Gambia, un país de menos de tres millones de habitantes en África Occidental, prohibió la mutilación genital femenina (MGF) en 2015. Pero en julio de 2024, estuvo a punto de legalizarla nuevamente. Y hubiera pasado, de no ser por el activismo feminista.
Tras meses de organización sostenida, movilización comunitaria y una campaña pública, las feministas lograron que la Asamblea Nacional (parlamento) rechazara, por 34 votos en contra y 19 a favor, un proyecto de ley que hubiera derogado la prohibición vigente desde 2015.
Fue una victoria importante, no solo para las mujeres y niñas gambianas, sino para los movimientos feministas de todo el continente.
Pero el solo hecho de que se hubiera llegado a esa votación debería alarmarnos. Apenas unos meses antes, en marzo de 2024, 42 legisladores del mismo parlamento habían votado para impulsar el proyecto de ley de derogación.
En unas circunstancias en que las fuerzas antiderechos están mejor financiadas y mejor organizadas, y se sienten más seguras de sí mismas, Gambia ofrece algo que el movimiento feminista necesita con desesperación: una victoria documentada y un modelo que merece ser estudiado. Es un caso excepcional de movimiento que convierte una crisis política en impulso.
Pero también es un recordatorio de que "ganar" en el ámbito legislativo no garantiza automáticamente el progreso.
En agosto de 2025, una bebé de un mes, Sarjo Conteh, fue llevada de urgencia a un hospital en Banjul. Le habían practicado una escisión. Cuando los médicos pudieron atenderla, había muerto desangrada. Las autoridades confirmaron que sus heridas eran consecuencia de MGF.
Su muerte no fue un hecho aislado. Activistas de base llevan años denunciando que la criminalización de la MGF en 2015 provocó dos cambios, que la practica se mudara a la clandestinidad y en edades cada vez más tempranas.
Así, las familias ahora practican la escisión a bebés de apenas unos días de vida, creyendo que se recuperarán más rápido y que las evidencias serán más fáciles de ocultar. La prohibición no acabó con la MGF. Cambió su momento y agravó el secretismo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la MGF es “una práctica tradicional dañina que implica la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos u otra lesión de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos”. Se estima que más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo la han padecido. A veces se presenta como un rito de iniciación a la feminidad, pero no tiene beneficios para la salud; más bien, constituye una violación de los derechos humanos que genera impactos físicos y emocionales inmediatos y duraderos.
Recientemente, la activista Leyla Hussein escribió sobre esta tragedia con la claridad y la furia que merece. Le puso nombre a lo que tantas instituciones aún se niegan a nombrar: la MGF es violencia sexual y es abuso infantil. Y la reticencia del mundo a aceptar esto con claridad es inseparable del hecho de que las niñas que sufren este daño son, abrumadoramente, negras y mestizas. Si esta violencia ocurriera contra niñas blancas, preguntó Hussein, ¿habría alguna duda en calificarla agresión sexual? No la habría.
Hussein también se refirió a la particular crueldad de la normalización: la manera en que se enseña a las sobrevivientes a cuestionar la legitimidad de su propio dolor, ya minimizado por el mundo. Ese es el ambiente en el que murió la bebé Sarjo Conteh. Ese es el ambiente en el que tres mujeres fueron absueltas recientemente por la responsabilidad en su muerte.
Y por eso la lucha legislativa en Gambia, muy duramente ganada, no puede ser el final de la historia. Incluso ahora, quienes intentaron revertir este derecho están presentando una petición ante el Tribunal Supremo, alegando que la prohibición vulnera su derecho a la libertad religiosa y cultural, aunque no existe ningún requisito de MGF en la ley islámica.
Esta es una historia sobre una victoria. Pero también es una historia sobre la fragilidad de esa victoria, y sobre lo que realmente se necesita para conseguir la aplicación de la ley: un cambio cultural profundo y una organización feminista sostenida.
Cómo llegamos hasta aquí
La prohibición de 2015 fue introducida en la presidencia de Yahya Jammeh [que gobernó entre 1994 y 2017]. Fue una legislación imperfecta, carente de estrategia para su aplicación, y que para muchos ciudadanos estaba más asociada a un dictador que a los derechos que la norma protegía. Durante años, se sguió practicando la MGF sin problemas.
Entonces, en agosto de 2023, la justicia condenó a tres mujeres por practicar la MGF a ocho bebés, una de ellas de apenas cuatro meses de vida.
Esas condenas provocaron un giro. Un imán influyente pagó las multas impuestas a las mujeres condenadas, y algunos legisladores comenzaron a hablar abiertamente de derogar la prohibición de la MGF. En febrero de 2024, un diputado presentó un proyecto de ley con ese fin.
Asociar la MGF con el islam no es teología. Es política. Y su propósito político es colocar esta práctica más allá de toda crítica
Los defensores del proyecto argumentaban que la MGF era islámica, que la prohibición era una imposición occidental y que la ciudadanía de Gambia debía ser libre de practicar su fe como considerase oportuno. Estos argumentos no son nuevos, pero se volvieron más articulados y más arraigados en el discurso político.
Quiero ser directa sobre este encuadre, porque se usa para silenciarnos, y no debemos permitirlo. El Corán no menciona la mutilación genital femenina. No existe ningún hadiz auténtico [los dichos atribuidos al profeta Mahoma] que la promueva. La MGF es anterior al islam, practicada por comunidades de múltiples credos y rechazada por eruditos musulmanes de todo el mundo.
Asociar la MGF con el islam no es teología. Es política. Y su propósito político es colocar esta práctica más allá de toda crítica.
El activismo que cambió el rumbo
Cuando se presentó el proyecto de ley, el gobierno de Gambia dijo muy poco, y los principales partidos de la oposición dijeron aún menos. La sociedad civil no esperó a ninguno de los dos.
El Comité de Gambia sobre Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de las Mujeres y las Niñas (GAMCOTRAP), que lleva tres décadas recorriendo comunidad por comunidad en este país, se movilizó de inmediato. Se nos unieron organizaciones de toda la Red contra la Violencia de Género, que se convirtió en el eje coordinador de la campaña.
Juntas, las activistas organizamos actos en todo el país. Pusimos en marcha programas de radio, colocamos vallas publicitarias y llamamos directamente a los legisladores. Llevamos a sobrevivientes de MGF a testificar ante la Asamblea Nacional, recogimos datos sobre tasas de mortalidad y consecuencias para la salud, y los pusimos ante quien estuviera dispuesto a escucharlos.
También nos tomamos en serio el argumento religioso, en lugar de descartarlo. Activistas y abogados organizaron una misión de investigación a la Universidad de Al-Azhar en Egipto, una de las instituciones más respetadas de la erudición islámica. Los resultados fueron claros: la MGF no es una exigencia del islam. Esa evidencia se presentó ante los legisladores y tuvo peso.
A nivel internacional, llevé esta lucha al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Me reuní con la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer y las Niñas, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la OMS y delegaciones de varios gobiernos, e insté a todos a poner en práctica sus mandatos. También les advertí de algo que la conversación global tiende a ignorar: si Gambia cedía, niñas de países vecinos donde la MGF estaba prohibida podían ser trasladadas a través de la frontera para ser mutiladas.
Nada de esto fue gratuito. Las activistas sufrieron acoso, especialmente en línea. Pronunciarse contra la derogación convirtió a las personas en objetivo de ataques. Algunas sobrevivientes que estaban dispuestas a testificar optaron por el silencio porque el ambiente se había vuelto demasiado amenazante. Quiero que quede constancia de ello. La victoria fue real, y también lo fue el precio que pagamos para lograrla.
Lo que el movimiento necesita ahora
Las organizaciones que sostuvieron la lucha en Gambia necesitan recursos sostenidos; no financiación por proyectos atada a resultados y ciclos de informes para donantes. Necesitan financiación estructural que permita a los movimientos responder a una crisis política en tiempo real, coordinarse en red y mantener el compromiso comunitario durante los años que se necesitan para que el verdadero cambio de normas ocurra.
La lucha contra la MGF no es responsabilidad de las mujeres en solitario. Nunca lo fue. Requiere de hombres, líderes religiosos, ancianos, jóvenes y legisladores dispuestos a estar del lado correcto de la historia, incluso cuando resulta incómodo. En Gambia hemos visto lo que ocurre cuando ellos se suman a la tarea. También hemos visto lo que ocurre cuando se quedan al margen.
He dedicado décadas a esto. Le dedicaré las que me queden. Pero dos años después de julio de 2024, quiero ser clara sobre lo que ese momento significó y lo que no significó.
Significó que un retroceso específico y coordinado fue derrotado. Significó que las activistas que arriesgaron mucho demostraron que era posible convertir una crisis política en impulso.
No significó que el trabajo esté hecho, ni que las protecciones sean seguras, ni que no habrá un próximo intento. Estuvimos del lado correcto de la historia. Ahora tenemos que asegurarnos de permanecer en él.
La doctora Isatou Touray es Directora Ejecutiva del Comité de Gambia sobre Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de las Mujeres y las Niñas (GAMCOTRAP) y exvicepresidenta de Gambia. Sobreviviente de MGF, ha liderado la defensa comunitaria contra esta práctica durante más de tres décadas, llegando a más de 1.000 comunidades en todo el país.
