Los negociadores de paz se enfrentan a un público difícil: aunque las partes del conflicto quieran deponer las armas y reintegrarse a la sociedad, las víctimas y el público en general suelen exigir firmemente que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos. En el pasado, este intercambio de “paz por justicia” a menudo producía amnistías mutuas. Hoy en día, sin embargo, el derecho internacional conforme al Estatuto de Roma exige la rendición de cuentas y el enjuiciamiento penal por las violaciones graves de derechos humanos, y la opinión pública nacional en los contextos democráticos clama por justicia. También hay un menú cada vez más variado de opciones de “justicia transicional” que pueden elegir los Estados después de los conflictos para abordar el legado de un pasado violento.
¿Cómo pueden los negociadores de paz lidiar con estas crecientes presiones por algún tipo de justicia transicional desde arriba y desde abajo, y aun así lograr un acuerdo de paz para dar fin a los conflictos civiles? ¿Qué efecto podrían tener sobre las negociaciones de paz las encuestas de opinión pública acerca de las actitudes hacia varias formas de justicia transicional?
Investigamos esta cuestión durante un proceso de negociación en tiempo real: las pláticas en curso con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a una guerra civil de cincuenta años de duración. Llevamos a cabo una encuesta experimental nacional en línea en Colombia en dos olas, en junio de 2014 y enero de 2015, la cual presentaba breves descripciones de los combatientes con distintos grados de responsabilidad por las violaciones de derechos humanos. Queríamos determinar qué tan legítima le parece al público la participación política de las guerrillas desmovilizadas y, especialmente, la propuesta de que tengan condenas de prisión reducidas. Lo que más nos importaba era entender “qué mueve la aguja indicadora” de estas actitudes.
