A militant before the UN headquarters in Geneva, Switzerland. Image via DPLF. All rights reserved.
Cuando un Estado permite la constitución de empresas en su sistema legal, pero no establece garantías frente a las actividades de éstas en el extranjero, podría beneficiarse de la externalización de las violaciones de derechos humanos en otros territorios.
Esta situación se agudiza si el Estado huésped, donde las empresas subsidiarias llevan a cabo sus actividades, no tiene el interés ni la capacidad de asegurar los derechos de sus propios ciudadanos, cuando estos sufren abusos por parte de empresas.
