Jason Pier in DC/Flickr. (CC 2.0 by-nc)
Amnistía Internacional (AI) propuso en 2015 despenalizar el trabajo sexual con la intención de proteger los derechos humanos de quienes se dedican a ello. Esta histórica propuesta atrajo la atención mundial hacia las violaciones de derechos humanos que sufren las personas que ejercen el trabajo sexual a diario, y amplió el ya sustancial compromiso de AI en el campo de los derechos humanos. Además, dado que en varios lugares el trabajo sexual todavía no se considera una ocupación legítima, la propuesta de AI hizo hincapié no solo en los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, sino también en sus derechos laborales.
El planteamiento de AI suscitó críticas vehementes de feministas que consideran que la legalización del trabajo sexual perpetúa el patriarcado y la violencia contra las mujeres. Entre ellas, posiblemente la más crítica fue la Coalición contra la trata de mujeres («CATW», por sus siglas en inglés). La carta abierta de CATW a AI, suscrita por figuras de renombre mundial como Gloria Steinem, alegaba que la política recomendada «[...] propone, incomprensiblemente [...], la despenalización total de la industria del sexo, lo que en efecto legaliza el proxenetismo, la propiedad de burdeles y la compra de sexo». Pese a que Steinem ha liderado de manera tenaz y eficaz el movimiento feminista, su oposición (junto con la de CATW) a la propuesta de AI está basada en una visión un tanto convencional de lo que significa el trabajo sexual para las mujeres pobres en términos laborales y de calidad de vida, especialmente en países en desarrollo.
