La tempestad que se desencadenó este verano debido a que el gobierno sudafricano desafió una orden judicial para el arresto de Omar Al Bashir, quien fue acusado formalmente por la Corte Penal Internacional (CPI), puso de relieve un enigma que ha plagado el movimiento a favor de la justicia internacional desde su creación: ¿cómo administrar justicia imparcial por delitos graves en un mundo con desigualdades de poder?
En los últimos meses, he tenido el privilegio de participar en debates apasionados sobre la CPI en Johannesburgo, Río de Janeiro y Jerusalén. Muchos activistas de derechos humanos que apoyaron la fundación de la CPI están preocupados por la cantidad de personas que eluden su alcance. O, como más de una persona dijo sin rodeos: “¿Por qué la CPI levantó cargos contra Bashir y otros líderes africanos, pero no contra personajes importantes del norte global, como [el ex presidente de EE. UU. George W.] Bush y [el ex primer ministro británico Tony] Blair”, por los crímenes cometidos mientras llevaban a cabo la guerra en Irak y la “guerra global contra el terrorismo?”.
Aunque esta pregunta puede sonar descabellada en Washington o Londres, se considera de sentido común en muchas otras capitales.
