En marzo 24 de 1976, el dictador de Argentina, el general Jorge Rafael Videla , en el centro, juró como presidente en la Casa de Gobierno en Buenos Aires, Argentina. Foto AP / Eduardo Di Baia.
Por primera vez una sentencia judicial declaró en América Latina la existencia del Plan Cóndor como una asociación ilícita supranacional organizada para desaparecer a opositores políticos sin importar las fronteras. Ocurrió en la Argentina el 27 de mayo, cuando un fallo condenó a catorce militares argentinos, pertenecientes a los mandos medios y altos de la estructura represiva argentina, y un militar uruguayo.
La investigación sobre los crímenes del Cóndor se inició en nuestro país en 1999 con la denuncia de dos abogados, David Baigún y Alberto Pedroncini, por cinco personas desaparecidas de distintas nacionalidades, todos ellos víctimas de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de los años 70. El argumento principal era que esas desapariciones forzadas fueron ejecutadas en el marco de una asociación ilícita entre responsables políticos y militares de rango superior, mediante el uso criminal del aparato del Estado, en un contexto de regímenes dictatoriales en nuestra región.
