El Salvador, un país de territorio pequeño y algo más de seis millones de habitantes, acaba de cumplir cuatro años bajo el régimen de excepción.
No es una dictadura, al menos no en las formas porque se sigue votando. Pero se parece mucho: las garantías constitucionales están suspendidas y la policía o el ejército pueden detener a cualquiera sin orden judicial.
La justificación para vivir sin libertades fundamentales parece ser que El Salvador nunca las tuvo. Vivió una guerra civil sangrienta entre el ejército y guerrillas campesinas – 75.000 muertos entre 1980 y 1992, más de 6.200 por año –, un proceso de paz que prometió mucho y dejó poco, y terremotos y huracanes que hicieron todo mucho peor.
