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¿Quién debería decidir sobre el cuerpo de una mujer? ¿Quién debería decidir si una mujer debe ser esterilizada? ¿Puede el poder judicial tomar esa decisión sin ni siquiera escucharla?

Estas son preguntas que podrían parecer desactualizadas, de otros tiempos, de cuando en un pasado remoto, allá por 1900, había agencias federales en Estados Unidos que esterilizaban a mujeres nativas en California sin su consentimiento, o de cuando se esterilizaban a la fuerza mujeres bajo el nazismo o, más recientemente, durante la dictadura de Fujimori en Perú, cuando se obligaba a mujeres indígenas a esterilizarse.

Pero la esterilización forzosa no es algo del pasado. Es algo que sigue sucediendo en varias partes del mundo, incluso bajo el disfraz del estado de derecho.

Hace muy poco, en 2018, un juez de Mococa, un pequeño pueblo del estado de São Paulo, en Brasil, ordenó la esterilización de la Sra. Janaina Quirino.

El juez, varón, tomó la decisión en respuesta a una petición urgente del fiscal de que se la esterilizase "incluso si tal procedimiento tuviera que realizarse en contra de su voluntad".

El fiscal argumentó que Janaina era pobre, drogodependiente y que ya tenía cinco hijos que no podía atender.

Argumentó que su estilo de vida podía llevar a un "crecimiento irresponsable y no planificado de su descendencia" y afirmó que "no demuestra tener capacidad de discernimiento para evaluar las consecuencias de una gestación".

Antes de tomar su decisión, el juez ordenó que a Janaina la evaluasen personal médico y asistentes sociales.

Unos y otros se mostraron partidarios de su esterilización forzosa basándose en su experiencia previa en el uso de anticonceptivos, el número de hijos que tenía, su "compleja situación vital, que no le permitiría cuidar a otro bebé" y su dependencia de las drogas, y llegando a la conclusión de que ella "no demuestra estar en posesión de las condiciones mínimas para proporcionar cuidados adecuados a un bebé".

Tras algunas formalidades, el juez ordenó que Janaina fuese esterilizada preceptivamente, citando su condición de pobre, drogodependiente y madre de cinco hijos.

A resultas de estas decisión, cuando Janaina dio a luz en febrero de 2018 se le ligaron las trompas. Se le esterilizó. Durante la vista del caso, el juez no le preguntó nunca si quería ser esterilizada. A ella no se le escuchó.

Se concentraban en ella múltiples opresiones (raza, clase, género) y fue esta intersección de opresiones lo que llevó a la decisión judicial de esterilizarla a la fuerza.

Tres meses más tarde, cuando Janaina ya había sido esterilizada, el Tribunal de Apelaciones dictaminó por unanimidad que la decisión del tribunal inferior de Mococa era inconstitucional porque no había habido consentimiento por parte de la afectada y porque la obligatoriedad del procedimiento era una violación de sus derechos humanos. Lamentablemente, el dictamen llegaba tarde.

El caso de Janaina pone de manifiesto varios aspectos problemáticos del sistema judicial brasileño.

Fue tratada como acusada, se le consideró incapaz de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, no dispuso siquiera de asistencia legal y no tuvo la oportunidad de hacerse escuchar por el tribunal.

A los que sí escuchó fueron letrados, doctores, asistentes sociales y expertos legales, y estos fueron los que decidieron sobre su cuerpo.

No es que Janaina no pudiese hablar. No es que sea muda. Su voz simplemente no se escuchó. Se sofocó y silenció.

Se escucharon solo las voces hegemónicas (las voces aceptadas, validadas y amplificadas): las del fiscal, del personal médico, de los asistentes sociales y del juez.

La de Janaina era una voz baja, reprimida, silenciada e ignorada, ocultada por las voces que mantenían que sabían lo que era mejor para ella.

Como si ni siquiera pudiera ser considerada merecedora de derechos (derechos humanos, derechos civiles y/o derechos de las mujeres), de recursos materiales y de reconocimiento social de sus subjetividades, identidades, epistemologías y espiritualidades.

Como si fuese lícito permitir actos de apropiación de su cuerpo, como si otros pudiesen decidir por ella, como si a ella se la pudiera esterilizar "incluso contra su voluntad". 

Como si el Estado pudiese disponer de su cuerpo del modo que considerase oportuno. Janaina era demasiado pobre, demasiado negra, demasiado dependiente de las drogas y demasiado mujer para que se escuchara su voz.

Se concentraban en ella múltiples opresiones (raza, clase, género) y fue esta intersección de opresiones lo que llevó a la decisión judicial de esterilizarla a la fuerza.

Para dejar claro este punto: ¿hubiese procedido la judicatura del mismo modo, apropiándose de su cuerpo, de tratarse de un hombre blanco y rico?

Es decir, si ella hubiese sido un hombre, ¿se habría preguntado alguien cuántos hijos podía tener antes de que se le esterilizara? Si Janaina hubiese sido blanca, ¿hubiese intervenido el fiscal para pedir su esterilización? Si hubiese sido una mujer de clase alta, ¿no hubiese tenido la asistencia de un abogado?

Está claro que para el aparato judicial de Mococa, Janaina no tenía/tiene derechos, subjetividades, identidades, espiritualidades y epistemologías dignas de ser tomadas en consideración y que, por lo tanto, se podía disponer de su cuerpo y esterilizarla a la fuerza bajo el manto del estado de derecho.

A esto yo lo llamo fascismo sobre el cuerpo, que es algo que se da cuando determinados actores sociales, a través de manipulaciones legales, financieras, militares o de cualquier otro tipo, coaccionan, imponen y/o controlan físicamente el cuerpo de personas contra su voluntad

A esto yo lo llamo fascismo sobre el cuerpo (extrapolando a partir de las cinco formas de fascismo social de Boaventura de Sousa Santos), que es algo que se da cuando determinados actores sociales, a través de manipulaciones legales, financieras, militares o de cualquier otro tipo, coaccionan, imponen y/o controlan físicamente el cuerpo de personas contra su voluntad y/o interés.

Pienso, claro, en la decisión judicial sobre el cuerpo de Janaina, la decisión de esterilizarla permanentemente sin tener en cuenta su voluntad o interés.

Pero también me refiero a las decisiones de aquellos congresistas y jueces (varones) que prohiben que las mujeres puedan abortar, que las personas transgénero puedan operarse, que las/los trabajadoras/es sexuales puedan comerciar en sexo, etc.

Que el sistema judicial pueda disponer tan alegremente del cuerpo de Janaina es, sin duda,  fascismo sobre el cuerpo.

Mientras el aparato judicial continúe reproduciendo un sistema sexista, clasista y racial, estas opresiones históricas continuarán interconectándose para negar a todas las Janainas algo tan básico como su humanidad.

De hecho, desde que el caso de Janaina se hizo público, ha salido a la luz que el mismo fiscal y el mismo juez que le tocó a ella ordenaron la esterilización de al menos otra mujer, Tatiane Dias, con los mismos argumentos y siguiendo el mismo procedimiento.

Mientras solo se sigan considerando relevantes las voces hegemónicas del fiscal, los asistentes sociales, el personal médico y el juez, la voz de Janaina continuará sin ser escuchada.

Mientras los conocimientos científicos prevalezcan por encima de la experiencia, la comprensión y el conocimiento encarnados en Janaina, se seguirá ignorando su voz.

Mientras sigamos juzgando a personas como inexistentes, mientras sigamos teniendo respuestas distintas a la pregunta de ¿quién cuenta como humano? ¿qué vidas cuentan como vidas?