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Hace 25 años, cuatro atentados suicidas simultáneos en territorio estadounidense se cobraron 2.977 vidas. La mayor parte de las víctimas eran personas que trabajaban en las torres gemelas de Nueva York, y centenares de bomberos y policías que acudieron a la zona del desastre.

El trauma del ataque en suelo propio instaló en la política estadounidense la idea de que la respuesta debía ser del orden de la guerra. Y así fue: siguió una guerra global e infinita, que hasta el día de hoy se reproduce a sí misma buscando siempre nuevos blancos. Implicó la invasión de varios países, la normalización de la tortura y el encierro de centenares de personas en cárceles clandestinas esparcidas por todo el mundo. Según el proyecto Costs of War, de la Universidad de Brown, más de 900.000 personas murieron como consecuencia directa de la guerra contra el terrorismo en los 20 años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Las muertes “indirectas” causadas por el colapso de la infraestructura y la economía de los países invadidos se estiman en torno a los 3,8 millones de personas.

La actual coyuntura latinoamericana resignifica el S11 como el punto de inicio de otro aspecto del proceso, quizás menos discutido en nuestra región: la reconfiguración de los Estados, de sus leyes, sus instituciones, sus prácticas, sus balances de poder, para orientarse a combatir el terrorismo como objetivo supremo. Nacía el Estado antiterrorista. Y una vez que se puso en funcionamiento, nunca se pudo desmontar. Lo que se construyó con la excusa de una situación excepcional se transformó en la regla.

En Estados Unidos se definió que el terrorismo requería una respuesta militar hacia afuera, pero también una reconfiguración del Estado hacia dentro. Actividades como la respuesta a las emergencias o el control de migraciones se “securitizaron” y pasaron a estar, a partir de 2002, bajo la órbita de un nuevo ministerio de seguridad nacional (Department of Homeland Security).

Se ampliaron las habilitaciones para que los servicios de inteligencia recopilaran datos de todo tipo para espiar a la propia población. En términos de la legalidad nacional e internacional, la indiferenciación entre justicia criminal y derecho de guerra y el énfasis cada vez mayor en la prevención y anticipación derivaron en una suerte de sistema legal paralelo sin derecho a la defensa ni posibilidades de controlar los procesos.

Se desarrollaron además una serie de herramientas administrativas basadas en la lógica del etiquetamiento: basta con que el Estado rotule como terrorista a una persona u organización para que sufra consecuencias sin necesidad de mostrar evidencias ni atravesar procesos legales. Así funcionan, por ejemplo, las distintas “listas” de las que se derivan graves sanciones para las personas o grupos incluidos.

En los años que siguieron a 2001 la idea de que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con herramientas militarizadas y de excepción se naturalizó en todo el mundo. Esto ocurrió porque otros países, como Rusia, China o Israel, encontraron en este marco antiterrorista la posibilidad de legitimar sus acciones contra enemigos internos y externos.

También se construyó una arquitectura global antiterrorista en el ámbito de la ONU, basada en cuatro pilares: abordar las condiciones que favorecen la expansión del terrorismo, prevenir y combatir el terrorismo, fortalecer las capacidades de los Estados y de la propia ONU con ese fin, y finalmente asegurar el respeto de los derechos humanos y del estado de derecho en el contexto del combate al terrorismo. No sorprenderá a nadie que el interés por hacer cumplir el cuarto pilar fue y es escaso o nulo.

América Latina se mantuvo mayormente apartada de esta corriente, salvo por casos como el de Colombia, donde el abordaje del conflicto interno también fue en ocasiones pensado como parte de la guerra global contra el terrorismo.

Pero esa excepcionalidad de la “zona de paz” latinoamericana empezó a cambiar en los últimos años. Primero, una serie de gobiernos de la región comenzaron a interesarse por la aplicación interna del marco antiterrorista. La persistencia y mutación del crimen organizado fueron la excusa perfecta. Militarización, regímenes de excepción que permiten saltarse la división de poderes, consolidación del secreto como forma de gobierno, todas medidas demasiado atractivas para líderes con vocación autoritaria.

Así, el marco antiterrorista comenzó también a moldear a varios estados latinoamericanos: El Salvador, Ecuador, Honduras, Perú. La secuencia es casi siempre la misma; fenómenos de violencia reales instalan el uso de la categoría “terrorismo” y legitiman las herramientas de excepción y, una vez instaladas estas herramientas, se perpetúan, se naturalizan y comienzan a ser utilizadas con fines de persecución política. Incluso países con niveles de violencia mucho menores, como Argentina o Chile, toman medidas para reconfigurar los Estados en ese sentido a partir de la instalación de gobiernos de extrema derecha.

Esta tendencia se exacerbó con la llegada de Donald Trump nuevamente al poder. Como parte de su nueva estrategia global, EEUU define a América Latina como una zona de su dominio exclusivo.

El plan actual es movilizar a todo el continente hacia un proceso de militarización subordinado al Comando Sur, y la excusa es el combate al “narcoterrorismo”. Para ello, Washington recupera y actualiza muchos de los instrumentos del marco antiterrorista posterior a 2001. De este modo, las estrategias latinoamericanas que abusan del antiterrorismo se ven empoderadas porque EEUU promueve la aplicación de ese mismo marco como política hemisférica, además de usarlo también a nivel doméstico. Incluso la ampliación de la categoría de terrorismo para la persecución política fue explícitamente impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la reciente “cumbre” que reunió a representantes de más de 60 países para escuchar sus advertencias sobre el “resurgimiento del terrorismo de izquierda”.

A 25 años de la puesta en marcha del Estado antiterrorista, su sombra se extiende hoy como nunca en América Latina, exacerbando los riesgos de una escalada de violencia letal, de violaciones sistemáticas a la soberanía nacional con la anuencia de las elites locales, y de persecuciones políticas disfrazadas de antiterrorismo.

El concepto de terrorismo provee una asociación conceptual entre política y delincuencia que permite a los gobiernos criminalizar la disidencia, sobre todo a quienes ensayan su resistencia a los sometimientos actuales (genocidios, destrucción ambiental, pauperización, violencia política de la derecha) a través de formas de acción directa que, como observó la investigadora argentina Pilar Calveiro en su libro Violencias de Estado (2012), remiten en última instancia al “derecho de rebelión” en algún momento reconocido, y que el marco antiterrorista pretende erradicar.

Resistir la capacidad del marco antiterrorista para reconfigurar las formas de funcionamiento del Estado (y de partes de la sociedad) en un sentido autoritario y violento es hoy una prioridad política para la sociedad civil, los movimientos sociales y las fuerzas democráticas de América Latina.

Manuel Tufró es director de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos de Argentina, fundada durante la última dictadura militar, que promueve la protección de derechos y su ejercicio efectivo a nivel nacional e internacional.