Un mes después de los dos potentes terremotos del 24 de junio en Venezuela, hay quienes siguen durmiendo junto a los escombros, pese al intenso olor de los cuerpos en descomposición. Cuando la lluvia les da tregua, bajan, en algunos casos hasta más de 15 metros entre el hormigón roto. No paran de buscar.
Cuando llegué a La Guaira, cuatro días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que en menos de un minuto sacudieron el norte de Venezuela, comprendí que ninguna de las imágenes que había visto en agencias de noticias o redes sociales alcanzaba a mostrar la dimensión de lo ocurrido. Estuve dos semanas trabajando en la cobertura periodística del desastre.
En La Guaira, estado sobre el mar Caribe que alberga el principal puerto marítimo y el aeropuerto internacional Maiquetía, la crisis humanitaria ya era evidente en 2018, con hospitales en ruinas, apagones cotidianos, fallas en el servicio de agua y en la conexión a internet, interminables filas para conseguir combustible a precio subsidiado y un creciente costo de la vida. Cuando me fui de Venezuela, en 2022, estas carencias se habían extendido a todo el país. El terremoto agravó una situación que ya era crítica.
Magda Gibelli
La economía petrolera de Venezuela fue severamente golpeada por la mala administración, el derrumbe de los precios de crudo desde 2015 y las sanciones impuestas por Estados Unidos, mientras el régimen encabezado por Nicolás Maduro intensificó el autoritarismo y amañó elecciones para perpetuarse en el poder.
El 3 de enero, una operación militar de EEUU secuestró a Maduro y a su esposa Cilia Flores, que están presos en Nueva York y enfrentan acusaciones de “narcoterrorismo”. Desde entonces, el mismo régimen, encabezado ahora por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, actúa bajo la tutela de Donald Trump.
Diana Cariboni
Catia la Mar y Caraballeda fueron los municipios más afectados por los sismos. En 39 segundos – muy poco tiempo para escapar – cientos de edificios se desplomaron, deslizándose de lado y quedando comprimidos como un acordeón.
Las residencias que seguían en pie habían perdido parte de sus fachadas; en algunos casos los pisos superiores quedaron destruidos, otros estaban fracturados por la mitad o inclinados, como a punto de caer. Según cifras oficiales, más de 800 edificios quedaron afectados y 190 colapsaron.
Pero más conmovedor que la destrucción visible fue la soledad de los sobrevivientes. "Estamos solos", repetían una y otra vez los familiares que removían escombros con sus propias manos, intentaban cortar vigas de acero o abrir túneles entre espesas placas de concreto a martillazos bajo el sol inclemente de la zona costera venezolana, protestaban por la escasa presencia de equipos estatales de rescate, y reclamaban a militares y policías, desplegados para custodiar la zona, que dejaran las armas y los ayudaran a buscar a sus seres queridos.
La primera semana después del desastre fue la propia población la que sostuvo gran parte de la respuesta inmediata con agua, alimentos, tiendas de campaña, colchones y ropa para los damnificados, y maquinarias y herramientas para ayudar a remover los escombros.
Bomberos y funcionarios de Protección Civil se incorporaron progresivamente a las labores de rescate, muchos de ellos con equipos insuficientes, sin vehículos ni recursos para movilizarse o realizar sus tareas.
La recuperación de los cuerpos quedó en manos de los familiares, excepto en los edificios donde había indicios de sobrevivientes, en muchos casos detectados por los propios vecinos.
La gente improvisaba cuadrillas con el apoyo de obreros, mineros e ingenieros de la comunidad, que compartían sus conocimientos para abrirse paso entre los escombros.
Los primeros en entrar eran los "topos", la mayoría jóvenes sin experiencia que se deslizaban por túneles precarios apenas más anchos que sus hombros, avanzando entre concreto roto y cabillas dobladas.
Una vez dentro buscaban señales, algún sonido, un olor distinto, el zumbido de las moscas, los gusanos que comenzaban a aparecer. También intentaban reconocer las baldosas de los apartamentos, algún juguete, ropa, cualquier objeto o documento, para saber en qué piso estaban. Con la llegada de los socorristas internacionales aprendieron las señales de rescate, y para muchos quedó grabada para siempre la del puño alzado, que representó durante días la esperanza de vida.
Al alzar la mano y cerrarla, todo se paralizaba, las motocicletas, los autos, incluso quienes caminaban, y solo resonaba una pregunta: ¿Hay alguien con vida?
Llegaron más de 3.500 socorristas, pero el tamaño del desastre hacía que su presencia pareciera insuficiente. Entre montañas de concreto, brigadas de rescate de México, El Salvador, Costa Rica, Portugal, Italia, Francia, España y otros países buscaron sobrevivientes sin descanso.
La primera semana nadie pedía agua o comida – porque a cada momento pasaban vehículos de venezolanos organizados ofreciéndolas –, solo preguntaban por generadores de electricidad, gasolina para operarlos, sierras, martillos eléctricos, grúas de aguja, y antenas de internet satelital, con la esperanza de que, si alguien atrapado en los escombros tenía un celular pudiera comunicarse e informar que estaba con vida.
Algunos familiares recibieron donaciones para alquilar la maquinaria, otros, apoyo de operarios, pero nada resultaba suficiente.
Pasados 10 días desde los sismos, y sin más señales de rescates con vida, las brigadas internacionales empezaron a marcharse, y la desesperación comenzó a apoderarse de las familias. Guardar silencio se hacía cada vez más cuesta arriba, todos tenían prisa por buscar a los suyos, y nadie quería parar de martillar o de remover escombros.
La ayuda se hizo menos frecuente, y los familiares, en lugar de maquinaria, pedían agua, bebidas energizantes, tapabocas, trajes de bioseguridad y dinero para organizar sus comidas.
“Necesitamos ayuda, nuestro niño Massimo aún está atrapado en el conjunto residencial Caribe, torre C (con 208 apartamentos), piso 7, en lo que era la fiesta de un primito. Aún no lo hemos podido rescatar”, escribió en su estado de WhatsApp Eduar, un padre venezolano que regresó de Colombia, tras perder contacto con su familia después del terremoto.
Desde entonces, con ayuda de familiares, vecinos y amigos, él logró rescatar más de 10 cuerpos, cinco de parientes directos; una escena que se repite en el mismo conjunto residencial y en otros edificios devastados. Cada día el lugar se hacía más peligroso: “En lo que muevo, algo se empieza a caer, es muy complicado, tenemos miedo, porque como es un hueco, alguna persona se pueda caer por ahí”, me contó Eduar. Pero él y su padre, Alejandro, se negaron a dejar de buscar. El último cuerpo que Eduar pudo sacar fue el de su niño.
La otra cara de la tragedia se teje en campamentos transitorios improvisados a pocos kilómetros de los edificios derrumbados, donde miles de personas que perdieron casi todas sus pertenencias duermen en tiendas de campaña o en camas protegidas por toldos. Las cifras oficiales indican que unos 23.587 damnificados están alojados en más de 100 campamentos en La Guaira, Caracas, la capital, y los estados de Miranda y Aragua.
Algunos de estos refugios pasaron a ser gestionados por el gobierno y organizaciones locales e internacionales.
La mayoría de los damnificados ahora dependen por completo de la ayuda humanitaria, tras perder su fuente de ingreso en la zona, conocida por su atractivo turístico. A un lado de la principal avenida que atraviesa La Guaira, decenas de funcionarios forenses, vestidos con trajes blancos y batas azules, trabajaban en la identificación de cuerpos.
Junto al mar, en el camino hacia el muelle, los cadáveres aún sin reconocer reposaban en hilera, cubiertos con bolsas negras y cal, rodeados de ataúdes de madera. Hasta allí llegaban los familiares para reclamar los restos de sus seres queridos.
En algunos cementerios se habilitaron espacios para enterrar víctimas sin identificar. Se les asigna un número, que remite a un archivo con datos como fecha y lugar donde fueron hallados, descripción, fotografía del cuerpo, pertenencias y detalles que puedan servir para identificarlo.
Hasta esta semana, el gobierno venezolano reporta 5.278 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda. Pero no hay una cifra oficial de desaparecidos. Venezuela tiene unos 28 millones de habitantes.
La ONU estimó en 37.000 millones de dólares el costo preliminar de los daños materiales directos y la destrucción de infraestructura, en un país que vive, desde 2016, la peor crisis económica de su historia.
Magda Gibelli es una periodista y fotógrafa venezolana radicada en Jerusalén. Ha realizado trabajos en texto, foto y video para medios como EFE, AFP, Bloomberg, The Times y el Guardian, con coberturas desde Perú, España, México, Venezuela, Israel y Palestina.
