Inglaterra se enorgullece de su sistema judicial, supuestamente un modelo de equidad, neutralidad y justicia.
Luego de dos juicios y 18 meses presa, antes incluso de que se dictara sentencia, soy testigo de la falsedad de esta afirmación. El mes que viene marcará otro punto bajo: el abogado que dirigió mi defensa, Rajiv Menon, comparecerá ante los Tribunales Reales de Justicia acusado de desacato a la corte por unas declaraciones que realizó en su alegato final ante el jurado.
Si es declarado culpable, se enfrentará a una pena de hasta dos años de prisión.
Es la primera vez en la historia jurídica inglesa que se imputa a un abogado por defender a su cliente de esta manera. El estudio jurídico Garden Court Chambers, donde Menon ejerce como abogado penalista y de derechos humanos con el título de consejero del rey [otorgado a abogados de gran prestigio y trayectoria], se declaró “extremadamente preocupado por el efecto paralizador que tiene sobre el Colegio de Abogados el hecho de que el Estado intente criminalizar a los abogados por representar a sus clientes”.
La Asociación de Abogados Penalistas (CBA por sus siglas en inglés) advirtió que otros abogados tienen miedo de ejercer su profesión. “[Están] inseguros y tienen miedo de lo que pueden y no pueden decir; temen que, de alguna manera, puedan verse – al término de un juicio en el que representaron fielmente a su cliente – ante un cargo de desacato penal”, afirmó Riel Karmy-Jones, presidenta de la CBA. “Da la sensación de que se trata de la política en torno al objeto del juicio, en lugar de los principios fundamentales sobre cómo un abogado representa a su cliente”.
Esa ha sido, sin duda, mi experiencia.
En agosto de 2024, entré en la fábrica de armas israelí Elbit Systems en Filton, Bristol [ciudad del sur de Inglaterra], junto con otros activistas. Destruimos drones militares fabricados por Elbit: cuadricópteros destinados a la exportación para su uso en el genocidio de Israel contra los palestinos de Gaza.
Cualquier nación que se descubra apoyando o siendo cómplice de quienes cometen un genocidio es cómplice y culpable, según el derecho internacional; existen precedentes legales que permiten cometer un delito para impedir que se produzca otro mayor, tal como hicimos en Filton. Sin embargo, luego de ser detenidos, nos mantuvieron incomunicados durante casi tres semanas bajo custodia de personal antiterrorista, lo que, según advirtió la ONU, podría equivaler a “desaparición forzada”.
Nos llevaron ante un tribunal, acusados de daños a la propiedad, desórdenes violentos y robo con agravantes. Se trataba de delitos comunes, pero el juez Jeremy Johnson se arrogó el derecho a invocar una “conexión con el terrorismo” al momento de dictar sentencia. Se nos denegó la libertad bajo fianza y fuimos encarcelados en virtud de la Ley contra el Terrorismo.
Johnson impuso restricciones informativas para prohibir a los medios de comunicación mencionar que, si el jurado nos declaraba culpables, podría condenarnos como terroristas, lo que alargaría drásticamente nuestras penas de prisión y afectaría nuestro futuro. Tampoco se informó de este hecho a los miembros del jurado.
A pesar de las restricciones, la cobertura mediática de nuestro caso se disparó durante los 18 meses que pasé en prisión preventiva a la espera del juicio, con graves acusaciones contra mis coacusados y contra mí.
En junio de 2025, cinco meses antes de nuestro juicio, Yvette Cooper, entonces ministra del Interior, habló en la Cámara de los Comunes sobre su decisión de ilegalizar a la organización Palestine Action. Reconoció expresamente que no podía hablar de nuestro caso “para evitar perjudicar futuros juicios penales”. Sin embargo, apenas unos instantes antes, se había referido a los “ataques contra [...] Elbit Systems UK en Bristol”, afirmando que Palestine Action había “cometido actos que causaron graves daños a la propiedad con el objetivo de promover su causa política e influir en el gobierno”.
Dos meses más tarde, Cooper fue aún más lejos. En un artículo en el diario Observer titulado “Palestine Action ‘no es una protesta legítima’”, hizo referencia a los cargos de nuestro caso, de los que afirmó que, “según la evaluación del Servicio Fiscal de la Corona, [tenían] una conexión con el terrorismo”. También acusó a Palestine Action de “intimidación, violencia, uso de armas y lesiones graves a personas”.
Dado que nuestro juicio aún no se había celebrado, parecía que estaban poniendo el carro delante del caballo, con el riesgo de predisponer a los miembros del jurado. Teniendo en cuenta el cargo de Cooper en el gobierno y el papel que desempeñó en los procedimientos para proscribir a Palestine Action, resulta inconcebible que no comprendiera las restricciones informativas que rodeaban nuestro juicio. Pero no hubo ninguna consecuencia para ella por lo que podía constituir una infracción de la ley de desacato al tribunal.
Para Rajiv Menon, el único abogado de la defensa con el título de consejero del rey, la historia es muy diferente.
Durante nuestros juicios, una pesada carga cayó sobre los hombros de Menon, ya que él y los demás abogados defensores se vieron obligados a hacer malabares para adaptarse a las restricciones cada vez mayores impuestas por el juez Johnson sobre lo que consideraba admisible como evidencia.
Además de que se nos prohibió informar al jurado sobre la decisión de Johnson de invocar una “conexión terrorista”, se nos prohibió hacer referencia a material que la acusación había incluido en sus propios expedientes probatorios. Las acciones de Elbit en apoyo del genocidio de Israel se consideraron irrelevantes.
En su alegato final, Menon recordó al jurado cuál era su función. Habló del caso de Penn y Mead en 1670, cuando un jurado fue encarcelado y multado por desacato al tribunal tras absolver a dos cuáqueros de un delito de reunión ilegal. Como dijo Menon, ese caso es la piedra angular del sistema jurídico británico tal y como lo conocemos: estableció el derecho de los jurados a tomar decisiones libremente y sin amenaza de represalias.
Menon también habló con emoción y pasión sobre mis antecedentes y cómo acabé involucrada en esta acción, destacando la importancia central de la causa palestina en mis motivaciones. Su alegato ha sido calificado como un discurso histórico tanto por los profesionales del derecho como por el público en general.
El 4 de febrero, luego de 36 horas de deliberaciones, el jurado nos declaró inocentes del delito de robo con agravantes. No pudo llegar a un veredicto sobre los demás cargos de daños y desórdenes violentos. Dos semanas después, fuimos puestos en libertad.
Por esas fechas, el Servicio de la Fiscalía de la Corona anunció que solicitaría un nuevo juicio, y Johnson comunicó que remitiría el presunto desacato de Menon a la vía penal, un hecho del que solo se pudo informar la semana pasada.
Johnson alegó que Menon había cometido desacato al tribunal al hacer referencia a una placa conmemorativa del caso Penn y Mead, que destaca “el derecho de los jurados a emitir su veredicto de acuerdo con sus convicciones”. Esta placa no está oculta, se encuentra en la entrada del Old Bailey, la sede del juzgado central penal de Inglaterra y Gales donde se habría celebrado nuestro juicio de no ser por las limitaciones de espacio y de calendario. Los miembros del jurado habrían tenido que pasar delante de ella varias veces al día.
A Menon no se lo acusó de ser inexacto; es perseguido por poner en peligro lo que se ha convertido en un caso clave en la guerra del Estado británico contra Palestine Action.
La pregunta crucial es por qué. ¿Por qué se permitió que una ministra del Gobierno – nada menos que la ministra del Interior – menoscabara pública y repetidamente nuestro derecho a un juicio justo y saliera impune, mientras que un reconocido abogado de derechos humanos fue castigado por hacer su trabajo?
¿Consideró el gobierno que los acusados de Filton estaban a punto de ganar, lo que habría debilitado su decisión de proscribir a Palestine Action? ¿Quería lanzar una advertencia para crear un efecto paralizante entre los profesionales del derecho y los acusados en juicios posteriores? ¿O es que nuestro sistema judicial es simplemente un sistema de dos velocidades, en el que quienes ejercen el poder están por encima de la ley y al resto se nos puede castigar simplemente por ser molestos?
Durante el nuevo juicio a principios de este año, se impusieron nuevas restricciones al alcance de las evidencias. Se le dijo al jurado que, en aquella sala, el juez Johnson era la ley – y en una sala de tribunal, la ley equivale a Dios.
Fuimos declarados culpables de daños criminales. Nunca se nos había acusado de terrorismo, pero el juez Johnson nos condenó como terroristas el 12 de junio. Estoy cumpliendo una condena de seis años de prisión y, una vez que salga en libertad, me enfrentaré a otros 15 años de libertad vigilada; durante ese tiempo, tendré que presentarme periódicamente ante las autoridades, y por el resto de mi vida, tendré que registrar ante la policía cualquier nuevo dispositivo, cuenta bancaria, número de teléfono, dirección de correo electrónico, vehículo, relación sentimental y planes de viaje al extranjero.
El Reino Unido abolió hace mucho tiempo el derecho divino de los reyes; pero este sigue vivito y coleando en nuestro sistema judicial. A unos pocos privilegiados de las altas esferas se les permite forzar la ley hasta el límite para impulsar la agenda política del gobierno.
Esas mismas personas están intentando privar al pueblo británico del derecho a un jurado compuesto por sus iguales, culpando a los juicios con jurado del atraso del sistema judicial. El problema no son los jurados; son nuestros tribunales que se ven acosados por la presión del gobierno, los servicios de inteligencia y la policía.
El Ministerio del Interior ha interferido una y otra vez en nuestro caso en un intento de reforzar su proscripción de Palestine Action, utilizándonos como chivos expiatorios. Por su labor en mi defensa, mi abogado podría ser inhabilitado y, potencialmente, enfrentarse él mismo a una pena de prisión.
