La cuestión de qué función deben desempeñar la justicia penal y el castigo en la resolución del conflicto armado en Colombia es un enigma realmente inquietante. Hasta la fecha la discusión ha tendido a centrarse en dos aspectos. En primer lugar, la pregunta de si es razonable exigir justicia por los numerosos crímenes graves cometidos durante el conflicto, dadas las dificultades que esto representa para las negociaciones en curso para acabar con las hostilidades; y en segundo lugar, si lo es, ¿cuáles son los mejores mecanismos para buscar justicia?
Puede resultar provechoso reformular la pregunta. El Centro Internacional para la Justicia Transicional (International Centre for Transitional Justice, ICTJ) publicó recientemente un artículo que explora estas ideas con mayor detalle. El informe sugiere que lo primero que debemos preguntarnos es: ¿cuáles son los objetivos políticos de castigar los crímenes más graves en el contexto de las negociaciones de paz para poner fin a un conflicto que ha abarcado medio siglo? Solamente después de hacerlo nos debemos preguntar cuáles son las medidas más aptas para alcanzar esos objetivos.
En vez de preguntarnos qué derecho tenemos de castigar, debemos preguntarnos qué queremos lograr con ese castigo.
