periodistas en Gaza –, según datos de Reporteros sin Fronteras (RSF).
Se trata de números más propios de lugares que viven guerras, como las de Yemen, Ucrania o Gaza, según explicó a iMEdD el representante del CPJ en México, Jan-Albert Hootsen. "México se enfrenta a una crisis permanente de libertad de expresión", dijo Hootsen, para quien los últimos asesinatos son una continuación de la tendencia de violencia contra los periodistas mexicanos que se prolonga desde hace años.
Sin embargo, Hootsen señaló un "matiz importante": en la historia política reciente de México, la violencia tiende a disminuir en el primer año de una nueva presidencia, para dispararse en el segundo, especialmente contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Como en 2026 se cumple el segundo año de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, Hootsen cree que los recientes asesinatos podrían formar parte de ese "repunte del segundo año". Su hipótesis apunta a la relación entre los grupos del crimen organizado y quienes ocupan cargos públicos: cada nuevo gobierno trae consigo nuevos cargos, lo que brinda a los grupos criminales la posibilidad de explorar potenciales relaciones de colaboración con ellos antes de recurrir de nuevo a la violencia. Para el segundo año, estas dinámicas de poder se han reestructurado en gran medida, "todas las piezas están colocadas", y la violencia comienza a aumentar de nuevo, dijo Hootsen.
Periodistas y trabajadores de medios asesinados en México entre 2006 y septiembre de 2026. Fuente: CPJ | Elaboración de datos y gráfico: Pavlos Methodios/iMEdD | Creado con Datawrapper
¿Quién ataca a la prensa mexicana?
Si bien el papel de los grupos del crimen organizado en México ya es bien conocido, Hootsen señaló que "los funcionarios públicos suelen formar parte de esta dinámica". Los actores estatales fueron responsables de algo más de la mitad de los ataques documentados contra la prensa en 2025, según el informe anual de la organización Artículo 19.
"Confío más en estos tipos, los delincuentes, que en la policía", dijo Ulises Escamilla, un productor y enlace local de Ciudad de México que ha trabajado para medios internacionales como la BBC y Sky News. "Los delincuentes dan su palabra y la cumplen si tú cumples la tuya", añadió.
Escamilla recordó que, hace unos dos años, lo siguió una persona que él supuso era un agente de policía. En aquel momento, estaba trabajando con VICE en un documental sobre la muerte de Jesús Ociel Baena, el primer magistrado abiertamente no binario de México, que había muerto en su domicilio, en el estado central de Aguascalientes.
La persona – que llevaba un tiempo siguiendo a Escamilla – desapareció cuando este intentó fotografiarla. "Estoy seguro de que, en ese caso, el gobierno podía estar relacionado con el asesinato", afirmó Escamilla, quien cree que esa fue la razón por la que lo seguían.
A menudo, funcionarios públicos y cárteles actúan en connivencia. "En algunas partes del país, es difícil distinguir dónde terminan las organizaciones criminales y entran en escena las autoridades locales, porque a veces se trata de las mismas personas", dijo Armando Talamantes, director ejecutivo de Quinto Elemento Lab, una organización mexicana sin ánimo de lucro dedicada al periodismo de investigación.
El reciente crimen de la periodista Roxana Guzmán en el estado oriental de Veracruz es un ejemplo. Cuatro de los ocho sospechosos detenidos por su asesinato son agentes de la policía municipal y están acusados de proporcionar apoyo logístico a la organización criminal que secuestró a la periodista el 2 de junio de 2026 antes de matarla. A principios de agosto, la Asamblea Legislativa de Veracruz levantó la inmunidad de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste (una localidad cercana a Nanchital, donde trabajaba Guzmán), allanando el camino para su enjuiciamiento por su presunto papel como cerebro del secuestro y asesinato de Guzmán.
Una impunidad de 98%
Tanto si los autores son funcionarios públicos como si son cárteles de la droga, hay un factor que une todos estos ataques, según Hootsen: la impunidad. "Lo que todos tienen en común es que se producen en lugares donde la probabilidad de que los agresores sean realmente castigados por sus delitos es prácticamente nula", dijo. Las cifras son abrumadoras: alrededor de 98% de los delitos mortales contra la prensa mexicana quedan impunes. "La impunidad fomenta los ataques contra la prensa", afirmó.
¿Las autoridades mexicanas son incapaces o no están dispuestas a procesar a los agresores? "Si existe la voluntad política, el Estado mexicano es muy capaz de perseguir a los agresores", dijo Hootsen. Lo que provoca esta impunidad, según él, es la indiferencia del Estado.
En algunos casos – cuando hay funcionarios públicos implicados – existe incluso un incentivo para llevar a cabo una operación de encubrimiento. El gobierno tiende a actuar más cuando el ataque se convierte en un "problema de relaciones públicas". Eso es lo que ocurrió en el caso de Guzmán, cuando el vídeo de su secuestro se difundió ampliamente por las redes sociales, lo que provocó lo que Hootsen denomina "una tormenta en la opinión pública mexicana".
Menos acceso a la información y presión legal
Lilia Saúl Rodríguez, periodista de investigación con sede en Ciudad de México y que trabaja para el Organized Crime and Corruption Reporting (ΟCCRP), mencionó otro gran reto para el periodismo en el país: "El acceso a la información en México se está convirtiendo en letra muerta", dijo.
Aunque el derecho a la información pública se amplió a principios de la década de 2000 con la aprobación de leyes de transparencia, la situación se ha deteriorado desde entonces. A finales de 2024, la administración de Sheinbaum decidió desmantelar el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), que, como explicó Talamantes, había sido un organismo independiente que actuaba como "árbitro" cuando los organismos estatales denegaban solicitudes de información pública.
Quinto Elemento ha empleado reiteradamente la ley de transparencia para solicitar información. Talamantes recordó haber solicitado documentos públicos sobre el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht (la trama de sobornos de la empresa en 10 países latinoamericanos). La fiscalía finalmente aceptó entregar los documentos en 2021, pero a cambio de un pago de 1,7 millones de pesos mexicanos, unos 93.000 dólares de la época. Los periodistas recurrieron ante el INAI, que concluyó que los documentos debían entregarse de forma gratuita.
Hoy en día, esto ya no es posible, según Talamantes. El control del acceso a la información pública que ejercía el INAI se transfirió a un órgano dependiente del Ministerio Anticorrupción, lo que genera muchas dudas sobre su independencia.
Mientras tanto, el registro del INAI, que incluye los archivos de todas las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas, ha "desaparecido en algún limbo en la nube, al que el público ya no tiene acceso", dijo Saúl Rodríguez.
El acoso judicial también está pasando factura a los medios de comunicación mexicanos, según Talamantes. Artículo 19 documentó que, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, cada cuatro días se abría un nuevo procedimiento judicial o administrativo contra periodistas y medios.
Quinto Elemento se ha enfrentado a demandas en el pasado, aunque a ninguna en los últimos años. Su estrategia para prevenir desafíos legales consiste en obtener asesoramiento jurídico de organizaciones sin ánimo de lucro, como Artículo 19 y Propuesta Cívica, al tiempo que participa en Reporters Shield, un programa de afiliación que proporciona asistencia jurídica y apoyo financiero a las redacciones que se enfrentan a demandas destinadas a silenciar sus reportajes.
Zonas de silencio
En algunas partes de México, las presiones que soportan los periodistas han adoptado una forma aún más extrema. Sometidos a violencia e intimidación, principalmente del crimen organizado, las y los periodistas deben restringir o abandonar por completo la cobertura de temas delicados, como el narcotráfico, un fenómeno conocido como "zonas de silencio" o "desiertos informativos".
La ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, suroeste del país, es una de estas zonas de silencio. “Por un lado, debido a la fuerte presencia del crimen organizado, pero, por otro, también a causa de la connivencia entre las autoridades gubernamentales y el crimen organizado", dijo Jonathan Cuevas, periodista de la ciudad que ha trabajado para medios mexicanos e internacionales.
Para la gran mayoría de los periodistas, esto significa abstenerse de cubrir temas que perjudiquen los intereses del crimen organizado y, en ocasiones, de ciertos funcionarios públicos, según Cuevas. "La autocensura es obligatoria para todos nosotros", dijo. La zona de silencio tiene una larga historia, muy anterior a que Cuevas comenzara a trabajar como periodista en 2007, observó.
El periodismo se ve gravemente limitado en casi la mitad del territorio de Sinaloa, estado del noroeste de México, y en algunos de sus municipios no hay ningún periodista local, según un estudio de 2025 realizado por Iniciativa Sinaloa, una organización sin ánimo de lucro con sede en la capital estatal, Culiacán.
La versión oficial del estado alega falta de interés comercial en estos municipios, según Sibely Cañedo, periodista residente en la ciudad de Mazatlán y coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa. Sin embargo, los periodistas y activistas entrevistados por Iniciativa Sinaloa también señalaron la presencia del crimen organizado como un factor determinante.
Una violenta guerra por el control del territorio que estalló en septiembre de 2024 entre facciones rivales de uno de los mayores grupos de narcotraficantes del mundo, el Cártel de Sinaloa, constituye el contexto más reciente de esta zona de silencio. Sin embargo, el fenómeno es mucho más antiguo. Cañedo cree que empezó al menos en 2008, cuando otra escisión dentro del Cártel de Sinaloa desencadenó un recrudecimiento de la violencia en todo el estado.
En ocasiones, el acceso a determinados territorios de Sinaloa está completamente restringido. Según Cañedo, periodistas no pueden ingresar a ciertas comunidades porque se lo impiden puestos de control ilegales custodiados por grupos armados. Ella misma no pudo llegar a una comunidad del municipio de Choix, al norte de Sinaloa, en julio de 2026, ya que nadie estaba dispuesto a llevarla allí debido a su trabajo como periodista.
Incluso en Culiacán, donde se mantiene un cierto grado de pluralidad, los periodistas recurren habitualmente a la autocensura cuando se trata de informar sobre actividades del crimen organizado. "No pueden mencionar los nombres de los grupos criminales. Solo se refieren al crimen organizado, pero no dicen ‘Los Chapitos’ ni ‘La Mayiza’", dijo Cañedo, en referencia a las dos facciones rivales dentro del Cártel de Sinaloa.
Las consecuencias para quienes siguen cubriendo temas delicados van desde amenazas y palizas hasta el desplazamiento y el asesinato, según Cuevas. Él mismo tuvo que marcharse de Iguala y vivir en Ciudad de México entre 2020 y 2023 tras recibir mensajes y una llamada, en octubre de 2020, con amenazas de asesinarlo y dejarlo "desmembrado en la calle o en algún canal", aseguró. En 2023, Cuevas se vio obligado a regresar a Iguala porque el desplazamiento le hizo perder el 70% de sus ingresos.
En 2021, mientras Cuevas estaba en Ciudad de México, “funcionarios municipales de Iguala habían encargado a un grupo del crimen organizado que me asesinara, y ofrecían una suma de 25.000 pesos mexicanos [1.200 dólares en aquel momento], según una serie de capturas de pantalla que me enviaron por WhatsApp", dijo Cuevas. Él relacionó este intento con sus reportajes sobre irregularidades financieras en el ayuntamiento de Iguala. En Guerrero, su familia estaba siendo acosada y vigilada, "hasta el punto de que unos hombres armados interceptaron a mi hermana y a su pareja, los amenazaron y les entregaron un mensaje para mí mientras les apuntaban con armas a la cabeza", recordó.
Las zonas de silencio han alterado la relación entre periodistas y público. "La gente no confía en los medios de comunicación", dijo Aarón Ibarra, periodista independiente y residente en Culiacán. El público sospecha que los medios podrían estar mintiendo o incluso omitiendo por completo la cobertura de ciertos temas, indicó.
Para Hootsen, del CPJ, las consecuencias afectan a la propia democracia. "Cada vez que se acercan unas elecciones, sería muy positivo que los votantes supieran si los candidatos son corruptos o están en la nómina del crimen organizado. Si desaparece el periodismo crítico, se priva a los votantes de esa capacidad de saber, porque los periodistas ya no informan".
¿Rendición de cuentas o censura?
En un entorno extremadamente peligroso para la libertad de prensa en México, una nueva normativa destinada a proteger los derechos del público ha abierto otro frente. Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, aprobados a finales de agosto por la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones, exigen a las emisoras de radio y TV, entre otras cosas, contar con mecanismos de reclamación y defensores de los derechos de la audiencia.
La versión final de la normativa, que recibió muchas críticas, es menos restrictiva que la propuesta inicialmente por la administración de Sheinbaum, pero la cuestión clave que plantea su inminente aplicación parece seguir siendo la misma: cómo garantizar que los esfuerzos por reforzar la rendición de cuentas de los medios de comunicación no se conviertan en otro instrumento para presionar a los periodistas.
En agosto, la asesora jurídica del gobierno mexicano, Luisa María Alcalde, presentó una lista de periodistas, medios de comunicación y figuras de la oposición que, según ella, atacan al gobierno de Sheinbaum. "En ella figuran los nombres completos [de los periodistas] y sus cuentas en redes sociales, lo que los convierte en objetivos directos y facilita que la gente los ataque", advirtió la periodista del OCCRP, Saúl Rodríguez.
Sin embargo, en medio de este panorama cambiante de presiones, "el periodismo mexicano ha demostrado ser increíblemente resiliente", dijo Hootsen. "Los periodistas suelen ser resilientes, suelen sentir una gran pasión por su trabajo y son muy tenaces. Cuanto más se los presiona, más resisten. Y es realmente difícil para un gobierno o para las redes criminales acabar por completo con el periodismo, porque siempre resurge".
