Una madrugada de febrero, Suzan Akello, de 23 años, murió en el porche de una casa en la ciudad de Mbale, en el este de Uganda. Sus amigos dijeron que había ingerido hierbas medicinales para interrumpir un embarazo y luego necesitó atención de emergencia en una clínica, pero no pudo pagarla.
Los servicios de atención posaborto son legales en Uganda – garantizados tras años de activismo y colaboración entre el gobierno y las ONG –, parte de ellos en el marco de programas financiados por Estados Unidos.
Pero trabajadoras de la salud, activistas y pacientes dijeron a The New Humanitarian que en los últimos meses la atención médica posaborto y de VIH/sida se está desmantelando debido a un nuevo acuerdo sanitario de 2.300 millones de dólares entre Uganda y Estados Unidos, que integra los programas financiados por donantes en el sistema de salud pública ugandés al tiempo que reduce la dependencia de las ONG.
