Hace poco más de un año, muchos brasileños se sorprendieron con el nombramiento del entonces Juez Federal Sergio Moro como Ministro de Justicia y Seguridad por parte de Jair Bolsonaro. Hasta este momento, el juez que condenó al expresidente Lula da Silva solía declarar que su vocación eran las leyes y no la política, pero justificó el cambio de criterio afirmando que el cargo de ministro tiene un perfil técnico y por la necesidad de impulsar reformas y garantizar la continuidad de los esfuerzos de combate a la corrupción. El ingreso de Moro al gobierno rindió un importante capital político a Bolsonaro, cuya aprobación siempre estuvo por debajo de la del exjuez. Al lado del Ministro de Economía Paulo Guedes, Moro fue una suerte de fiador de aceptación al gobierno por una parte importante de las clases media y alta de Brasil.
Tras 15 meses de una relación conturbada con Bolsonaro, Moro decidió saltar de un barco que se hunde en medio a un pandemonio institucional y a una de las peores crisis sanitarias y económicas del país. Según Moro, su decisión se debió a injerencias directas del presidente en investigaciones de la Policía Federal que podrían deslindar en la apertura de procesos penales en contra de al menos dos de sus hijos.
La ascensión política de Moro remonta a su fama de Hércules togado y al escepticismo de la población hacia el juego político-partidario que condujo el país a niveles estratosféricos de corrupción, al impeachment de Rousseff y a un vacío político llenado por el proyecto electoral que resultó en la victoria de Jair Bolsonaro en 2018. No es una tarea fácil explicar los ingredientes de este proyecto, pero lo resumimos, a grandes rasgos, a partir de cuatro frentes:
