La retórica que rechaza los derechos humanos, y en particular a las organizaciones y los activistas de derechos humanos, ha ganado terreno con rapidez en Brasil durante los últimos años.
A lo largo de 2016, durante el controvertido juicio político de la presidenta Dilma Rousseff —una exprisionera política torturada durante la dictadura (1964-1985) y la primera mujer elegida presidenta de Brasil— este discurso contra los derechos humanos comenzó a crecer de manera más notoria. Por ejemplo, cuando el exdiputado Jair Bolsonaro emitió su voto a favor de la destitución de Rousseff, lo dedicó a Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien fue directamente responsable por su tortura y el primer oficial del ejército brasileño condenado por esta práctica.
Después de que Rousseff fue destituida y Michel Temer, el vicepresidente, asumió el cargo de presidente, Bolsonaro emprendió una campaña presidencial que rendiría frutos tres años después. Una característica clave de su retórica de campaña y de sus primeros meses en el cargo fue la aceptación, el apoyo y el compromiso con las políticas y expresiones que rechazaban y ridiculizaban abiertamente los derechos humanos. Por primera vez desde que la Constitución brasileña de 1988 restableció la democracia, el país tiene un presidente que coloca los valores “anti derechos humanos” en el discurso oficial.
