Photo: Nick Youngson. Todos los derechos reservados. CC BY-SA 3.0

La sociedad digital ha impactado en todos los procesos políticos. Hoy ya no nos resulta extraño descubrir nuevas aplicaciones y metodologías que se proponen mejorar el sistema democrático desde distintos enfoques. El momento es propicio. Las demandas ciudadanas, derivadas de una crisis de representación y legitimidad de instituciones y partidos, han provocado que Gobiernos de todo tipo traten de abrir nuevas vías por las que vehicular esta voluntad de la ciudadanía, pero también que sean los mismos ciudadanos los que diseñen y construyan sus herramientas para mejorar la gobernanza. Este es el proceso que se conoce como empoderamiento ciudadano a partir de la digitalización.

Este empoderamiento se explica por dos elementos. El primero, la crisis política que hemos señalado y que responde a una suma de factores: los daños colaterales de la crisis económica global, el aumento de la desigualdad dentro de los países por efectos derivados de la globalización, y el desgaste de materiales en las estructuras de las democracias occidentales que, en muchos casos, no han sido capaces de actualizarse a la realidad social y tecnológica, ni tampoco de diseñar herramientas de control para episodios de corrupción o de cooptación de poder por parte de los partidos políticos tradicionales.

El segundo elemento determinante ha sido el desarrollo de la sociedad red. A menudo, cuando se habla de la disrupción provocada por este nuevo modelo, se describen los roles de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los nuevos hábitos de comportamiento y, en general, cambios estructurales que marcan un antes y un después y que afectan a todos los sectores de manera transversal. Pero también se olvida otro aspecto más simple pero igual de importante: el acceso a la tecnología se ha simplificado de tal forma que las barreras para crear proyectos han caído en todos los ámbitos. Este elemento es la clave que se esconde detrás de muchas de las iniciativas ciudadanas para profundizar la participación en los asuntos públicos.

Este es el contexto en el que aparecen las aplicaciones de chequeo ideológico. Se trata de herramientas que se activan en los procesos electorales de cada vez más países, ayudando a la ciudadanía a conocer mejor los programas electorales que proponen los partidos, ubicándolos en el eje ideológico y, según han demostrado estudios recientes, incrementando los niveles de participación de aquellos que las utilizan. Su funcionamiento es sencillo. A través de cuestionarios breves y simples sobre el posicionamiento político del usuario/a, se ayuda a situar a este/a en el espectro político dándole información sobre su ubicación respecto a los programas de los partidos. Por eso, a menudo, a estos instrumentos se les define como aplicaciones de orientación de voto o VAA por sus siglas en inglés (Voting Advice Applications).

Como vemos las VAA responden perfectamente al escenario que describíamos: iniciativa de origen ciudadano, basada en tecnología accesible, con objetivos de mejora del proceso democrático y que, además, acostumbra a apoyarse en redes sociales para mejorar su difusión y conocimiento entre la ciudadanía, en un proceso que en muchos casos ocurre de forma ajena a actores tradicionales como instituciones o medios de comunicación.

Lo cierto es que la idea de mejorar el nivel de información de la ciudadanía frente a unas elecciones es una vieja aspiración. La ciencia política demostró hace más de medio siglo que los votantes no solo no están bien informados antes de ir a las urnas, sino que incluso sus creencias pueden no ser coherentes con su voto. Buena parte de la literatura académica al respecto ha identificado el problema en la limitación de cualquier persona para seguir todos los debates políticos así como los posicionamientos de los partidos. La fórmula para paliar esta limitación la encontramos en los sesgos cognitivos de cada uno, que al final se acaban por convertir en el mecanismo a través del cual decidimos el voto.

Esto explica en parte el éxito de las aplicaciones de orientación del voto, dado que reducen los costes de información de las y los ciudadanos ante unas elecciones. Tan solo contestando a un cuestionario el/la usuario/a ya puede saber cuál es el partido que más se acerca a sus posicionamientos. Además, recibe información al detalle sobre cada tema, con lo que puede saber en qué coincide y en qué no con cada formación. Con toda esta información, tomar una decisión es mucho más sencillo y rápido y se hace bajo la premisa de información fiable. Tanto es así, que la investigación que se ha hecho al respecto apunta que los electores acostumbran a seguir las recomendaciones de voto de las aplicaciones siempre y cuando estas vayan en la línea de sus ideas políticas.

Otro aspecto interesante de la aparición de las VAA es hasta qué punto nos ayudan a entender mejor el comportamiento electoral de la ciudadanía. Como hemos apuntado, sabemos que los usuarios y usuarias que las utilizan participan más que la media, pero es que además también se ha observado que tienen un impacto distinto entre los ciudadanos con distintos niveles educativos, y que son los que tienen niveles bajos los que más se benefician de ellas, dado que después de utilizarla muestran un mayor interés por el proceso electoral y mayor predisposición a participar en él. Si esta evidencia se confirma con más estudios sería un hallazgo relevante, pues los índices de participación política están íntimamente relacionados con el nivel educativo y socioeconómico.

También hemos apuntado que los ciudadanos acostumbran a ser coherentes cuando están delante de las urnas con los resultados que han obtenido en las aplicaciones. En este sentido, vale la pena destacar que solo un 8 % decide cambiar su voto cuando los resultados que obtiene no son los que esperaba. En otras palabras, las VAA son muy eficaces afianzando el voto de las y los electores pero no tanto haciendo que cambien de decisión aún cuando estas los ubican más cerca de otras opciones políticas.

La efectividad y el crecimiento de estas herramientas también ha provocado que diferentes investigadores se interesen por conocer mejor los algoritmos que deciden los resultados e incluso traten de validarlos externamente. No es un tema menor. En 2010 una investigación demostró que los partidos en Lituania podían manipular los resultados de estas aplicaciones en su beneficio.

En cualquier caso, parece evidente que las aplicaciones de voto han abierto los horizontes de la investigación en materia politológica. De hecho, la disponibilidad de cantidades ingentes de datos es tan atractiva, que ya en 2012 algunas voces advertían sobre la necesidad de observar más a fondo el fenómeno desde la academia. Por ello, cada vez son más frecuentes los análisis de casos concretos como, por ejemplo, en Suiza, Turquía, Bélgica, Hungría o las elecciones europeas de 2014, o de investigaciones que entran en el detalle para analizar aspectos como el comportamiento del usuario/a mientras navega por la aplicación o el control de su privacidad durante todo el proceso.

Como hemos visto, todo parece indicar que las aplicaciones de orientación de voto están abriendo un nuevo canal de información que mejora la participación política en muchos aspectos. Sin embargo, el sistema no está exento de críticas. Algunos autores apuntan que su nombre, «orientadores de voto», sugiere que la decisión de votar se puede tomar únicamente en base a las posiciones políticas de los partidos. Se trataría de una visión reduccionista ya que, al clasificarlos a todos por igual, no tienen en cuenta las opciones de cada partido de llegar al poder y convertir sus propuestas en leyes. Se etiquetan a todos los partidos de la misma forma, sin tener en cuenta su tamaño, sus liderazgos, su implantación territorial, su experiencia de gobierno o la posible formación de coaliciones.

Este problema se puede afrontar de dos maneras. Una primera opción seria incorporar todos estos factores en los algoritmos, de forma que el sistema no solo valore la coincidencia entre los posicionamientos políticos, sino también información específica de cada formación. No sería una solución perfecta, pues habría un sesgo evidente, pero sin duda los resultados ganarían en realismo. La segunda vía consistiría en cambiar el relato global de estas aplicaciones, explicitando su propósito informativo y sus limitaciones, de forma que no se espere de ellas nada más que contexto e información complementaria.

En todo caso, esta problemática es una limitación que ha aparecido debido a la generalización de estas aplicaciones y a su creciente importancia en los procesos electorales. Las VAA han pasado de la anécdota a la consolidación en un plazo de 10 años. En este período se han convertido en una fuente de información para cada vez más votantes, en motor de la participación electoral y en proveedores de datos de calidad sobre el comportamiento electoral de la ciudadanía. No es descabellado pensar que su protagonismo crecerá con la especialización y mejora de los formatos, así como por la universalización del acceso a redes por parte de todas las capas de la sociedad. Por los resultados que se han podido observar hasta ahora, en términos de participación y de uso, es deseable que esto ocurra cuanto antes mejor.