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Guatemaltecas repudian nueva ley antiaborto y anti-LGBTIQ

El ‘nefasto’ proyecto aprobado en el Congreso legalizaría la homofobia y endurecería las penas de prisión para quienes aborten

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Dánae Vílchez
11 marzo 2022, 12.00am
Mujeres en una de las manifestaciones del 8 de marzo en Ciudad de Guatemala
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Dánae Vílchez

Mientras cientos de guatemaltecas marchaban el martes 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Poder Legislativo de su país se preparaba para asestarles un golpe sin precedentes.

Esa misma noche, el Congreso aprobó un proyecto que prohíbe el matrimonio igualitario, endurece las penas de prisión para mujeres que interrumpan sus embarazos o tengan un aborto espontáneo, e inhabilita la educación sexual en las escuelas. Conocido como ‘ley por la vida y la familia’, también legaliza el discurso homófobo.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos protestaron contra la ley. “El Congreso de Guatemala está legalizando la violencia y la discriminación institucionalizadas contra las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQ+”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas.

“Esta ley violenta los derechos humanos más básicos”, dijo la destacada abogada feminista Stephanie Rodríguez a openDemocracy. “Es una ley infame que criminaliza a las mujeres porque ve el aborto solo desde un aspecto penal y violenta la diversidad sexual”, agregó.

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Pero en un imprevisto giro de los acontecimientos, el presidente Alejandro Giammattei anunció dos días después que no respaldaba la ley y que, de ser necesario, estaba dispuesto a vetarla. “Viola dos convenciones internacionales de las cuales Guatemala es signataria”, dijo el presidente en un mensaje en sus redes sociales. “Adolece de deficiencias técnicas en su redacción, pero lo más preocupante es que viola la constitución”.

Amenaza a los derechos sexuales y reproductivos

La legislación entraña una amenaza considerable a los derechos sexuales y reproductivos y muestra hasta qué punto grupos evangélicos contrarios a estos derechos han penetrado lugares de poder en las instituciones.

La iniciativa conocida como 5272 fue redactada por un grupo de iglesias evangélicas en 2017, presentada en el Congreso y más tarde archivada hasta este año, cuando la revivió una mayoría conservadora.

Hasta ahora, el aborto solo está permitido si la vida de la mujer corre un peligro grave, y debe ser aprobado por un médico. La nueva ley, si entra en vigor, exigirá la aprobación de tres ginecólogos.

También extendería las penas por el delito de aborto a entre cinco y diez años de prisión – actualmente el código penal establece de uno a tres años. El texto introduce penas de cárcel (de uno a tres años) para las mujeres que “intenten” practicarse un aborto e incluso para aquellas que sufran un aborto espontáneo, resultado de una conducta “imprudente” o “culposa”.

La nueva ley prohibiría expresamente el matrimonio y la unión civil “entre personas del mismo sexo”. Impediría tanto a escuelas públicas como privadas la “promoción” de políticas o programas que enseñen “conductas sexuales distintas a la heterosexualidad” o que “sean incompatibles con las aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

La ley también establece que “ninguna persona será perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género” – legalizando de hecho la homofobia.

International Women’s Day in Guatemala City's historic centre, 8 March 2022

Celebración del Día Internacional de la Mujer en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, el 8 de marzo de 2022

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Dánae Vílchez

Si bien la nueva posición de Giammattei puede frenar de momento la ‘ley por la vida y la familia’, hay poca esperanza de que se comprometa con políticas progresistas. En 2019, siendo candidato, forjó alianzas con grupos conservadores y firmó un compromiso contra el aborto legal y el matrimonio igualitario propuesto por la influyente Asoociación por la Vida y la Familia (AFI).

En 2020, su gobierno firmó el Consenso de Ginebra, una declaración antiabortista promovida por el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, y auspiciada por decenas de regímenes autoritarios y seis de los países menos seguros del mundo para las mujeres. (Rusia se sumó el año pasado a la declaración, al tiempo que se retiraba la administración estadounidense de Joe Biden).

El año pasado, Giammattei lanzó su política ‘por la vida la familia’, destinada a desmantelar derechos y servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y las personas LGBTIQ+.

El 9 de marzo, el ultraconservador Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia declaró a este pequeño país centroamericano capital ‘provida’ de Iberoamérica. El presidente, rodeado de líderes católicos, evangélicos, musulmanes y judíos, asistió a la ceremonia celebrada en el palacio nacional, donde también se desveló un monumento ‘provida’.

Historial de derechos humanos

Las manifestantes que se sumaron a las marchas por el Día Internacional de la Mujer denunciaron el historial de Guatemala en materia de derechos humanos.

Lucía, una manifestante joven que pidió no dar su nombre completo por razones de seguridad, dijo a openDemocracy: “Guatemala no es un país ‘provida’. Los niños se mueren de desnutrición, a las niñas las queman vivas una referencia a la muerte en 2017 de 56 niñas y adolescentes en un incendio dentro de un hogar estatal.

Guatemala no es un país ‘provida’. Los niños se mueren de desnutrición, a las niñas las queman vivas

Cifras oficiales indican que 59% de los 16,3 millones de habitantes viven en la pobreza, y uno de cada dos niños padece desnutrición. En 2021 se reportaron 652 feminicidios, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El embarazo adolescente e infantil es generalizado. El año pasado, dieron a luz 70.036 adolescentes de 15 a 19 años y 2.041 niñas de 10 a 14 años, según el Observatorio Nacional de Salud Reproductiva. Muchos de esos embarazos son resultado de violaciones sexuales. Pero el aborto no está permitido en casos de violación, ni siquiera para las menores. Buena parte de esas niñas pertenecen a pueblos indígenas, mayoritariamente mayas, que constituyen más de 43% de la población.

“Nuestra vida no vale nada para este gobierno, ni como mujeres, ni como pueblos indígenas”, dijo Rosario Tujuc, una maya kaqchikel de Las Libélulas, grupo indígena feminista que participó de las marchas del 8 de marzo.

Feminist activists protest in Guatemala City, 8 March 2022

Activistas feministas protestan en Ciudad de Guatemala, el 8 de marzo de 2022

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Dánae Vílchez

‘Vamos a luchar contra esto. Es lo que las mujeres siempre hemos hecho’

Decenas de grupos feministas conmemoraron el 8 de marzo con manifestaciones en todo el país, así como un mercado de agricultoras y un festival musical en Ciudad de Guatemala.

Las protestas en la capital continuaron el 9 de marzo, y varios grupos están convocando para los próximos días nuevas manifestaciones contra la ley y la declaración de capital ‘provida’. Las activistas jóvenes, como Lucía y sus amigas, seguirán protestando, aunque tienen miedo de ser perseguidas.

La activista kaqchikel Nancy Sinto fue procesada por “depredación de bienes culturales” luego de participar en noviembre del año pasado en una manifestación contra los recortes del gasto público en salud y educación.

“El Estado utiliza [el caso de Sinto] para meter miedo a la población, sobre todo a las juventudes, a las nuevas generaciones que vienen con estas ideas de luchar por nuestros derechos”, dijo Lucía. “Nos han querido meter miedo, pero vamos a luchar contra esto. Es lo que las mujeres siempre hemos hecho”.

Traducción: Diana Cariboni

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