Las organizaciones de empoderamiento jurídico ayudan a las personas a utilizar las leyes por sí mismas para resolver sus problemas judiciales más apremiantes. Esta no es necesariamente la clase de problema que aparece en los titulares de noticias; se trata, por ejemplo, de obtener un documento de identidad o recibir asesoramiento sobre los derechos al terminar un matrimonio. En muchos países, los servicios para ayudar a los segmentos más pobres de la sociedad con esta clase de problemas jurídicos suelen ser proporcionados por las ONG, a menudo con financiamiento de donantes internacionales y con aportaciones pro bono esporádicas de abogados.
Pero en ciertos sentidos, la dependencia del financiamiento extranjero ha actuado como un obstáculo para la innovación. Puede tornar vulnerables a las organizaciones, dar lugar a malas decisiones de gasto (incluida la extralimitación) y hacer que las organizaciones no rindan cuentas ante los beneficiaros. Además, resulta imposible lograr que la asistencia alcance el mismo nivel que la necesidad real. Por ejemplo, de acuerdo con las encuestas de Open Society Foundations (OSF) de 2012, en Tayikistán, el 74 % de los encuestados había tenido un problema jurídico durante los tres años anteriores; en Macedonia, la cifra fue del 50 %. El financiamiento de los donantes simplemente no puede abarcar esta magnitud.
Los fondos gubernamentales pueden llenar los vacíos en algunos lugares —especialmente cuando se trata de casos intracomunitarios y no controvertidos—; de hecho, esta clase de financiamiento está aumentando en varios países de ingresos medianos, como Ucrania e Indonesia. Pero en los países de bajos ingresos, muchos gobiernos aún enfrentan dificultades. Las organizaciones locales tienen que ser más creativas y adaptables en la búsqueda de nuevos modelos de negocio.
