La Corte Penal Internacional (CPI) se creó para poner fin a la presunción de impunidad para los poderosos. Pero en la práctica, la corte tiene una capacidad limitada de impartir justicia sin influencias políticas, y su alcance no es universal. Las atrocidades que ocurren en el territorio de los Estados que no se han unido a la CPI siguen constituyendo un caso extremadamente complicado para la búsqueda de rendición de cuentas, particularmente cuando las cometen agentes del Estado.
Es un lugar común decir que los responsables de las atrocidades masivas no se enjuician a sí mismos. En el caso de los Estados que se han unido al régimen de tratados de la CPI, las posibilidades de obtener justicia por crímenes internacionales, incluso cuando los realizan actores estatales, pueden aumentar. La corte puede iniciar sus propios procesos penales o aprovechar la amenaza de acción para fomentar que los Estados tomen medidas a nivel nacional. Pero en el caso de los Estados que no han firmado el tratado, se requiere una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación a la CPI para activar cualquiera de estos mecanismos. Y como dicha resolución requiere el apoyo (o la abstención) de los cinco miembros con poder de veto, las remisiones son poco comunes.
Si los gobiernos que han cometido atrocidades no se van a enjuiciar a sí mismos, y no hay posibilidades de que la CPI emprenda alguna acción, ¿la impunidad en estos casos es una conclusión inevitable? ¿Esto significa que los esfuerzos para tratar de obtener justicia en estos casos son una causa perdida? No se trata de una pregunta meramente académica. Si bien 123 Estados se han incorporado a la CPI, un porcentaje importante del territorio mundial aún está exento de la jurisdicción de la corte. No por casualidad, los reductos incluyen numerosos Estados que han desatado actos de violencia devastadora contra la población civil. Si los gobiernos que han cometido atrocidades no se van a enjuiciar a sí mismos, y no hay posibilidades de que la CPI emprenda alguna acción, ¿la impunidad en estos casos es una conclusión inevitable? ¿Qué pueden hacer los defensores de la rendición de cuentas?
