Un prejuicio muy extendido, y reproducido en leyes, prácticas médicas y narrativas en México y otros países de América Latina, estipula que algunos abortos son tolerables y otros inconcebibles según los plazos en que se realicen. Pero esa idea no se basa en la ciencia ni en las estadísticas.
Quienes traspasan esos plazos se ven abocadas a estrategias para no ser vistas, juzgadas ni perseguidas, incluso en contextos donde el estigma opera con más fuerza que cualquier ley.
"Es importante trabajar el aborto avanzado porque es una necesidad real, pero no porque ahí esté la mayoría de los casos”, dijo a democraciaAbierta la experta en derechos reproductivos Mara Zaragoza.
Los abortos practicados después de las 12 semanas de embarazo constituyen entre el 10% y el 15% del total en todo el mundo, según estimaciones de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. “En México sabemos que se registra aproximadamente un 10%”, agregó Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), que defiende la libertad reproductiva.
Parte de ese porcentaje abarca circunstancias de vida y salud cambiantes y extremas: una enfermedad que se presenta cuando la gestación avanza, incluso con riesgo de vida, anomalías fetales que se diagnostican en el segundo trimestre, un embarazo ‘críptico’ (no detectado hasta etapas avanzadas) o situaciones de violencia sexual y de género.
Buena parte de las mujeres y niñas que requieren un aborto más allá de las 12 o 14 semanas tienen situaciones de vulnerabilidad que les impiden acceder antes al servicio: viven en zonas rurales muy apartadas, son migrantes en tránsito, buscaron atención oportuna pero se la negaron, o soportaron presiones familiares, de pareja o de otro tipo para continuar una gestación que no querían.
Un mapa fragmentado
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce desde 2020 el aborto como un servicio esencial de salud y un derecho humano fundamental – y en 2022 recomendó su despenalización total sin límites de edad gestacional.
La realidad legal en América Latina y el Caribe dista mucho de esa recomendación. Es un mosaico que va desde la prohibición absoluta hasta la despenalización, y que incluye una amplia discrecionalidad para fijar legalizaciones parciales por plazos, por causales o por combinaciones de ambos.
En El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití no hay excepciones; el aborto es delito con prisión en cualquier circunstancia, con penas que varían desde los dos hasta los ocho años de prisión.
Otros países – Bolivia, Chile, Panamá y Brasil – lo tipifican como delito, pero reconocen diferentes excepciones en las que no es punible: riesgo de vida materno, cuando el embarazo es producto de una violación, e inviabilidad fetal. Brasil y Bolivia no fijan plazos para los abortos bajo estas excepciones, mientras Chile y Panamá ponen plazos (de 12 o 14 semanas) para algunas, y Bolivia contempla incluso otras dos excepciones – pobreza extrema y ser estudiante – pero solo hasta la semana ocho de gestación.
En las leyes de Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, el aborto solo se permite para salvar la vida y/o la salud de la gestante en circunstancias específicas, sin mencionar plazos. En Perú se fijó el límite en las 22 semanas mediante una guía técnica.
En Uruguay el aborto es legal en las primeras 12 semanas si se cumplen ciertos requisitos – como reflexionar durante cinco días para luego ratificar la decisión –, hasta la semana 14 en casos de violación y por riesgo de vida y salud e inviabilidad fetal, sin plazos. Por disposición ministerial – no una ley – Cuba permite el aborto sin restricciones hasta la semana 12 y a discreción médica después.
En México, 24 de 32 estados lo despenalizaron en las primeras 12 semanas, aunque solo 10 han incorporado su regulación en las leyes locales de salud. Pero desde 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo despenalizó a nivel federal, todas las instituciones de salud federales están obligadas a brindar el servicio. Sin embargo, el 90% de las atenciones aún se concentran en la Ciudad de México, la primera entidad del país que legalizó el aborto, hace 19 años.
Argentina y Colombia avanzaron por otras vías. En Argentina es legal por sola voluntad hasta las 14 semanas, y en Colombia está despenalizado hasta la semana 24. En los dos países se contemplan excepciones fuera de esos plazos.
Cualquiera sea el marco legal, los plazos aparecen como una frontera infranqueable, ya sea en leyes, protocolos o en el imaginario social, médico y legal.
Pero no responden a la evidencia científica. “Se basan en decisiones políticas, a menudo arbitrarias, que no consideran las diferentes necesidades de quienes gestan ni las barreras específicas que enfrentan quienes están en mayor vulnerabilidad”, dijo a democraciaAbierta la abogada Valeria Pedraza Benavides, coordinadora de contenidos y estrategias jurídicas de Ipas LAC. “Son ellas quienes enfrentan más obstáculos para acceder a información en las primeras semanas del embarazo, y quienes se ven más afectadas por la criminalización".
Además, la persistencia del aborto como un delito en cualquier momento o por fuera de los plazos “genera temor en las mujeres y personas con posibilidad de gestar y un efecto amedrentador en los proveedores de servicios”, explicó Pedraza Benavidez.
El tabú de las 12 semanas
"Existe una idea de que después de la semana 12 el aborto es muy riesgoso, independientemente de si lo haces con un equipo capacitado", dijo la abogada y activista Ninde Molre. "Eso no solo lo tiene el personal de salud, sino también las personas; entonces, cuando llegan con nosotras, tienen mucho temor: pérdida de la salud, pérdida de un órgano, pérdida de la vida", agregó Molre, directora de Abortistas México, una red de colectivas feministas, abogadas y profesionales de la salud que trabajan por el derecho a la autonomía reproductiva.
Sin embargo, la interrupción del embarazo es segura en cualquier etapa gestacional, siempre que se empleen los métodos recomendados por una persona que posea las capacidades necesarias, sea la misma gestante o una profesional de la medicina. Hacerlo sin información conlleva riesgos que sí son reales.
“La OMS dice que el aborto es un proceso tan seguro que en las primeras etapas una persona puede dirigir su propio aborto en su casa”, recordó Zaragoza. “En el aborto avanzado sí es necesario, y nos volvemos dependientes de un sistema de salud, de un personal médico con la capacidad y también con la voluntad de ofrecer ese servicio. De no tenerlo, pues esta es una franca barrera”. Por eso, cuando los proveedores carecen de conocimiento y capacidad, se convierten en un obstáculo.
En 2022 una adolescente de 17 años llegó a un hospital de México con un embarazo avanzado producto de una violación. Sola y a cargo de su hermana con padecimientos mentales, había sido violada y obligada a huir a las montañas por el crimen organizado. Aunque había sido atendida en centros de salud de primer nivel, no le habían ofrecido el servicio que es un derecho desde 2009 para casos de violencia sexual o familiar.
En lugar de entregarle atención inmediata, el personal médico y las autoridades del hospital se reunieron para deliberar si correspondía o no realizar la interrupción.
“Aunque encontraban que la situación de la adolescente era de alta marginación y violencias combinadas, no tenían el conocimiento, la experiencia ni la voluntad para optar por un aborto avanzado”, dijo Zaragoza al relatar el caso. “¿Qué haría esa jovencita con un recién nacido en una montaña, sin garantía de alimentos, de salud? Desde Ipas LAC ofrecimos colaborar, pero rechazaron rotundamente la idea de un aborto avanzado”.
Tras un largo derrotero y con el apoyo de varias organizaciones civiles, la adolescente pudo poner fin al embarazo en la Ciudad de México.
Aunque las fuentes señalan que en los últimos años mejoró la comprensión del personal de salud sobre la atención del aborto en casos de violación y en etapas avanzadas, aún persisten barreras puestas por las instituciones.
“Todavía gran parte del personal médico tiene muchos tabúes”, dijo a democraciaAbierta la ginecóloga obstetra Georgina Díaz Orozco, con más de 20 años de experiencia y referente en aborto avanzado en Jalisco, estado del oeste de México.
Según la experta, el desconocimiento médico sigue alimentado por el miedo jurídico, infundado, que incorporan las y los estudiantes en las escuelas de medicina, principalmente las católicas.
“Los médicos generales que salen de ahí obviamente tienen un desconocimiento total del tema. Incluso salen con temor de atender este tipo de pacientes, pero cuando llegan a las instituciones públicas, que es donde hacen sus prácticas médicas, se dan cuenta de que es un servicio como cualquier otro y que lo brindamos con todas las de la ley”, dijo Díaz Orozco.
En cuanto a profesionales ya en ejercicio, su principal temor es que los denuncien por realizar abortos. “Pero precisamente solo es desconocimiento, porque tenemos toda la legislación a nuestro favor para poder brindar el servicio a nuestras pacientes con toda tranquilidad, sin el temor de ser criminalizados”, sostuvo Díaz Orozco respecto de Jalisco, donde el aborto por libre decisión es legal en las primeras 12 semanas y sin límite de tiempo en casos de violación o peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
La abogada y activista Molre aseguró: “No hay un solo médico al que le hayan retirado su cédula (licencia)” por practicar abortos en México.
Existe también un obstáculo más complejo: el mal uso de la objeción de conciencia, la posibilidad individual del personal médico y de enfermería de negarse a realizar un acto médico legal si es incompatible con sus convicciones éticas o religiosas. Según Zaragoza, en algunos lugares se ha convertido en una herramienta de desigualdad. Cuando todo el personal que atiende en hospitales públicos se declara objetor de conciencia se termina negando el servicio a poblaciones completas, y se crea una “distinción entre las personas que pueden tener acceso” al mismo servicio en forma privada.
“Esto desvirtúa totalmente la objeción de conciencia y se vuelve una práctica de aborto selectiva”, resumió Zaragoza.
Culpabilización y estigma
Existe, además, un estigma sobre las personas que requieren un aborto en una gestación avanzada. "Socialmente las calificamos como personas insensibles, sin sentido materno, faltas de moralidad”, explicó Zaragoza. “Eso hace que quienes no lograron acceder en etapa temprana se sientan menos confiadas, con menos agencia para tener este servicio".
Según Molre, el estigma también genera una necesidad particular de justificar su decisión. La abogada, que también es acompañante de abortos, lo ve constantemente y cita algunas defensas frecuentes: “No me di cuenta, tenía este síndrome de ovario poliquístico… Usamos condón y se rompió... Pues sí lo quería tener pero al final…”.
Las mujeres con embarazos crípticos también pasan a estar bajo la picota. “¿Cómo puede decir que no se enteró?”, ejemplificó Molre. Y se responsabiliza a quien busca un aborto por vivir violencia de género: “¿Y por qué seguías con él? ¿Y por qué te embarazaste?”.
Esa culpa pesa como una sentencia. Y el lenguaje la refuerza. Cuando se habla de "bebé" o "niñito" para referirse a un feto, se le atribuye una personificación que afecta profundamente la validación del aborto, explicaron Zaragoza y Molre.
"Lo vemos en canciones, poemas, telenovelas. Eso impone una barrera importante que equipara el aborto con la muerte de una persona, lo cual no es así", ejemplificó Zaragoza.
A su vez, Molre señaló que en los casos de malformaciones o alteraciones genéticas el estigma se invierte, y a veces el personal de salud incentiva a las gestantes a abortar, bajo el argumento de “¿cómo vas a traer a un hijo con un síndrome, con un padecimiento más?”.
Pero también hay lugares donde el estigma y el miedo retroceden.
En el Hospital Materno Infantil de Jalisco, hace 10 años solo había dos ginecólogas que practicaban abortos en una plantilla de 47. Tras años de trabajo continuo de sensibilización y capacitación, esa proporción se invirtió. Hoy hay solo dos objetoras.
"Fue un trabajo difícil; fue luchar contra el estigma, contra el señalamiento, contra los comentarios", reconoció la médica Díaz Orozco. Pero el cambio se produjo. “Cuando vieron que estábamos ayudando a las mujeres y personas con capacidad de gestar, se dieron cuenta de que el trabajo era importante”. Hoy el hospital es un centro referente de buenas prácticas, agregó
"Así como quienes objetan conciencia dicen 'mis principios no me permiten hacer un aborto', ese mismo argumento aplica para quienes hacen abortos avanzados y dicen 'mis principios no me permiten abandonar a una mujer con estas necesidades'. Eso me parece una de las lecciones más importantes que nos han ayudado a solventar las barreras", explicó Zaragoza.
