Cómo acotar y regular el formidable poder desarrollado por las empresas multinacionales frente a los estados y sus ciudadanos es uno de los retos principales que se plantean permanentemente en la esfera de la gobernanza global. El peso de las empresas como actores internacionales queda ilustrado por Amnistía Internacional del siguiente modo: de las 100 mayores economías en el mundo, 51 son empresas, 49 estados. La relación de la empresa con los derechos humanos, por ejemplo, ha sido objeto de debate y controversia internacional durante años. Pero en los últimos tiempos hemos asistido a una evolución en la que transitamos de la soft law a la petición por parte de las propias empresas multinacionales de una regulación de sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Podemos afirmar que algo se mueve en el mercado global?
Proteger, respetar y remediar: éstos son los tres pilares sobre los que se basa el marco voluntario, uniforme y ordenado de los ámbitos de la responsabilidad de los Estados y de las empresas en relación con los derechos humanos que establecen en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs, en sus siglas inglesas), endosados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.
Los UNGPs, por ellos mismos, implican el reconocimiento explícito de la existencia de una laguna en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como consecuencia de la globalización. Este cuerpo normativo se creó entorno a los Estados como únicos destinatarios y titulares de obligaciones de Derechos internacional porque se concibió como instrumento para limitar su poder frente a sus ciudadanos. Por su parte, el Derecho Internacional que regula el desarrollo económico lo ha hecho a través de instrumentos de promoción y protección de la inversión (APRIs) y de instrumentos multilaterales de comercio internacional, a espaldas y desconectado del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
